Por Estela López G. y M. Eugenia Fernández G. Septiembre 8, 2017

Fue un directorio complejo, citado de forma extraordinaria meses después de que estallaran los escándalos de financiamiento irregular de las campañas políticas.

En la reunión del lunes 22 de junio de 2015, Endesa Chile (hoy, Enel Generación) decidió dar un giro a su política de donaciones, al prohibir la entrega de cualquier aporte con fines electorales y/o políticos. Testigos de esa cita, que se realizó en el edificio ubicado en Santa Rosa, recuerdan que nadie se opuso al cambio.

La misma decisión se tomó en esas semanas en Enersis Chile (ahora Enel Chile). La vinculación, en ese entonces, del presidente Jorge Rosenblut con el dueño de Asesorías y Negocios SpA, Giorgio Martelli, fue una de las razones que llevaron a la directiva de la empresa a dar pie atrás.

—¿Usted se va a “poner” con todos? —Con ninguno. Sí estaría dispuesto a financiar una campaña comunicacional para que la gente vote —fue la respuesta del empresario Andrónico Luksic a través de su cuenta de Twitter.

Esta determinación, tomada hace más de dos años, hoy marca la manera en que los empresarios se relacionan con las candidaturas políticas. Luego de que se conociera la forma en que Penta y SQM, entre otras empresas, financiaban a partidos políticos y campañas electorales, ese tipo de prácticas quedaron no sólo en descrédito. También, con la aprobación de la nueva ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, quedó relegada a la ilegalidad.

Así, en la campaña electoral que se desarrolla este año, quienes encabezan los negocios en Chile prefieren la distancia y el anonimato. Ello derivó en una clara disminución de los aportes privados. Pero también tuvo otro efecto no deseado: los bancos tampoco dan créditos a los candidatos por el “riesgo reputacional” asociado.

En 2017, las campañas están cuesta arriba.

 

Los cambios que trajo la ley

Los casos Penta y SQM llevaron a que parlamentarios y ex candidatos de prácticamente todos los partidos terminaran desfilando por la Fiscalía. Como una forma de relegitimar el sistema político, que cayó en un profundo descrédito, la mandataria Michelle Bachelet nombró al Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción en marzo de 2015.

El ingeniero civil y profesor de Economía de la Universidad de Chile Eduardo Engel encabezó un equipo formado por quince profesionales, entre quienes estaba Andrea Repetto, Lucas Sierra, Vittorio Corbo, Paulina Veloso, Rosanna Costa y Benito Baranda.

Un mes después, la comisión entregó su informe que incluyó medidas en cinco temas: prevención de la corrupción, regulación de conflictos de interés, financiamiento de la política, confianza en los mercados e integridad, ética y derechos ciudadanos.

En términos generales, se recomendó reducir a la mitad el gasto electoral permitido, eliminar los aportes reservados, prohibir el financiamiento por parte de personas jurídicas, regular la rendición de cuentas y, por primera vez, establecer sanciones a quienes infrinjan la normativa sobre gasto electoral.

“El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia”, señaló Bachelet, por cadena nacional, la noche del 28 de abril de 2015, en la que anunció la batería de proyectos que enviaría al Congreso. “Esta será una de las reformas que marcarán el legado de mi gobierno y la voy a conducir personalmente”, agregó la presidenta.

El trámite de la denominada Agenda de Probidad no fue fácil.

En la propia Comisión Engel hubo aspectos que generaron división. Uno de ellos fueron los aportes de personas naturales: la mitad de sus miembros propuso que estos fueran públicos, mientras la otra mitad planteó mantenerlos anónimos pero con montos inferiores (menos de 20 UF) a los de la ley que regía en ese momento. Tampoco hubo unanimidad en la eliminación total del aporte de personas jurídicas a cualquier tipo de campaña.

En su tránsito por el Congreso —ya como ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral— también hubo tironeos. Uno de ellos fue, nuevamente, en las contribuciones anónimas. Mientras el proyecto original del gobierno las eliminaba, en la discusión parlamentaria se repusieron, estableciendo que no podían sumar más del 20% de los aportes totales de una campaña.

En resumidas cuentas, la mayor carga del financiamiento recae ahora en el Estado. Para la elección parlamentaria (de senadores y diputados) y regional (cores) en curso, entregó como adelanto unos $4 mil millones a los partidos, repartidos de forma proporcional: se multiplica 0,02 UF ($526) por el número de votos obtenidos en la última elección de la misma naturaleza. La tienda que recibirá mayores recursos, según este cálculo, es la UDI.

También se consideran aportes a los partidos que no hubieran participado en todas las elecciones anteriores e independientes fuera de pacto.

Finalizada la elección, y tras la aceptación de las cuentas por parte del Servel, el Fisco reembolsa a los candidatos y partidos, los gastos que no fueron financiados con otro tipo de aporte. Para los partidos, el monto se calcula multiplicando 0,015 UF ($395) por voto obtenido, mientras para los candidatos el factor asciende a 0,04 UF ($1.052).

Además, el financiamiento de las campañas puede provenir de personas naturales —con o sin publicidad—, partidos y los propios candidatos. Las contribuciones se depositan en una cuenta bancaria que el Servicio Electoral (Servel) abrió para cada postulante.

La ley además acotó los lugares públicos en los que se puede instalar propaganda electoral, y prohibió realizar regalos y eventos con fines proselitistas. Esto va acompañado de una serie de sanciones que van del presidio menor en su grado mínimo a medio, y multas.

 

El pie atrás de los empresarios

—¿Usted se va a “poner” con todos?

—Con ninguno. Sí estaría dispuesto a financiar una campaña comunicacional para que la gente vote —fue la respuesta del empresario Andrónico Luksic a través de su cuenta de Twitter —últimamente, uno de sus medios de comunicación favoritos— a la consulta de uno de sus seguidores.

El financiamiento de la política, para muchos empresarios es un tema tabú luego de que algunos vivieran en carne propia el juicio público y las investigaciones de la Fiscalía. Existe consenso en los grandes grupos empresariales en que, de cara a esta campaña, lo óptimo es restarse. Son pocos los que se atreven a dar el paso, y quienes lo dan, lo hacen en el más estricto anonimato con donaciones que no superen los $1.052.796.

“Se redujo tanto la posibilidad de aportes privados a las candidaturas, que los recursos propios tienen hoy un valor relativo mayor”, dice el subdirector del CEP, Lucas Sierra.

Ejemplo de esto es que en las elecciones primarias, el precandidato de Chile Vamos Sebastián Piñera —quien lideró los aportes de personas naturales, de acuerdo al Servel— recibió $471.526.493 de 76 distintos aportantes, entre los que se incluyó  él mismo con $200 millones. En la contraparte, el empresario que más contribuciones públicas realizó fue Wolf von Appen: cuatro, que sumaron $ 13 millones.

Estos montos son considerablemente menores a los que existían cuando las empresas aportaban. “Nadie quiere pasar plata. Que se sepa que aportaste es un bullying espantoso porque dar dinero a los políticos está satanizado”, comenta un alto ejecutivo y consejero de la Sofofa, que agrega: “Nada garantiza que el día de mañana un fiscal considere que ‘x’ conducta es ilegal, y eso genera incerteza. La poca claridad y una ley mala impactan en que los aportes de dinero, que son fundamentales en las campañas, no se hagan”.

El timonel de la Sofofa, Bernardo Larraín, descarta que el nuevo marco regulatorio que hoy rige a las empresas haya sido familiarizado en el seno de la asociación gremial. “El financiamiento es personal”, dice.

Pese a la claridad de la regulación vigente, los empresarios consideran que “no hay piso” para contribuir. “No voy a estar donde nadie quiere que esté. Esto conlleva un costo reputacional importante. En esta pasada, no”, comenta una fuente ligada a un grupo empresarial.

Desde la política, el senador RN Alberto Espina hace hincapié en que estos resquemores se dan tanto en quien recibe como en quien da. “Para muchos candidatos, que le aparezca donando un empresario puede ser incluso dañino porque van a decir que está entregándose a un grupo empresarial determinado. Y el empresario no va a querer que le armen un escándalo por estar apoyando a un candidato. Las platas se han restringido una enormidad”.

Similar análisis tiene la directora de empresas Vivianne Blanlot. “En el ambiente que se vive, en que cualquier aporte que se haga a candidatos o partidos puede considerarse una forma ilícita de influir, las personas, especialmente quienes tienen cargos relevantes o participación en la propiedad de empresas, corren el riesgo de pagar costos reputacionales, aun cuando no haya nada ilícito en la intención o la forma del aporte”.

 

Reclamos y temores

Este juicio se repite en la banca privada. De ahí que los presidenciables Alejandro Guillier, Carolina Goic y Marco Enríquez-Ominami, hayan acusado la existencia de un bloqueo en la solicitud de créditos, situación que antes de 2015 era impensada.

El ex gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, descarta que los créditos se otorguen “en base a simpatías e ideologías”. “Me llama la atención que se culpe a los bancos de no prestar plata a los políticos. Se evalúa el riesgo de cada político al prestar dinero, más allá de qué piense A o Z”.

Pero Blanlot explica la reticencia de este sector a prestar recursos. “Los candidatos pueden tener diferentes capacidades de ofrecer garantías de repago, de modo que para los bancos unos podrían ser sujetos de crédito y otros no; pero es probable que una política guiada en base a meras condiciones comerciales los exponga a acusaciones de discriminación o sesgo político. De cualquier forma, se corren riesgos reputacionales e incluso legales, que posiblemente muchas instituciones financieras prefieren evitar”.

Hasta ahora, el que ha sido públicamente más afectado es el candidato de Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillier. No prosperó el intento de tomar un crédito con BancoEstado: se esgrimió, según el comando del senador, el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe que parlamentarios celebren contratos con el Estado. Ello fue relativizado por el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría. “Creo que esa limitación (...) no se aplica”, dijo.

Para suplir, entonces, la falta de un crédito, los partidos que lo respaldan (PS-PPD-PC-PR) idearon cuatro mecanismos para financiar la campaña: (1) Aportes de militantes; (2) Acuerdo con proveedores para pagar tras el reembolso fiscal; (3) Aportes propios de los partidos; (4) Financiamiento de la sesión de fotos con candidatos al Parlamento.

“Dimos por superado el tema de la banca privada. Se nos planteó que no querían tener relación con el tema del financiamiento de campaña. Siempre fuimos muy transparentes en que (los créditos) iban a ser pagados con (el reembolso fiscal) de los votos... Esta es una candidatura que puede justificar sin ningún problema un alto porcentaje de votación”, dice el coordinador general de la campaña de Guillier, Osvaldo Correa.

Pero más allá del caso puntual, lo que se repite en el oficialismo y la oposición, es que la ley actual favorece a quienes van a la reelección y/o tienen mayores recursos propios.

Así lo plantea el secretario general del PS, Andrés Santander, quien también es candidato a diputado. “Quien tiene recursos puede hacer una donación a su propia campaña y quien no, le genera una barrera de entrada. Quienes están en ejercicio reparten papelería para informar, pero lo que hacen es campaña. Quienes compiten por primera vez, entregan papeles e inmediatamente pueden ser acusados”, afirma.

El subdirector del CEP, Lucas Sierra, que formó parte de la Comisión Engel, también plantea una inquietud similar. “El puro financiamiento fiscal reduce la competencia política, pues en general beneficia a los incumbentes y no a los desafiantes, que necesitan la plata antes, para hacerse conocidos”, explica. Y afirma que “se redujo tanto la posibilidad de aportes privados a las candidaturas, que los recursos propios tienen hoy un valor relativo mayor, no obstante los mencionados límites” que establece la ley a los mismos.

En este escenario, y tal como se vio en la elección municipal de 2016, las campañas se han vuelto más austeras y los candidatos han debido acudir a la creatividad para llegar a sus electores. Por ello, hoy cobra más relevancia el uso de herramientas de inteligencia electoral que hacen más eficientes los recursos, y de las redes sociales.

“Está difícil recibir plata, las campañas van a ser más austeras que antes. Se podría pensar que es mejor desde el punto de vista de la limpieza de los espacios públicos, pero tiene la desventaja de que hay menos información respecto de los candidatos, cuando tenemos distritos más grandes y voto voluntario”, enfatiza el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas.

 

Los riesgos

Uno de los temores instalados tanto en el mundo político como en el empresarial es que, dadas las restricciones que plantea la ley, se recurra a mecanismos de donaciones ilegales. O, en palabras coloquiales, al “hombre del maletín”.

Sierra (CEP) asegura que “las campañas electorales no son gratis. El punto es quién las paga. Teníamos un sistema razonablemente mixto: un piso fiscal para competir, y aportes privados para diferenciarse, en especial, si eras un desafiante que quería desbancar a un incumbente que iba a la reelección. Era un sistema que, por supuesto, admitía mejoras”. El abogado afirma que la idea de una nueva legislación “era que, junto con la plata fiscal, se ampliaran las fuentes privadas legales, tratando siempre de evitar el cohecho y la extorsión. Pero se redujeron excesivamente las fuentes legales privadas, lo que, claro, abre relativamente la puerta al dinero ilegal”.

De ahí que en todos los sectores políticos ya se plantee la necesidad de reformular la legislación.

Desde la UDI, Terrazas manifiesta que el trámite de la ley de Gasto Electoral “fue muy rápido, presionado por el gobierno y por el mismo Engel, que a través de los medios afirmaba que quien se oponía era porque ocultaba algo. La ley quedó con muchas imperfecciones”.

Más crítico es Santander (PS), quien acusa que primó “una mirada coercitiva de la política como actividad cuestionada, en vez de pensar en una democracia sólida, que debe tener como centro la transparencia pero también la igualdad de oportunidades de competencia. Está claro que habrá que hacer las correcciones que permitan tener una mejor ley”.

Los números para esta elección

El 29 de agosto, el Servel publicó el máximo de aportes permitidos en la elección presidencial y parlamentaria que se realiza en noviembre. Estos son los números:

-500 UF ($13.159.955) Es lo máximo que pueden dar personas naturales (publicando su nombre) a un mismo candidato. Para los candidatos al Parlamento dicho monto no puede ser superior a las 315 UF ($8.290.771).

-40 UF ($1.052.796) Es el monto máximo de los aportes anónimos de personas naturales. Para la elección parlamentaria, el tope es de 20 UF ($ 526.398).

-20% del gasto electoral permitido (Unos $ 1.130.975.507) es el techo del aporte personal de los mismos candidatos a su campaña. 25% del total es la contribución máxima de postulantes al Congreso.

$ 5.654.877.538 Es el tope total de gasto electoral en la elección presidencial.

$ 3.769.918.359 Es el tope total de gasto electoral en la segunda vuelta.

Engel: “El financiamiento por empresas quedó desacreditado con justa razón”

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Quien fue el presidente de la Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, Eduardo Engel, reivindica la legislación aprobada en 2016. Desde Washington, contesta algunas preguntas por e-mail, y asegura que los bancos debieran dar créditos a los candidatos independientes en la medida en que ellos garanticen el pago.
—¿A qué atribuye los problemas que se han suscitado en el caso de Alejandro Guillier?
—No me queda claro. Según reportes de prensa, hubo instituciones financieras dispuestas a prestarle a Guillier. Lo que es clarísimo es que esta situación podría haberse dado con o sin las reformas que se hicieron al sistema de financiamiento electoral el año 2016.
—¿Qué le parece que parlamentarios que discutieron y aprobaron la ley reclamen? ¿Hubo quizás apuro en legislar?
—Con toda ley compleja aparecen temas que no se pudieron prever y que deben ir subsanándose. El tema es que cuando se legisle para corregir vacíos, se tenga muy presente mantener los importantes avances que significa la nueva legislación, con una componente mayor de financiamiento público (33% más por cada voto obtenido), límites más acotados del gasto en cada campaña, prohibición del financiamiento de las empresas, prohibición de gigantografías, regulación de propaganda callejera, etc. El objetivo de una competencia más pareja, donde ganan quienes mejor interpretan los anhelos de los votantes y no quienes cuentan con más recursos, es altamente valorado por la ciudadanía.
—¿Cree que el financiamiento a las campañas por parte de privados quedó desacreditado?
—El financiamiento por empresas quedó desacreditado con justa razón. Los casos SQM y Corpesca, entre otros, con indicios claros de empresas que financiaron candidaturas y partidos para influir sobre leyes que las afectaban, contribuyeron de manera importante a acrecentar la desconfianza en los líderes políticos y empresariales.
—Hay candidatos que plantean que la ley privilegia a los incumbentes y a quienes tienen más recursos propios por la falta de donantes privados (personas naturales y jurídicas). ¿Ve una correlación?
—La nueva legislación puso un tope de 20% a los fondos propios con que un candidato puede financiar su campaña. Con la ley anterior no existía dicho tope. Respecto de los incumbentes, la comisión que presidí hizo una serie de propuestas para que los desafiantes puedan competir mejor, pero estas no fueron recogidas. Estas propuestas, como aumentar al doble el anticipo fiscal, establecer una franja radial gratuita, prohibir nuevas contrataciones a honorarios en el sector público en período de campañas o regular de mejor forma el uso de las asignaciones parlamentarias, debieran incorporarse en el futuro para mejorar las condiciones de equidad en la competencia.
—Si se impulsara un cambio, ¿correría el riesgo la clase política y la democracia de caer en un descrédito mayor?
—Hay cambios y cambios. Las declaraciones de algunos parlamentarios y líderes partidarios sugieren que quieren volver a tener financiamiento de empresas, de unos pocos donantes donde cada uno contribuye con sumas enormes. Querer volver a esa situación es no entender nada sobre lo que pasó en Chile y por qué la gente desconfía de la política. En cambio, si se trata de perfeccionar la nueva ley y potenciar que logre sus objetivos, bienvenidos sean.
—¿Se puede generar un riesgo o tentación implícita de algunos candidatos de recurrir a dinero ilegal por la dificultad para conseguir financiamiento?
—Los incentivos para no caer en esa tentación son mucho mayores que con la ley anterior. Partiendo por el hecho de que ahora cualquier ciudadano puede denunciar ilícitos en el financiamiento de la política, con la ley anterior (2003) sólo podían hacer denuncias los presidentes de partidos… denuncias que nunca hicieron. Además, y esto es clave, en la actualidad la entidad fiscalizadora goza de autonomía constitucional y más atribuciones y recursos para hacer su trabajo fiscalizador.

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