Un negocio que podría sobrepasar los US$ 2.000 millones. Este es el otro partido que se juega sin la masividad de una fecha eliminatoria, como la que transcurre actualmente, pero casi con más pasión que con la que se disputa un encuentro de fútbol que podría terminar con la selección fuera o dentro del próximo Mundial de Rusia 2018. Y la pierna fuerte, las faltas descalificadoras, los reclamos y los goles parecieran ser un punto de encuentro en ambos frentes: el que se vive dentro de una cancha y el que se define entre pasillos y oficinas en la ANFP y que tiene que ver con los muchos millones de dólares que se generarían con la venta de los derechos de televisión del fútbol profesional chileno. Y el tema no es menor, ya que si bien es en los pastos sudamericanos donde Vidal, Sánchez, Bravo y compañía tratan de dar una nueva alegría que deje a la selección en el próximo Mundial; es en los lustrosos pisos del edificio del fútbol en Quilín o en el de las oficinas de los controladores de los clubes donde se define, en pocas palabras, el futuro económico del fútbol chileno. Y este último partido está totalmente trabado, con dos bandos claros que no han sido capaces de ponerse de acuerdo y que, cuando pueden, no dudan ir con todo en la lucha por el balón… de oro.
El tema comenzó a generarse con la ventana que se abrió el año pasado y que permitía a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) comprar el 20% (hoy ya tiene el 80%) del Canal del Fútbol (CDF) a Gestión Televisión (GTV), cuyo principal controlador es Jorge Claro. Si bien el plazo, generado y normado por estatutos, se abre cada cinco años, se amplió al final de la cuestionada administración del controvertido e investigado Sergio Jadue, no fue hasta las últimas semanas que las encontradas posiciones entre los dos bloques al interior de la ANFP entraron en un período de crisis permanente. Y esto, incluso, ha puesto en peligro el negocio considerado no por pocos como el más importante en la historia del fútbol chileno. El punto es que los clubes tendrían que llegar con un acuerdo común para elaborar las bases y definir cómo se van a distribuir los flujos de dineros que recibirán en la próxima década. Y hay detalles que, por ahora, tienen frenado el tema.
Las diferencias partieron en la interpretación del protocolo de acuerdo al que se llegó en septiembre de 2015 y que quedó impreso en el artículo 10 número 13 de los estatutos de la ANFP. Apartado que explica detalladamente cómo se reparten los denominados excedentes del CDF. Esto es el dinero que está por sobre los recursos recibidos a principios de 2015 y que llegó a $32.500 millones. Esta última cifra tiene un modelo de reparto que implica un 25% para los denominados clubes con mayor convocatoria (Colo-Colo, Universidad de Chile y la Universidad Católica); un 49,4% para el resto de los clubes de primera y un 25,6 % para los equipos de la primera B.
Así, el dinero que se lograra por sobre los $32.500 millones debía repartirse con un 70% para los de primera (incluyendo a los de alta convocatoria) y un 30% para los de la B. Todo, en partes iguales. El tema se complicaba porque quedó establecido un tope del total que el conjunto de los grandes no debían sobrepasar. Y este límite implicaba un porcentaje decreciente que comenzaba en un 25% en 2016 y terminaba con un 16,5% el 2023, cálculos que se extendían hasta el 2027. Según las proyecciones realizadas posteriormente, Colo-Colo, la U y la UC dejaban de recibir en el período (2016 y 2017) entre $5.000 millones y $7.000 millones, según publicó El Mercurio el 28 de octubre pasado.
Eso sí, en el estatuto también quedó establecido que este último acuerdo (el de los topes) quedaba nulo en caso de la venta del CDF a un tercero diferente a la ANFP y GTV. La interpretación de este último punto fue lo que dividió las aguas entre los clubes de alta convocatoria aliados con la primera B con los otros de la primera A. Esto, porque la comisión que se dedicó a analizar el negocio llegó a la conclusión de que la mejor posibilidad pasaba por una licitación de los derechos a 10, 12 o 15 años. Y no una venta total del CDF y los derechos.
En este contexto, una parte de los miembros de la ANFP asumió que los flujos de dinero que se recibirían por el negocio se repartirían de acuerdo al estatuto original. O sea, con los topes, ya que no lo consideraban una venta. Los clubes grandes dijeron que no, ya que, al menos de parte de Colo-Colo (el que más abonados aporta) se interpretó que nunca se manejó la posibilidad de una venta total de derechos de imagen televisiva a perpetuidad (“Es una locura inimaginable perder los derechos para siempre”, dicen desde la concesionaria) y que una venta implicaba, también, ceder los derechos por un período de tiempo determinado para recuperarlos luego y volver a negociarlos.
Nuevos aliados
Así las cosas y luego de las negociaciones iniciales, los equipos buscaron aliarse y los grandes se unieron a todos los de la B y se estableció un bloque. Por el otro lado se juntaron Huachipato, Palestino, Audax, Wanderers, O’Higgins y Cobresal. Estos también, según se hizo trascender, tendrían cierta afinidad con Unión Española, Universidad de Concepción y Temuco.
Si bien pasadas las semanas hay posiciones que se han acercado, como el tema del reparto, hay cosas que los alejan. Un posible acuerdo implica que se mantiene la misma base con los $32.500 millones (25% para los grandes, 49,4% para el resto de los clubes y 25,6% para la B). En caso de cesión de derechos a un tercero diferente a GTV se haría un cálculo de lo que recibirían los grandes con el tope aplicado como está en el estatuto original y sin este. La diferencia entre ambos cálculos se repartiría de la siguiente manera: 50% para los grandes (ellos establecen un mecanismo propio de reparto) y el resto será entregado en un 70% para los de la A sin contar a los tres de alta convocatoria y 30% para la B. Todo repartido en partes iguales por cada equipo.
Hasta ahí todo bien, ya que a eso hay que agregarle un bono para cada club de US$2 millones que deberá cancelar la empresa que licite los derechos al momento de firmar el contrato.
Pero han surgido otras complicaciones. Y son casi tan difíciles como el reparto original. Y dos son clave: ¿qué hacer con la denominada caja chica del CDF?, que se calcula sería de entre $7 mil millones y $14 mil millones. Esto se trata de los dineros ahorrados por los administradores del Canal para afrontar complicaciones. Acá no hay acuerdo sobre si se reparte todo por igual, 70% para la A y 30% para la B o se aplican los porcentajes usados para definir los excedentes hasta 2015. En todo caso, es probable que este punto se zanje después de la apertura de la licitación.
El otro problema es que el grupo de los grandes más la B piden que sea una nueva comisión (hubo otra para definir el modelo de transacción de derechos) la que negocie con los oferentes (se habla de FOX, ESPN, Bein Sports y Turner, entre otros) directamente. En esa comisión, según la visión de los interesados, debería estar un representante de los tres de más convocatoria, uno del resto de los de la A, uno de la B y otro del directorio. Las fuentes consultadas (nadie accedió a hablar en on para este reportaje) señalan que desde la ANFP no ven con buenos ojos el surgimiento de esta nueva comisión. Según se planteó, llevaría las propuestas al consejo de presidentes y no al directorio liderado por Arturo Salah, los que se asesoran en este tema con el banco de inversiones BTG Pactual. Esto último, obviamente, generaría una merma de poder de quienes lideran actualmente la actividad.
Impuestos y más
Según el acuerdo de reparto que rige actualmente de los dineros del CDF, los clubes grandes reciben algo más de $200 millones al mes; a cada uno del resto de los de primera les llegan $105 millones cada 30 días y a los de la B, $44 millones en el mismo período. De hacerse la licitación tal como está proyectada se cree que podrían aumentar sus ingresos mensuales en un 30%. Esto sin contar el bono inicial de US$2 millones que acordaron debería pagar quien se quedara con el producto.
Pero hay un tema impositivo con los flujos, en los que se debe incluir el costo del 20% del CDF en manos de Claro (avaluado entre US$180 millones y US$200 millones) que debería pagar también el oferente. Por lo mismo, la comisión inicial, formada por Luis Larraín de la UC, Victoriano Cerda de Huachipato, Felipe Muñoz de Copiapó y Aldo Corradossi del directorio, le hizo una presentación, expuesta a los presidentes de clubes en el consejo del pasado 20 de octubre. En ella se recomendaba buscar las fórmulas para bajar la carga impositiva del negocio. Se sugirió la contratación de dos oficinas de expertos tributaristas para que entreguen propuestas.
Además, se debe analizar el impacto que tendrá el negocio en el contexto de la libre competencia, ya que una eventual investigación de la Fiscalía Nacional Económica pone en peligro la efectividad del negocio.
Requerimientos y liga paralela
Según las fuentes consultadas, de realizarse la licitación, se debe enfocar no sólo en el dinero ofrecido por los interesados. Los clubes también tienen que enfatizar en el trato del contenido y los diferentes canales de salida, la calidad técnica, además de la posibilidad de manejar cierto margen para establecer programaciones.
Por otro lado, también importa en los directivos que los clubes puedan recibir el dinero y que este se reinvierta en el producto. Para esto y tomando en cuenta, obviamente, el derecho de propiedad, desde la ANFP se pretende activar la denominada licencia de clubes. En ella se buscará elevar los requerimientos de infraestructura, administración, fútbol joven, además de respetar lo que ellos denominan el fair play financiero. Esto último pretende regular las contrataciones y evitar que suceda lo de siempre en tiempos de “vacas gordas”: la inflación de los precios de los pases y transacciones. La idea es evitar que los equipos gasten más de lo que reciben. Algo fatídicamente común en el fútbol chileno.
Pero para que eso pase primero deben llegar a un acuerdo sobre los puntos en disenso y eso, hasta el cierre de esta edición, todavía no se lograba. Según altos cargos del fútbol chileno, la idea es estar unánimes para iniciar el proceso de licitación abierta e internacional. De no ser así, se corre el riesgo de que alguien que no haya quedado conforme inicie acciones legales al sentir que se compromete su patrimonio y el tema se alargue. Por el lado de los grandes más la B, la idea es que este tema sea dirimido en un consejo de presidentes por votación de mayoría.
Este grupo también plantea la posibilidad de crear una liga paralela y vender directamente los derechos televisivos de ella. Señalan que pidieron un informe de factibilidad a un estudio de abogados. Para el otro lado, esto no es más que una amenaza y la desestiman. La posibilidad de no llegar a un acuerdo y seguir como están es real. Aunque eso, en rigor, sería un mal negocio para todos los clubes. Desde el directorio, en todo caso, señalan que el único interés es que ambas partes se entiendan.
Mientras tanto, los trascendidos de acuerdos y desacuerdos en las páginas deportivas de los diarios abundan, tanto como las acusaciones de malos manejos e intereses particulares que se hacen de lado y lado. Ya está dicho, es un partido de pierna fuerte.
