Hace unas semanas, la Cámara de Diputados publicó en su sitio web las actas de la sesión del 21 de enero de la comisión Revisora de Cuentas, las que habitualmente se mantienen en reserva. El documento, de 34 páginas, consigna la discusión y análisis de los diputados sobre otro informe: la auditoría externa de la compañía Ossandón & Ossandón Auditores Consultores Ltda. que descubrió, entre otras cosas, la existencia de un Fondo Solidario de $ 574 mil millones no reflejado en la contabilidad, que la corporación entregaba anticipos a los diputados (que fueron conocidos públicamente como préstamos), y diversos descalces presupuestarios. Aunque entonces la atención pública se enfocó en este último punto, el debate de los asistentes fue más extenso respecto de un tema que preocupa a la administración de la Cámara y que era desconocido hasta ahora: el desfase presupuestario. El tema fue recordado hace unas semanas, justo cuando el presidente de la corporación, Osvaldo Andrade, inició las conversaciones para presentar una propuesta de recortes y ajustes que permitan enfrentar el arribo de 35 nuevos diputados en 2018. Para ello, ya se ha calculado que se requerirá $ 9 mil millones, aunque existe el compromiso mutuo con el gobierno de que no se incurrirá en gastos adicionales.

El problema es que según se discutió en la citada sesión de enero, Ossandón & Osandón descubrió descalces presupuestarios que aún no han sido solucionados y que podrían convertirse en un problema adicional.

“Al 31 de diciembre de 2014 observamos que estos (registros contables) no presentaban saldo por deuda flotante. Sin embargo, al revisar los primeros registros del año 2015 detectamos que existen $1.863 millones que debieron registrarse como deuda flotante al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo al principio devengado”.

El secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, asistió a la sesión y explicó esta situación, afirmando que “todos los años ha habido y seguirá habiendo descalce”, aludiendo a la comisión de Régimen Interno que “decide las obras por ejecutar los años a los que se imputará el gasto”. Dio como ejemplo la ampliación de la sala de sesiones en 2014 (construcción de cafetería privada) que costó $ 800 millones y se imputó a los presupuestos 2014 y 2015, con autorización de Hacienda que “dio el beneplácito para hacer el descalce por más de lo normal”, según Landeros.

El funcionario reconoció que desde el punto de vista de las normas de auditoría financiera, “no debería haber descalce”. “Pero desde el punto de vista práctico de la ejecución presupuestaria de todos los ministerios, y particularmente del Congreso, el descalce es normal.Desde 1990 a la fecha, y durante este año y el próximo, ha habido y va a haber descalces”, insistió Landeros.