La venta del paquete accionario que poseía el presidente Sebastián Piñera en LAN abre un capítulo inédito en la historia nacional. La transparencia que amplios sectores de la opinión pública demandaron por estos días, parece de perogrullo -el conflicto de interés era evidente-, pero no es tan así. La relación entre los negocios y la política en Chile ha estado más llena de sombras que de luces y el reciente episodio debería elevar drásticamente los estándares al respecto. Si las exigencias fueron superlativas hacia el primer mandatario, lo mismo debería ser, desde ahora en adelante, para el resto de las autoridades de todos -todos- los poderes del Estado. Lo peor para un país es una clase dirigente que no siente la presión ciudadana y soslaya, con cierto desden y hasta arrogancia, las exigencias éticas -que ojo: suelen ser más mínimas que draconianas- que la sociedad le fija. Por ello, bienvenida sea la transparencia respecto de la venta de LAN: todo debe saberse porque ciudadanos informados aseguran una mejor democracia, requisito sine qua non de la pretensión y promesa de "una nueva forma de gobernar".