El 11 de agosto de 2015, hubo abrazos en La Moneda. Ese día, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la nueva Ley de Casinos, que modificaba ciertos aspectos de la antigua legislación y extendía por dos años la operación de los llamados casinos municipales, que deberían haber llegado a su fin en diciembre de ese año. Para el gobierno, los operadores y los alcaldes la opinión era unánime: la regulación sería la primera modernización de la industria desde su creación en 2005.
Hoy, sin embargo, la realidad es otra: los operadores están enfrentados en tribunales con la Superintendencia de Casinos (SCJ) y no hay inversionistas extranjeros interesados en participar de las futuras licitaciones, incluso hay plazas donde no llegarían ni los nacionales. La opinión que más se escucha hoy es que la tan esperada regulación está rodeada de ilegalidades, que se redactó en un escritorio sin considerar las particularidades de la industria y que, lo que antes se veía como beneficioso para el sector, hoy se cree que será un retroceso para el mercado. “Uno observa que la ley se tramitó muy rápido, quedando materias mal definidas. Se ve un proceso que será poco competitivo, donde no habrá nuevos operadores postulando, porque las bases técnicas tienen ilegalidades y hay exigencias que hacen poco atractivo el participar”, critica Francisco Leiva, ex superintendente de Casinos entre 2005 y 2012.
“Siendo algo nuevo, nos parece que se ha hecho un buen proceso, que se ha hecho bien la pega”, refuta el actual superintendente transitorio del ramo, Daniel García.
OPERADORES VS. SCJ
La nueva normativa fue una gran noticia para los municipios. Esta regulación no sólo extendería hasta el 31 de diciembre de 2017 la operación de las siete salas municipales que existen en el país —Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales— sino que, una vez llegado ese día, estas ciudades seguirían siendo una plaza obligada para los casinos por 45 años más; condición de privilegio, entendiendo que en Chile sólo pueden existir 24 salas y ninguna más por lo que ahora un tercio de ellas, ya tendría locación asegurada y, por consiguiente, los municipios respectivos tendrían una entrada permanente de recursos.
Las siete plazas municipales aportan a sus respectivas alcaldías un porcentaje variable de sus ingresos (de entre 15% y 43% dependiendo de la comuna); el resto, bajo supervisión de la Superintendencia de Casinos, cancela un impuesto que se traduce en el 20% de sus ingresos, distribuido en partes iguales al municipio y al gobierno regional. Ahora, con la nueva normativa, ambos pagos se unirán; es decir, los operadores deberán pagar el 20% de sus ingresos y cancelar un monto mínimo garantizado anual a las alcaldías mientras dure la licencia.
En agosto se promulgó esta nueva ley; en marzo se firmó el reglamento sobre el cual se desarrollara el proceso y el 13 de mayo se definieron las bases de licitación. Si bien, la autoridad realizó una multiplicidad de audiencias y consultas para los actores del sector, en la industria dicen que todas estas etapas no se hicieron bien: “Nos escucharon, pero no consideraron lo que planteamos”, dicen. Y las críticas no tardaron en llegar.
“Nos cambiaron las reglas del juego”, concuerdan molestos en el sector. Es que, en 2005, cuando empezó la industria, los operadores entraron bajo una legislación donde lo importante era la inversión a realizar en obras. El objetivo era garantizar una estructura que potenciara la comuna donde se emplazaba, impulsando el turismo, por lo cual mientras mayor era el desarrollo a ejecutar, mejor.
Entre 2005 y 2015, el sector invirtió más de US$ 2.000 millones en infraestructura, previendo, según lo detallado en la antigua normativa, que tendrían altas posibilidades de renovar la licencia por 15 años más y recuperar así la inversión. A mitad de ese período, las reglas son otras. Hoy, la nueva legislación le resta importancia a la inversión. De hecho, ese ítem es sólo un pequeño filtro a considerar. Lo relevante, y bajo lo cual se asignarán los casinos, será vía la oferta económica, es decir, el dinero que se le entregue al municipio, para eso las mismas alcaldías, sumado a análisis encargados por la Superintendencia de Casinos, propusieron un mínimo que el consejo resolutivo —presidido por el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco— plasmó en el reglamento y que va de entre UF 596.170 anuales en el caso de Viña del Mar a UF 14.000 en el caso de Puerto Natales. Para muchos operadores, el monto es excesivo y la parte técnica queda subponderada.
“Se hicieron tremendas inversiones y ahora nos dicen que las condiciones cambiaron. Hoy puedes presentar una carpa y te puedes quedar con el casino si ofreces la mayor cantidad de dinero al municipio”, ironiza un operador que prefiere mantener reserva. Añade que dado ello se corre el riesgo de terminar con infraestructura millonaria convertida en elefantes blancos en medio de la nada. El gran ejemplo de ello es el Casino Monticello, que de no renovar su licencia, quedaría ahí, sin mayor opción de transformarse en otra cosa.
El superintendente García, si bien entiende que un cambio normativo de esta envergadura genera resistencia, rebate los cuestionamientos. Explica que no existe un cambio en las reglas del juego, ya que los permisos son por 15 años y no habrá modificación hasta que venzan. “Acá hay un cambio de ley”, enfatiza. Subraya que la calidad técnica está garantizada por la misma normativa de Ordenanza de Urbanismo y Construcción, por lo que la alusión de que se podrían proponer “carpas” no tiene asidero. Y precisa: “En esta segundo etapa de permisos se le baja la importancia a la nueva inversión, justamente para evitar exceso de infraestructura. Estamos hablando de comunas que no requieren una mayor inversión”. Pese a ello, al menos cuatro plazas en competencia solicitan que el casino se emplace en un lugar diferente a donde opera en la actualidad, lo cual exigiría el desarrollo de un nuevo inmueble.
Pero las críticas al proceso no se terminan ahí: el monto que deben pagar los operadores a los casinos debe ser anual y por 15 años, sin ninguna flexibilidad. Por esto, las empresas sienten incertidumbre al ver la posibilidad de que la autoridad vuelva a cambiar las condiciones, haciendo inviable ese pago. Aún está latente en la industria el efecto que generó la ley antitabaco, que se tradujo en una merma de alrededor de un 30% en los ingresos.
Un hecho como ese pondría en riesgo la posibilidad de cumplir con los compromisos.
Recurso tras recurso
San Francisco Investment —operadores de Monticello— fue uno de los primeros en reaccionar. El 11 de enero pasado, los abogados Manuel Bernet y Manuel Jiménez ingresaron a Contraloría un escrito, esgrimiendo una serie de cuestionamiento al reglamento que normaría el proceso. Antes habían enviado ya una minuta a la Superintendencia planteando sus diferencias. Meses después se sumaron los competidores, vía recursos de protección. En total fueron seis interpuestos por Marina, Inversiones del Sur y Enjoy que apuntan directamente a las bases de licitación. Y, en líneas generales, a una serie de condiciones adicionales que plasmó la Superintendencia de Casinos lo que, argumentan en la industria, es ilegal, ya que la autoridad no tendría la potestad para complementar lo ya definido por el consejo, y que fue objeto de toma de razón por parte de Contraloría. “Las bases no pasan por ningún examen de legalidad”, dicen. Un ejemplo de ello es lo criticado por Enjoy respecto a las bases del casino de Coquimbo, plaza donde operan hoy. En el recurso se lee que si bien el consejo definió que el casino que se levante debe ser vendido al municipio a valor comercial al término del período. A ello, la SCJ, acusa Enjoy en el escrito, agregó que la opción debe extenderse a otras instalaciones (hotel, spa, etc.), que el municipio debe imponer unilateralmente una cláusula penal en contra del operador para el caso de no celebrarse la compraventa, entre otras cosas. “Todos aspectos que favorecen sólo a la municipalidad”, aseguran operadores.
El 4 de noviembre se presentan las ofertas para los casinos municipales. A la fecha no existirían inversionistas extranjeros interesados en participar, incluso habría plazas donde ni los nacionales postularían. Al proceso sólo irían los antiguos operadores a pelear cinco de las siete comunas.
Para las empresas, la sola obligación de vender el inmueble al municipio se traduce en una espacio de “expropiación” por lo cual exceder esa condición implica un abuso, y una ilegalidad por parte de la Superintendencia. Para todas las plazas municipales —con excepción de aquellos casinos que ya operan en inmuebles municipales— existe la obligación de enajenación, en algunas incluso se debe pagar un arriendo por el uso. Una vez concluidos los 15 años, será el MOP o el Minvu el que fijará el valor comercial. Si bien el superintendente precisa que la valoración será la adecuada y que no implicara un impacto en los flujos, en el sector ven con resquemor ese punto; precisan que deben aceptar esa condición ahora —al postular— sin saber el valor que finalmente se les pagará.
Esto se agrava si es que el casino está emplazado en el terreno de un tercero, ya que los postulantes deberán tener su consentimiento para otorgar una opción de compra sobre sus bienes sin tener claro cuánto será el precio.
En el gobierno son claros: “Entendemos que el cambio a la normativa puede generar cierta resistencia, pero hay que tener claro que esto es un proceso nuevo, se parte de cero, por lo que cualquiera que quiera participar conoce las condiciones”, enfatiza García.
Las críticas van más allá. En los recursos también se cuestionan otras obligaciones. En el reglamento, el consejo estableció que se debe contratar al 80% de los empleados. A ello, la SCJ agregó, vía las bases, que debe ser en iguales condiciones y con remuneraciones similares. “El acto recurrido incurre en ilegalidades y/o arbitrariedades, ya que en las bases mencionadas se establecen una serie de condiciones que exceden de la competencia fijada expresamente por la ley”, se lee en uno de los recursos interpuestos por Marina. “De manera ilegal la SCJ agrega condiciones. En ninguna parte se le encomienda a la SCJ complementar el acuerdo del consejo”, añade Francisco Leiva.
El superintendente García se defiende: “El consejo estableció que correspondía a la SCJ ver cómo se cumplen esas condiciones. En el caso de los trabajadores, determinar que sean remuneraciones y condiciones similares es lo básico, o si no es un abuso”.
Si bien la justicia no acogió la orden de no innovar pedida por los operadores en los recursos, sí fueron acogidos a tramitación y en estos días —inicialmente sería hoy viernes— los grandes operadores del sector se verán las caras con los abogados del Consejo de Defensa del Estado, quienes representaran a la Superintendencia de Casinos. Todos llegarán a la Corte de Apelaciones de Santiago a pelear sus posiciones. Además, los operadores están analizando la opción de acudir al Ciadi, dado el cambio de condiciones.
En el intertanto, los interesados en participar en el proceso están en duda.
CUESTIÓN DE INTERÉS
“Los ariqueños y ariqueñas contarán, desde el 1º de enero de 2018, con un casino y los ingresos que este genera, por 45 años adicionales, independiente de quién se adjudique el permiso de operación para cada período”. Hace un año, la presidente Bachelet apuntó directamente a los habitantes de la decimoquinta Región para ejemplificar el positivo impacto que tendría la nueva normativa de casinos. Hoy, 13 meses después, Arica es justamente el ejemplo del complejo efecto que está generando la regulación: no habrían interesados en postular.
Arica tiene una característica que la hace única. Por su calidad de Zona Extrema tiene la llamada Ley Arica que, entre otras cosas, permite levantar casinos sin restricción. A diferencia del resto del país: donde sólo puede haber tres salas por región a no menos de 70 kilómetros entre ellas.
La particularidad de la XV Región hace que ya se esté construyendo un nuevo casino, y que el tener un inmueble adicional no goce de atractivo por la competencia ya existente. Y así ha quedado de manifiesto en el proceso.
A mediados de julio se hicieron visitas guiadas a algunos casinos en competencia. A Arica no fue ningún interesado. El alcalde Salvador Urrutia, sin embargo, está optimista. “El análisis es que el ingreso que produce el juego en Arica es tentador para empresas medianas. Hay una firma que está operando el casino (Latin Gaming) y está haciendo alguna mejoría, por lo que creemos que debiera estar interesada. La otra que podría ser es la empresa nueva Egasa, que está construyendo el casino al lado. Estamos tranquilos”. Contactado el actual operador, Latin Gaming, declinó referirse al tema.
Las otras plazas en el tour tampoco gozaron de tanta suerte. A Viña del Mar sólo fue el dueño de casa, Enjoy, además de Dreams y Marina, mientras que a Iquique habrían ido los mismos. Esto, dejando entrever que al menos desde fuera de Chile los interesados no existían, contraviniendo todo pronóstico. El año pasado, el ex superintendente de Casinos Renato Hamel viajó a Las Vegas, Macao y Hong Kong buscando inversionistas interesados en el proceso. Incluso en Chile estuvieron representantes de Cirsa evaluando el sector. No hubo interés. Aun más, se prevé que al igual que Arica, a Puerto Natales tampoco lleguen postulantes, sobre todo considerando que hoy existen otros mercados atractivos: Brasil, por ejemplo, autorizaría por primera vez la instalación de casinos; Cuba y el resto de la región también captan atención.
En el gobierno precisan que si alguna plaza queda desierta, se repetirá la licitación.
En el intertanto, el proceso avanza lento. La regulación establece que el 31 de diciembre de 2017, los casinos municipales deben bajar la cortina, empalmando su operación con el operador triunfante. Las fechas no se cumplirán y el gobierno lo tiene claro: “Ningún casino va a estar funcionando con un nuevo operador el 1 de enero de 2018. Y prácticamente ninguna base pide eso. Las bases indican que el tiempo de construcción es el mismo de siempre, dos años. En el intertanto continúa el antiguo operador”. El superintendente destaca que existe un proceso de transición permitido. En la industria, sin embargo, dicen que se requeriría una ley corta para extender los plazos.
Ahora, los operadores tradicionales se preparan para competir por las salas que catalogan como más atractivas —Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Puerto Varas y Pucón—. Sun International (ahora fusionada con Dreams) ya inscribió las sociedades para ello. Enjoy y Marina están realizando lo mismo. El 4 de noviembre se presentarán las ofertas. Para la Superintendencia la sola competencia entre las empresas ya existentes es una buena noticia y hablará de un proceso exitoso; para los operadores del sector, en tanto, el hecho de que sólo participen los actuales actores y por algunas plazas será prueba manifiesta de una mala jugada.
