Estaba todo listo. El Congreso había aprobado en sus tres trámites y en comisión mixta,  el primer proyecto de la reforma educacional que crea el administrador provisional para las universidades. La idea que evaluaba el gobierno era estrenar el nuevo mecanismo interventor en la Universidad Arcis, que atraviesa una aguda crisis financiera y ha sido investigada por la División de Educación Superior por posible caso de lucro. En el gobierno -que mantiene investigaciones abiertas sobre otras universidades- se quiere rescatar al plantel y evitar que se repita un caso como el de la Universidad del Mar, que dejó a cientos de alumnos en la calle.

Sin embargo, a última hora la ley del administrador provisional y de cierre de las instituciones de educación superior no pudo ser promulgada. Esto luego que en su sesión del martes pasado el Tribunal Constitucional -que preside el abogado Carlos Carmona- acogiera a tramitación un recurso presentado por la bancada de diputados de la UDI que consideraban que la nueva legislación era inconstitucional. En su presentación los parlamentarios sostienen que las nuevas normas que facultan al Ministerio de Educación para ingresar a una institución de educación superior, acceder y recopilar la información que estime necesaria, vulneraría las garantía de la Carta Fundamental, ya que sólo puede allanarse un recinto previa autorización judicial. Según los legisladores, el rol del administrador vulneraría los derechos de propiedad y la autonomía universitaria. El Mineduc tiene un plazo para hacer sus descargos e intentar destrabar el proyecto, pero la resolución podría demorar varias semanas.