Las penas de 14 años de cárcel que solicitaba la fiscalía para el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, y de 12 años para la ex gerente de administración, María Isabel Farah, hace rato que son sólo un recuerdo. No sólo porque la reapertura de la investigación invalidó dicha acusación presentada originalmente por el fiscal José Morales, sino porque el Ministerio Público se inclina cada vez más por una salida alternativa: un juicio abreviado.  Aunque durante el año pasado ya se exploró esta posibilidad, en las últimas semanas hay varios factores que abren dicho camino. Los imputados por delitos reiterados de lavado de activos en relación al uso de información privilegiada y entrega de información falsa al mercado, podrían enfrentar penas de menor cuantía gracias a la entrada en vigencia el 18 de febrero pasado, de la nueva ley de lavado de activos.  Lo que rebajaría las penas es la aplicación de una norma en la que la pena por lavado de activos no puede ser mayor a la exigida por el delito de base, es decir, modificando el piso que antes alcanzaba los 15 años, a 5 años. Con esto, más la consideración de atenuantes de colaboración e irreprochable conducta anterior, ambos imputados pueden acogerse a la figura del juicio abreviado, en la que si bien aceptan responsabilidad, accederían a condenas sin privación de libertad. Otro elemento que el Ministerio Público baraja es que ambos imputados aseguren una reparación efectiva a las víctimas de las repactaciones unilaterales, cuyo perjuicio se calcula en unos $15 mil millones.  La fiscalía consideraría que ambos estuvieron cuatro meses en prisión preventiva y llevan dos años con arresto domiciliario nocturno.