Por María José Tapia Julio 15, 2015

© Patricio Otniell

A fines de junio, BAT Chile finalizó un estudio cuyas conclusiones aseguraban que, de aprobarse la normativa que elimina el mentol y estandariza la cajetilla, la producción de tabaco en el país se haría inviable. Hoy están evaluando opciones  de abastecimiento  alternativo. 

En noviembre, el segundo ejecutivo más importante de British American Tobacco visitó Chile. Durante una semana, el director de Operaciones, el británico Alan Davy, analizó las posibles implicancias que tendría el modelo de negocios si prosperaba la nueva regulación antitabaco que, entre otras cosas, propone elevar de 50% a 100% la advertencia en la superficie de la cajetilla, eliminar ingredientes y estandarizar empaques. Esa fue la antesala de una decisión que se comunicó recién ocho meses después: la principal empresa de tabaco –con el 93% del mercado local y marcas como Kent, Lucky Strike y Pall Mall– optaba por cerrar parte de su operación en el país, generando incertidumbre entre agricultores,  preocupación del empresariado y el escepticismo en el Ejecutivo. 

“La implementación ya sea de empaquetado genérico o la aprobación de criterios arbitrarios de restricciones de ingredientes y el término del mentol hacen completamente inviable la producción de tabaco en Chile y ponen en serio riesgo la operación de la fábrica de Casablanca”. Esa fue la conclusión a la que llegó un informe que, tras el periplo de Davy, trabajó el gerente general de la operación en Chile, Fabio Lima, junto a los equipos regionales y globales de la firma. Sólo dos semanas antes del anuncio, el grupo finalizó la minuta con la radical determinación que, del lado de la autoridad, fue vista como amenaza. De hecho, el subsecretario de Salud, Jaime Burrows, y el senador Guido Girardi señalaron que no se dejarán amedrentar por el anuncio. En BAT insisten en que la decisión es real: de aprobarse la ley, dejan de producir en  Chile. 

VISIONES ENCONTRADAS

El miércoles de la semana pasada, el Senado aprobó parte de las normativas en cuestión. Los votos a favor elevan la advertencia a la totalidad de las caras principales y reducen la marca a la parte superior o inferior; estandarizan las características de los cigarros y de los empaques y terminan con los sabores distintivos, como el mentol. 

La iniciativa ha sido impulsada fervientemente por el Ejecutivo y específicamente por el Ministerio de Salud. A juicio de la cartera, esta legislación va en línea con la regulación propuesta por el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y busca básicamente desincentivar el inicio del consumo en niños y adolescentes. “Si lográsemos disminuir en 10 puntos la prevalencia de consumo de tabaco, evitaríamos más de 2.000 muertes al año”, señaló el subsecretario Burrows la semana pasada. “Hay que asumir este problema. Probablemente, Chile es el país donde el consumo del tabaco alcanza mayor gravedad en  América”, subrayó. 

Desde Estados Unidos, Fabio Lima mandató al director  de Asuntos Corporativos de BAT Chile, Carlos López, para que monitoreara el proceso legislativo. “Cuando esto se aprobó en el Senado, decidimos hacerlo público, porque pasó a una fase compleja y hay que transparentar el impacto de esta ley”, explica el ejecutivo. La normativa, no obstante, debe ser vista aún por la Cámara de Diputados. 

De aprobarse, BAT Chile dejará de producir tabaco en el país, cerrará la planta de San Fernando –donde se recolecta y se seca la materia prima– y reducirá en 20% la dotación de la unidad productiva de Casablanca, que abastece a más de 15 mercados de la región. Es que, a juicio de la compañía, no existen antecedentes que acrediten que las nuevas normativas cumplan finalmente con los objetivos de salud pública, por el contrario, aseguran que en Australia, donde se estableció la cajetilla única, el descenso en el consumo no ha sido tal.

Actualmente, el tabaco chileno, de la variedad burley, requiere –explica López– ciertos ingredientes para ser “fumable”, ya que su proceso de secado es muy extenso y pierde componentes. López explica que dentro de la normativa está la opción de prohibir los ingredientes que generen iniciación. “¿Cómo se determina eso? ¿Qué ocurre si el azúcar, el humectante, cacao, etc. que se requieren para el tabaco burley se determinan arbitrariamente de iniciación?”. “El tabaco chileno requiere ciertos ingredientes y no sabes si tu tabaco va a ser viable o no a la luz de lo que la autoridad decida”, destaca. Añade, además, que hoy el 40% del mercado está compuesto por cigarros mentolados, por ende, si se prohíbe el mentol, se reduce el volumen que necesitas. “Con estos antecedentes, nos sale más barato traer el tabaco de afuera”, destaca. Hoy están analizando las opciones de abastecimiento; Brasil sería una de las principales alternativas. 

Según un reporte enviado recientemente por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) a BAT, el tabaco produce un volumen de negocios que alcanza los US$ 2.000 millones, con una inversión de US$ 18 millones. “Esta actividad se ve en peligro producto de los cambios propuestos a la Ley de Tabaco”, sostiene el documento.

REPERCUSIÓN EN EL AGRO

Mientras BAT Chile informaba públicamente su determinación de abandonar parcialmente el país, en paralelo remitía un comunicado interno a todo su personal. Ese día, López en compañía de la gerente de Comunicaciones y RSE, Verónica Pérez, concurrieron a la planta de San Fernando para hablar con los cerca de 300 trabajadores. El director de Operaciones de la filial, Juan Lafuente, partió a Casablanca. “La reacción de la gente ha sido de mucha preocupación, pero nadie cuestiona las razones técnicas”, explica López.

Los agricultores también han manifestado sus dudas al Ejecutivo. El martes, dejaron una carta en el Ministerio de Agricultura, y trascendió que también en La Moneda, planteando su temor ante el cierre de la operación.

Según la SNA, 18.000 empleos dependen hoy del cultivo del tabaco. De ellos, 3.000 son directos. En total, hay cerca de 2.100 hectáreas dedicadas al tabaco entre la VI y la VII Región. Las cifras del Ministerio de Agricultura difieren: son 2.700 hectáreas, 635 productores y entre 4 y 5 mil empleos.

“Lo que estamos haciendo es monitorear la situación, hay pequeños agricultores, pero no hay que olvidar, que la tendencia a desincentivar el consumo del cigarro es creciente.  Acá hay políticas de salud pública que se necesita atender”, señala el ministro de Agricultura, Carlos Furche. “Lo que ha ocurrido es el término del primer trámite en el Senado, en la Cámara cada uno planteará su visión”, añade. A su juicio, de finalizar el poder comprador de BAT, los agricultores podrían producir otra cosa, aunque es prematuro situarse en ese escenario. 

El reporte de la SNA, en tanto, dificulta tal reconversión. Plantean que mientras el tabaco en Chile genera $1,2 millones por hectárea, el maíz y la avena evidencian un resultado negativo, mientras cultivos como el trigo tienen ganancias por menos de $300 mil. Sólo la cebolla se dispara con más de $2 millones de retorno.

Si bien la fábrica de Casablanca no cerraría, su dotación caería en 20%, lo que se traduce en cerca de 100 personas, y permanecería en evaluación. “Hay preocupación. Muchas personas de Casablanca han ingresado a Chiletabacos y han hecho carrera. Si cierra, obliga a la gente a replantearse si se quedan o no”, explica el alcalde de la provincia, Rodrigo Martínez. El presidente del sindicato técnico de la planta de Casablanca y vocero de los trabajadores, Marcelo Valenzuela, subraya que si la normativa continúa avanzando en el Congreso, se movilizarán. “Queremos tratar de hablar con la ministra Rincón o el gobierno para frenar la ley”, dice. 

Desde la  cartera de Trabajo esperan que el cierre no se concrete. “Por el bien de los trabajadores, esperamos que no se dé esa situación, considerando que la norma sanitaria que se propicia desde el Ejecutivo en ningún caso impide la producción de la empresa”, responden. Puntualizan que esto se trata de una decisión unilateral de la compañía, que en ningún caso puede frenar a la autoridad para tomar medidas. “Hay que poner las cosas en su contexto. Estamos hablando de medidas de salud pública que son necesarias y que se enmarcan dentro de los estándares internacionales. Las empresas deben cumplir con la normativa”, destacan. Según el Ministerio de Salud, el consumo de tabaco constituye uno de los factores de riesgo de enfermedad y muerte más importantes en Chile. La edad de inicio es de 13,2 años en promedio. 

NO A LAS AMENAZAS

“Las empresas de tabaco no nos van a intimidar”. El subsecretario de Salud, Jaime Burrows, fue tajante en una entrevista con CNN. “No nos dejaremos intimidar por el lobby y amenazas, como lo hicieron en el pasado”, reafirmó en conferencia de prensa el senador Guido Girardi. Para parte de las autoridades, este anuncio de BAT Chile es sólo una amenaza. 

En la compañía rebaten tales dichos. “Esto no es una amenaza, es transparentar una grave consecuencia. ¿Qué pasa si se aprueba y cerramos? Ahí nos dirán ¿por qué no dijeron?”, destaca López. Asegura que esto dice relación con un actuar responsable, alertando los efectos. “Nuestra esperanza está en que cualquier institución que revise está legislación tome conciencia de las implicancias”. 

En la empresa estiman que la principal repercusión será la merma de US$ 400 millones anuales en recaudación tributaria, pasando de US$ 1.990 millones a US$ 1.590 millones. Tales proyecciones responderían, en primer término, al alza en el contrabando. Hoy, el mercado informal bordea el 12%. En BAT proyectan que una vez estandarizados los envases y con la ausencia de ingredientes adicionales, las personas tiendan a caer en el comercio ilegal, donde seguirán existiendo todas las marcas y variedades. Tal escenario, prevén, duplicaría el contrabando, alcanzando tasas de 25%, en desmedro del mercado formal, que disminuiría cerca de 12%. Eso explicaría el 81% de la menor recaudación. El 19% restante lo aportaría la caída en el mix, ya que las personas tenderían a escoger productos más baratos. “Si tienes todas las marcas iguales, la única forma decidir es por precio”. 

Con todo, Chile pasaría a tener la regulación más exigente de la OCDE. Actualmente, el país ya tiene la carga impositiva más alta del mundo: en torno a un 80% de la cajetilla se traduce en tributos para el Fisco.“Ahora sería el único país del mundo que tendría toda esta legislación. Australia tiene cajetilla única, pero no prohibición de  mentol. Canadá tiene restricción de mentol y no cajetilla única”, dicen en la compañía. 

La firma ya ha encontrado apoyo en el mundo empresarial. La Cámara Nacional de Comercio, la Sofofa, SNA, entre otros, les han manifestado su preocupación, dice BAT Chile. “El poder llegar vía regulación a expropiar una marca se podría replicar mañana con cualquier otra industria. Esto tiene que ver con cuál es el precedente para el desarrollo de negocios en Chile”, precisa López. 

PELEA CONTRA EL ESTADO

 La retirada de BAT no sería gratis. De concretarse el cierre de parte de su operación, la compañía demandaría una indemnización del Estado. López explica que el hecho de que la advertencia alcance el 100% de la cajetilla y redunde en un empaque genérico, implica expropiar la marca, transgrediendo el derecho de propiedad. “El derecho de propiedad está consagrado por ley. Dado que esa propiedad tiene garantizado el derecho de uso, la única posibilidad de quitártelo es vía expropiación”, explica. Dado ello, el grupo exigiría un pago. Ya están trabajando con abogados para evaluar los distintos caminos. De hecho, no descartan recurrir al Tribunal Constitucional. “Se están evaluando todos los frentes”. 

La compañía no estaría sola. Los trabajadores también prevén atacar el Ejecutivo si esto avanza.  “No descartamos algún tipo de demanda colectiva al Estado”, concluye Marcelo Valenzuela, de la planta de Casablanca. 

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