Por quepasa_admin Junio 4, 2015

En diciembre del año pasado, un auto acordado de la Corte Suprema modificó las competencias de sus tribunales, por lo que en  adelante las causas por indemnizaciones en casos de violaciones a los derechos humanos dejaron de ser vistas por la Tercera Sala y pasaron a la Segunda Sala.

El cambio influyó directamente en el criterio, como demuestran cuatro sentencias dictadas este año en casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, en los que la Segunda Sala, que sí es partidaria de la reparación total a los familiares de las víctimas, ha entregado indemnizaciones en total por 670 millones de pesos.

La última sentencia corresponde al caso El Abanico, dictada el pasado 28 de abril, en el que los jueces -redactó el fallo Milton Juica- condenaron al Estado al pago de 240 millones de pesos.

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