Mientras el mercado mira atento los vaivenes accionarios de SQM y la inminente venta del 25% que Pampa Calichera tiene de la minera no metálica, la investigación penal dirigida por el fiscal Andrés Montes funciona silenciosa, pero a toda velocidad, con una idea clara: despejar el rol que tuvo Julio Ponce, controlador de la firma, en varias operaciones de compra y venta de acciones que fueron catalogadas como indebidas por la Superintendencia de Seguros y Valores (SVS), y por las cuales Ponce, Leonidas Vial y varios otros ejecutivos recibieron multas millonarias en septiembre de 2014.

Pero lo que hasta ahora se ha convertido en una de las sanciones administrativas más relevantes del último tiempo –Ponce reclamó en tribunales, perdió en primera instancia, e insistió en la Corte de Apelaciones–, tiene una arista penal bastante más compleja.

En el piso 11 –donde se encuentra Pampa Calichera– existía una salita en donde había un terminal de la Bolsa y era el lugar donde Ponce y sus gerentes se contactaban con las distintas corredoras para comprar y vender acciones, detalla Almonte.

Montes maneja una abultada carpeta con los correos electrónicos que el empresario utilizaba en SQM. Incluso cuenta con información bancaria que varias instituciones financieras le enviaron respecto a los movimientos realizados por él. Además, acumula distintas declaraciones de los directores que han sido clave en la investigación del caso Cascadas, y que apuntarían a esclarecer el verdadero protagonismo que tuvo Ponce en todas las transacciones de la minera no metálica, y que podrían terminar en delitos.

Por eso, el testimonio más valioso que maneja el fiscal Montes es la declaración que realizó Ana Lorena Almonte Carvajal, quien trabajó en Pampa Calichera desde julio de 2007 hasta marzo de 2011, como “secretaria de Julio Ponce Lerou y Jorge Araya”, como ella misma relató el 26 de mayo pasado y en donde cuenta con todo detalle el modus operandi del funcionamiento de Pampa Calichera, a través de la cual Ponce controla las cascadas, y la cual hoy es apetecida por varias empresas, incluidas dos chinas.

El caso que estalló luego de la querella interpuesta por un accionista minoritario y tras hacerse público un documento escrito por el ex accionista de Moneda, Raimundo Valenzuela, el cual bautizó como “Potencial abuso contra accionistas minoritarios”, en marzo de 2012, donde detallaba varias operaciones que se llevaron a cabo entre 2009 y 2010 y que fueron cuestionadas por él y sus antiguos socios, ha tenido la defensa férrea de los abogados de Ponce, encabezada por Jorge Bofill, quienes han insistido en que el empresario no participó en ninguna de ellas y que sólo se enteró de las transacciones ex post, o sea después de que se concretaron, restándolo así de cualquier responsabilidad.
De hecho, es muy difícil encontrar pistas que den cuenta de alguna intervención de Ponce en las operaciones.

Por eso el testimonio de Almonte podría ser decidor. Porque ella trabajaba en el piso 11 de la calle El Trovador 4285, el centro neurálgico de la minera. En ese piso se encontraban también las oficinas de Jorge Araya, quien fue el gerente general de Oro Blanco, Pampa Calichera y Norte Grande hasta 2009, cuando murió producto de un cáncer al pulmón, y fue reemplazado por Aldo Motta. En esa misma planta había una salita, contigua a la oficina de Araya, en donde se encontraba un terminal de la Bolsa y era el lugar donde él y Ponce se contactaban con las distintas corredoras para comprar y vender acciones, detalla Almonte.

Si bien las oficinas de Ponce siempre estuvieron ubicadas en el piso 8, él “subía todos los días a esta salita, conversaba permanentemente con Jorge Araya, luego éste procedía a llamar a las corredoras para comprar o vender acciones conforme le había dado indicaciones Julio Ponce, o bien conforme a lo que ambos iban comentando o decidiendo. Conversaban mucho sobre las transacciones de las acciones, pero el que tenía la decisión final era Julio Ponce. Yo me daba cuenta de eso porque cuando no estaba Ponce era Araya quien tomaba las decisiones solo, y luego le informaba a Julio Ponce de las transacciones que había efectuado en la jornada. Transaban acciones de SQM, Oro Blanco, Calichera, Norte Grande, pero no eran de Copec, por ejemplo”, explica.

La mujer afirma que ella escuchaba sobre estas cosas porque la puerta de esa salita estaba siempre abierta. Hablaban de cantidades de acciones, tipos de acciones, indicando si eran compras o ventas, hablaban de precios, y alguna vez de simultáneas y prendas. Trabajaban de forma vertiginosa, sus mañanas eran muy movidas hasta que se cerraba la Bolsa, con muchísimas llamadas telefónicas de las corredoras a ellos, y de ellos a las corredoras, según la declaración de la mujer, quien reemplazó en su cargo a Katherine Bischof, cuando ésta se trasladó a trabajar a SQM, tres pisos más abajo.

Ponce, el rudo

La declaración de Ana Almonte es estratégica porque habla de la rutina de Ponce durante los años que estuvo allí. Además de relatar sobre el tejemaneje de las operaciones, la secretaria también hace referencia al financiamiento de las transacciones. “Ponce y Araya tenían muy buenas relaciones con los bancos, hablaban por teléfono con ejecutivos, por lo que estimo que esa era una forma de pagar por las acciones que compraban. Yo me daba cuenta porque era yo misma la que atendía el teléfono”. Uno de los puntos importantes es cuando se refiere al rol de Aldo Motta, quien luego de la muerte de Araya, en agosto de 2009, lo reemplazó en su cargo de gerente general de las cascadas. Motta fue formalizado por la supuesta falsificación de actas de directorio, junto a la abogada Claudia Morales, y por una serie de operaciones bursátiles cuestionadas, principalmente asociadas a la arista conocida como “Linzor”.

Almonte hace una diferenciación explícita entre el rol de Araya y Motta: dice que mientras ambos estuvieron en la compañía, el hombre fuerte fue siempre Araya. Él tenía una relación laboral de muchos años con Ponce, lo sabía manejar bien, y el empresario le tenía confianza; aunque no eran amigos de fines de semana ni menos de pasar juntos las vacaciones, pero compartían muchísimo tiempo, hablando de proyectos y de las sociedades cascadas; todo el día, acota la secretaria. Motta, en cambio, era un “relacionador de inversiones”, y quien se encargaba de comunicarse con los extranjeros, porque hablaba muy bien inglés, y siempre fue una especie de ayudante de Araya, pero nunca contó con la plena confianza de Ponce.

“Ponce era rudo, yo lo escuché garabatear a Motta más de alguna vez. Sentía que era como patrón de fundo cuando algo le parecía mal. Cuando pasaba eso, yo me iba a la cocina porque me sentía muy incómoda”, dice la secretaria de Pampa Calichera.

Almonte explica que la relación del empresario con este último era “más jerarquizada”, lo trataba como subordinado, y era Ponce “el que llevaba la batuta”: con él, el empresario tomaba muchas más decisiones, subía diariamente al piso 11, donde se encontraba la secretaria, se instalaba en la salita junto a Motta. “Yo veía que Motta no tenía mucho peso: le daba más instrucciones, lo retaba y él se achunchaba”. La mujer insiste en que si bien hablaban de acciones, precios, a veces compraban y otras vendían paquetes accionarios, el que tenía la última palabra en las decisiones de las transacciones y del dinero era Julio Ponce. “Ponce era rudo, yo lo escuché garabatear a Motta más de alguna vez. Sentía que era como patrón de fundo cuando algo le parecía mal. Cuando pasaba eso, yo me iba a la cocina porque me sentía muy incómoda”.

La declaración de ocho páginas de la secretaria viene a reforzar la estrategia de la Fiscalía que apunta a encajonar a Julio Ponce para una eventual formalización. Así, se buscaría acusar al empresario por operaciones bursátiles que generaron enriquecimiento personal y empobrecimiento de las cascadas, y porque según el artículo 59 de la Ley de Valores, toda infracción al artículo 53 (el que realice operaciones ficticias o efectúe e induzca a la compra y venta de acciones a través de cualquier mecanismo fraudulento) es constitutiva de delito. La estrategia no descarta probar un eventual fraude y un posible uso de información privilegiada, investigación que avanza tan rápido como la plausible venta de Pampa Calichera.