Esta semana se dio a conocer el informe definitivo de la Contraloría sobre la denuncia contra la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región Metropolitana por un supuesto déficit de $ 2 mil millones provocado por exceso de contratación de personal y aumentos considerables de remuneraciones entre 2014 y 2015, justo cuando el hoy subsecretario de la Segegob, Osvaldo Soto, dirigía la repartición.

Si bien el informe reconoce que no se originó un déficit presupuestario derivado de esta política de reestructuración encabezada por Soto, plantea que “las situaciones expuestas dan cuenta de una vulneración por parte de la CAJ Metropolitana de los principios de control, eficacia y eficiencia (...) dicho accionar implica una vulneración a las obligaciones de la autoridad”.

El documento del 24 de junio pasado detalla que “la adopción de medidas en referencia —nivelar remuneraciones, reponer cargos de jefaturas, reforzar equipos de trabajo a nivel de centros con nuevas contrataciones y/o aumentos de jornadas y la creación de nuevos departamentos— sin contar con la certeza acerca de la necesaria disponibilidad presupuestaria, vulneró el principio de legalidad del gasto”.

El informe final reconoce parcialmente las explicaciones de Soto plasmadas en 12 presentaciones que hizo  ante el órgano contralor. “En atención a que los planteamientos formulados por el señor Osvaldo Soto Valdivia no desvirtúan el hecho de que se tomaran decisiones relativas a un proceso de normalización institucional sin contar con los recursos aprobados formalmente para ellos”, dice el texto.

Pese a todo lo anterior, en sus conclusiones el órgano contralor sólo opta por recomendar que, en lo sucesivo, la CAJ “deberá velar para que en las futuras contrataciones se dé estricto cumplimiento al procedimiento”.

Soto emitió una declaración este miércoles en la que señala que “la Contraloría descartó que en los 8 meses de mi gestión haya habido delitos o irregularidades, ni se estableció que hubo contrataciones discrecionales no autorizadas, ni contrataciones de operadores políticos como se dijo en su oportunidad”.