“A contar del 15 de agosto no podremos atender a ningún niño más que sea derivado desde Tribunales de Familia en nuestros recintos”, asegura José Pedro Silva, presidente de la Fundación Ciudad del Niño, un centro privado que colabora con el Sename y que atiende cada día a cerca de 1.800 menores vulnerados que llegan de tribunales. Esto es por las millonarias deudas que mantiene el servicio público con algunas instituciones. “Los organismos privados atendemos al 97% de la infancia vulnerable en Chile y sólo a nosotros nos deben $1.200 millones”, dice Silva. Además, cuenta que algunos dirigentes de la asociación gremial AINFA A.G. —de centros colaborativos del Sename— irán a la Corte Suprema para pedir que se paguen las deudas y dar cuenta de la suspensión de servicios desde agosto.