Puede haber sorprendido la magnitud de la protesta suscitada por el allanamiento de la oficina del abogado de Fernando Karadima. Se dirá que ya que la Iglesia chilena remitió a la ministra al engorroso trámite del exhorto al Vaticano, bien podía hacer uso de sus facultades para llegar a la verdad. Si persigue un buen fin, no importaría que emplee medios poco ortodoxos.
Pero la alarma tiene justificación. La justicia penal no se fija sólo en el fin, sino también en los medios para llegar a una sentencia que sea legítima en un estado de derecho. Lo que hoy sucedió con Juan Pablo Bulnes puede acaecer mañana con el abogado del lector que, aunque se considere intachable, no puede asegurar que no vaya a necesitar defensa jurídica. ¿Le parecería bien que un fiscal o juez allane el despacho de su abogado e incaute sus documentos?
Se dice que la ministra habría actuado porque Karadima había levantado el secreto. Esto es una mala excusa. Aunque el imputado hubiera autorizado pedir al abogado el expediente eclesiástico, éste no estaría facultado para entregarlo. El secreto del abogado, además de ser un derecho del cliente y del profesional, es un valor de orden público, no renunciable. La Constitución dispone que ninguna autoridad puede "impedir, restringir o perturbar" la intervención del defensor. El cliente podrá él mismo contar los hechos o entregar los documentos que le ha confiado a su abogado, pero no pedirle a éste que lo haga por él.
¿Y por qué tanta reserva con un expediente que para la misma Iglesia es judicial? Justamente porque el ámbito en el que ella actúa es diferente al del Estado, y las personas abren su intimidad de modo diferente a como lo hacen ante los estrados judiciales.
Al cuidar la reserva la Iglesia no encubre las culpas de Karadima; está protegiendo a los declarantes. No trata de amparar al victimario, sino a las víctimas que no desean asumir los costos de los denunciantes públicos, que han sido altos: ya se sabe que una vez arribados los antecedentes a los tribunales, fácilmente se filtran. Ya sucedió que un medio subió a la web íntegro el expediente del fiscal Armendáriz.
La protección de las personas que confían en la Iglesia fue lo que llevó en su día al vicario de la Solidaridad a negarse a entregar las fichas que le solicitaba otro fiscal. Cuando hace unos meses murió monseñor Valech, todos recordaron su coraje al defender los fueros de la Iglesia. Ni siquiera la dictadura se atrevió a proceder como lo hizo la ministra Jessica González al allanar la oficina del abogado Bulnes.
Es insólito que la Corte de Apelaciones haya archivado el escrito del Colegio de Abogados que denunciaba este atropello. Sería nefasto que todo quedara en una alharaca mediática sin consecuencias. Es necesario que la Corte Suprema ejerza su superintendencia y aplique sanciones que dejen claro que se trató de un comportamiento abusivo que no debe repetirse.
