Aunque el informe que presentó el 13 de octubre la comisión de penalistas que asesoraron a La Moneda en la modificación de la Ley Antiterrorista sólo implicaba una recomendación a sus propuestas, causó sorpresa en algunos de sus integrantes el contenido final del proyecto que  el pasado lunes el gobierno envió al Congreso.

Una de esas “sorpresas” fue el concepto que el gobierno dio al terrorismo, mucho más amplio que el que proponía el documento de los penalistas. De hecho, se añadió un término que llamó la atención: la alteración del “orden público”, palabras que estarían -según un integrante de la comisión- más cerca de la delincuencia común que del terrorismo.

Además, mientras la comisión propuso la eliminación de la Ley Antiterrorista y, en cambio, incorporarla dentro del Código Penal, cuestión que ocurre en países como Alemania y España, el gobierno optó sólo por hacer modificaciones al actual cuerpo legal, pese a que en un comienzo parecía llano a ese planteamiento. Una idea de La Moneda es, a futuro, acoger la moción  que al respecto hizo el grupo de abogados y académicos, pero sólo una vez que esté listo el proyecto de nuevo Código Penal.

El gobierno tampoco acogió el planteamiento de los abogados de dejar fuera de la nueva Ley Antiterrorista los delitos cometidos en el contexto de reivindicación de tierras, lo que dejaba fuera a la zona mapuche. En cambio, sí dio curso a  varias otras de sus  propuestas (RN también presentó un proyecto al gobierno), entre ellas la sanción al “terrorista solitario” y la figura de la “asociación criminal terrorista”. Esto, además de incorporar herramientas de investigación de la ley de drogas.