Por quepasa_admin Octubre 24, 2009

El jueves 22, la Fundación Pro Bono -que reúne a 50 estudios y a 300 abogados ad honórem- reconoció a los juristas destacados en 2009 y premió a los bufetes  Claro & Cía,  Guerrero Olivos Novoa Errázuriz, Carey y Cía, y Alessandri y Cía, entre otros. La organización -creada el 2000 y presidida por Pablo Guerrero (en la foto)- ayuda a personas de escasos recursos, discapacitados, microempresarios y organizaciones sociales. A continuación, algunos de sus casos emblemáticos:

Desde 2007, siete abogados -de Bofill Mir Álvarez Hinzpeter Jana, y Rivadeneira Colombara Zegers, junto a dos voluntarios- ayudan a más de 120 familias de Padre Hurtado que no han podido inscribir las viviendas que pagaron.

En enero se declaró culpable a José Arturo Duarte Caroca por abuso sexual contra menores a través de internet, práctica conocida como grooming. Los querellantes son Leonardo Battaglia y Felipe Barruel, de Puga Ortiz.

La fundación ayuda a los familiares de Nicolás Corp, uno de los chilenos asesinados en Pensacola, EE.UU., en 2008.

En 2006, la justicia militar absolvió a un suboficial procesado por la tragedia de Antuco. El abogado que llevó el caso fue Guillermo Carey, del estudio Carey y Allende.

En 2005, Rodrigo Gil -de Álvarez Hinzpeter Jana- demandó a Iberia por discriminación, pues la aerolínea no permitió que Ricardo Campos, minusválido y campeón nacional de bocha, viajara en uno de sus aviones a España.

En 1999, la ex carabinera Marcela Valdés fue dada de baja  por denunciar que su marido -entonces capitán-  la maltrataba. El abogado Juan Pablo Olmedo -hoy en Chile Transparente- demandó al Estado de Chile por discriminación, entidad que en 2008 se comprometió a pagarle una reparación de US$ 50 mil.

En 2008, tras el accidente y posterior muerte del empresario Nicolás Boetsch, sus familiares se acercaron a Pro Bono para crear Corporación Forja Chile, una institución sin fines de lucro que busca ayudar a los jóvenes a desarrollar el emprendimiento personal y efectuar acciones sociales. La iniciativa está en manos de los abogados Leonardo Arata y José Antonio Velasco, de Bofill Álvarez Hinzpeter Jana.

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