Fue un lunes agitado en las oficinas del Banco de Chile. Desde que estalló el caso Caval, el viernes 6 de febrero, los más altos ejecutivos de la entidad -como el presidente, Pablo Granifo, y el gerente general, Arturo Tagle- no perdieron contacto ni con el subrogante de este último, Eduardo Ebensperger, ni con el equipo de comunicaciones del banco. Aun así esta semana, a su regreso a las oficinas corporativas de la entidad, inevitablemente tuvieron que dedicar varias horas a reuniones sobre el tema y, en particular, a abordar los flancos que aún están abiertos después del escándalo que terminó con la salida del hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos Bachelet, de la Dirección Sociocultural de La Moneda.

A esas alturas el ambiente ya no era tan tenso como unas semanas atrás, cuando las llamadas y la cadena de correos entre los asesores más cercanos al controlador y vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, no daban tregua.

Una carta enviada el viernes 20 por el empresario a los trabajadores del banco había ayudado en parte a descomprimir el ambiente. “Asumo ante usted mi total responsabilidad”, escribió el vicepresidente de la entidad a sus empleados, en una comunicación que según cercanos a Luksic fue iniciativa suya. Para algunos, sin embargo, esa carta fue pensada desde su origen para ser filtrada. En cualquier caso, una vez conocida, tanto Luksic como el banco quedaron expuestos al escrutinio público.

Aunque la carta ayudó, al interior de la entidad financiera todavía había algunos temas sensibles por tratar. Sin ir más lejos, la tarde del jueves 26, y por primera vez desde que se conoció el millonario crédito, se llevaría a cabo la reunión de directorio, en la cual las repercusiones de Caval se convertirían en un tema ineludible y donde, según asegura un miembro de esa mesa, se deberían presentar explicaciones por parte de las autoridades del banco para mitigar las tensiones.

También fue tema de conversación otra fecha que se aproxima: el 26 de marzo. Ese día, último jueves del mes, se realizará como todos los años, en el auditorio del banco en calle Huérfanos, la junta de accionistas de la institución. Una instancia en la cual las autoridades de la entidad financiera necesariamente se encontrarán no sólo con los accionistas -entre ellos las AFP y algunos fondos de inversión-, sino que también con la opinión pública. La fecha, aseguran desde el banco, será clave porque inevitablemente implicará exposición y, por eso, ya se han evaluado distintas posibilidades respecto a su manejo comunicacional.

Asimismo, un tercer aspecto fue tratado ese ajetreado lunes: las esquirlas que el préstamo a Caval podría acarrear en el plano legal a nivel internacional. La eventualidad de que organismos regulatorios estadounidenses requieran información respecto del crédito otorgado a Dávalos es una arista que ha sido analizada en el banco. Este potencial flanco en el extranjero es, a juicio de distintos abogados expertos en la materia, un frente abierto hoy para la institución financiera, que junto con el Santander disputa los primeros lugares del mercado.

Y si bien algunos al interior de la institución aseguran que si se ha revisado el tema, ha sido sólo por la natural cautela con que deben actuar dada su asociación con el Citi, otros al interior de éste sostienen que en los últimos días este punto es uno de los que más preocupación ha generado en las oficinas de la casa matriz, en el Paseo Ahumada, y que inevitablemente han estado presente en las conversaciones de sus más altos ejecutivos.

LA LEY Y EL ORDEN
Quien tampoco ha tenido un regreso tranquilo después de sus vacaciones ha sido  Nelson Rojas, el abogado que desde 2004 es el fiscal del Banco de Chile y, por lo tanto, responsable de todos los asuntos legales que atañen a la entidad. Según fuentes de la institución, las altas autoridades le han pedido especialmente al experto revisar en detalle cada uno de los documentos y condiciones bajo las cuales el banco aprobó el préstamo por $ 6.500 millones (US$ 10 millones) a Exportadora y de Gestión Caval Limitada.

En ese sentido, desde el banco insisten en que todos los procedimientos internos se cumplieron, que el crédito pasó por el comité de riesgo y que se respetó el protocolo que implica considerar a Dávalos y su mujer, Natalia Compagnon, como personas expuestas políticamente. Pero, aun así, optaron por revisar nuevamente todos los antecedentes ante una eventual solicitud de información desde el extranjero. “La idea es justificar bien cómo se hizo el trabajo y dejar en claro que no se saltaron pasos”, señala una fuente cercana a la plana mayor del banco.

Desde el interior de la entidad aseguran que, por ser la institución financiera una filial de Citi, ésta se regiría no sólo por la regulación chilena, sino que también por la normativa estadounidense. Citigroup y Quiñenco -el holding que agrupa los negocios de la familia Luksic- se asociaron en 2008. Ese año, ambas empezaron a compartir la propiedad de LQ Inversiones Financieras, brazo a través del cual se ejerce el control del Banco de Chile.

Es este flanco legal el que más preocupa a las autoridades del banco: según varios abogados expertos en estas materias, la regulación norteamericana en temas como cohecho, soborno, o tráfico de influencias es más estricta que la vigente en el país.

En esa línea, tanto la Securities and Exchange Commission (SEC) como el Departamento de Justicia podrían eventualmente solicitar al Banco de Chile información respecto de la transacción crediticia que permitió a Dávalos y su mujer la compra de tres predios en Machalí, VI Región. Ambas entidades fiscalizadoras son las responsables de velar, entre otras leyes, por el cumplimiento de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Se trata de una ley federal de 1977, que en términos generales prohíbe el pago u otro tipo de recompensas a miembros del gobierno o candidatos, exige a las compañías mantener registros fidedignos y tener un sistema de control interno suficiente como para asegurar que las transacciones que realizan como parte de su negocio se llevan a cabo de acuerdo a la ley.

De hecho, en los últimos días esta misma ley ha causado revuelo en Estados Unidos: a principios de febrero el Wall Street Journal publicó que el banco de inversión JP Morgan está siendo investigado por contratar al hijo del viceministro de Comercio chino Gao Hucheng, aun cuando existían fuertes cuestionamientos en torno al ejecutivo. Según el diario, el hijo de Gao incluso se mantuvo en su puesto en el banco después de la crisis de 2008, por lo que las autoridades están analizando las prácticas de contratación de JP Morgan a la luz de la Foreign Corrupt Practices Act.

La FCPA, como es conocida entre los abogados por sus siglas en inglés, rige no sólo en suelo estadounidense, sino que también se aplica en algunos casos y, tal como aclara el regulador norteamericano, “en cualquier parte del mundo, incluso en algunas circunstancias sin una conexión territorial con Estados Unidos”. En ese sentido, el solo vínculo del Citi con el Banco de Chile es, a juicio de distintos abogados, razón suficiente como para considerar que el banco esté también sujeto a esta regulación.

Eso sí, algunos juristas admiten matices. Un punto que, conocedores del tema aseguran, podría incluso evitar una eventual solicitud de información por parte de Estados Unidos es la declaración que realizó el pasado 12 de febrero la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) luego de que estallara el conflicto.

Según señaló entonces el superintendente de Bancos, Eric Parrado, el informe realizado por la entidad no detectó “infracciones legales y normativas que pudiesen poner en riesgo a los depositantes y la solvencia del banco”. A juicio de distintos abogados, los reguladores estadounidenses suelen tener muy en cuenta la opinión de las instituciones fiscalizadoras de cada país, y el hecho de que en este caso la autoridad chilena pertinente no detectara irregularidades podría ser un desincentivo a la hora de iniciar una eventual investigación.

“Los estadounidenses confían en la institucionalidad chilena y por eso en algunos casos se quedan tranquilos con las investigaciones que se puedan hacer a nivel local”, señala un conocedor de la materia.

Otros, por el contrario, apuntan a que si bien la SBIF realizó dicho informe, lo que el regulador local analizó no es el crédito en particular, sino que más bien si esta operación puso o no en riesgo la solvencia del banco, por lo que se trataría de un asunto diferente.

Un punto que también hay que tener en cuenta, advierten los abogados, es el hecho de que  Andrónico Luksic pertenezca a uno de los mayores grupos empresariales del país. Esto podría ser, según un experto en temas de mercado, un incentivo para la autoridad estadounidense a la hora de solicitar información. “El hecho de que se trate de un empresario conocido y con varias áreas de negocio los podría llevar a mirar con más detalle el caso”, asegura el jurista.

Consultado sobre esta arista, el Banco de Chile no quiso referirse al tema.

 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO
La crisis desatada por el caso Caval ha sido un remezón de magnitud al interior del banco. El viernes 20, dos semanas después de conocerse el caso, el propio Andrónico Luksic fue quien decidió reconocer el impacto que el escándalo tuvo en su institución. En la carta enviada por el vicepresidente a los trabajadores se refiere a “los cuestionamientos”, “las dudas” y “molestias” que los últimos acontecimientos generaron no sólo hacia la entidad, sino que también hacia sus empleados.

“Asumo ante usted mi total responsabilidad y siento sinceramente no haber previsto entonces las complejidades y consecuencias que tendría este encuentro”, escribió Luksic, luego de asegurar que tiene absoluta tranquilidad de que el banco actuó correctamente durante todo el proceso.

La carta, aseguran cercanos al empresario, fue una idea suya y fue enviada sin que los directores estuvieran en conocimiento de la misma. Con ellos, el empresario había tenido antes otro gesto: tras conocerse el escándalo, los llamó personalmente para darles explicaciones por el caso y escuchar sus opiniones. Fuera de eso, el banco en ningún momento convocó a alguna otra reunión de directorio para analizar el caso, sino que prefirió esperar a que llegara el cuarto jueves del mes, fecha en la cual, por calendario, estaba previsto el único encuentro de febrero.

A la hora de manejar la crisis, los asesores del banco, según cuenta una alta fuente de la entidad, propusieron desde el primer momento una estrategia: circunscribir el tema necesariamente a la figura de Andrónico Luksic y así evitar involucrar al banco en cualquier cuestionamiento público.

Por lo anterior, algunos leyeron con sorpresa la carta enviada por el vicepresidente del banco a los trabajadores al mediodía del viernes pasado, ya que en ella consideraron que se estaban mezclando ambos temas. Sin embargo, un director asegura que esta carta siempre fue escrita pensando en que sería filtrada y que lo que hace en realidad es distinguir el actuar que tuvo el dueño del proceder del banco. Otra fuente agrega que la carta fue vista no sólo como una forma de transmitir un mensaje a los trabajadores, sino que también como una manera de llegar indirectamente a la opinión pública.

Uno de los próximos desafíos comunicacionales que tendrán los asesores de Luksic será cómo enfrentar la junta de accionistas de marzo. Desde la entidad aseguran que después de que se hizo público el otorgamiento del crédito para la compra de los tres terrenos en Machalí siempre han mantenido abiertos los canales de comunicación con quienes tienen participación en la propiedad, lo que ayudaría a evitar cuestionamientos públicos en esa fecha.

Distinto es el caso con la prensa. Hasta el momento, las autoridades del banco no se han referido públicamente al tema Caval. Si no lo hacen antes de la junta, ésta se convertiría en una oportunidad clave para conocer las opiniones de las máximas autoridades respecto del cuestionado préstamo.