El pasado lunes 23 fue la primera reunión de la Mesa de Trabajo de Seguridad  entre el gremio de fiscales y el subsecretario de Justicia, Marcelo Arellano. En ésta plantearon al gobierno la instalación de micas que separen a los fiscales de los familiares de los imputados, a la entrada a las audiencias por puertas distintas, mayor presencia de gendarmes y la posibilidad de que sus datos personales, que se consiguen vía Ley de Transparencia, sean de acceso restringido. La cita coincidió con la condena a 450 días de cárcel a Daniela Fernández por amenazas de muerte a la fiscal Carolina Fuentes. Fernández, además, fue sentenciada a 20 años por parricidio.