Fue un proyecto promovido por el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, en el cual se establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad. Entre ellos, cambios a la actual legislación sobre el sistema de previsión chileno (D.L. 3.500). En este capítulo se puso especial énfasis en establecer nuevas alternativas de inversión para los fondos de pensiones, lo que fue aprobado por diputados y senadores hace dos semanas, y en los próximos días deberá pasar al Tribunal Constitucional (TC), antes de transformarse en ley.

Algunos, sin embargo, miran con suspicacia varias materias contenidas allí. Como por ejemplo, que se les permita a las AFP invertir dineros de cotizantes en acciones prendadas en garantía contraídas por empresas concesionarias de obras públicas, porque de no cumplir con esas obligaciones, se pagaría con el dinero de los cotizantes, lo que muchos piensan es bastante riesgoso. De hecho, el artículo 139 del decreto ley 3.500 establece que las administradoras no podrán adquirir con recursos del fondo de pensiones valores afectos a gravámenes, prohibiciones o embargos.

Otro punto conflictivo es que si bien la Superintendencia de Pensiones deberá analizar la gestión que hacen las AFP respecto al riesgo que toman para invertir los dineros de los cotizantes, sus conclusiones no podrán ser conocidas por ellos, lo que para muchos no es señal de transparencia. Una materia que también ha llamado la atención es que se rechazó una indicación que proponía que las comisiones de intermediación financiera no fueran asumidas por los pensionados, un tema que no fue discutido, por ser una iniciativa exclusiva de la presidenta.