Ocurrió un día cualquiera, a las 8 de la noche, en el Palacio de La Moneda. Carlos Alberto Délano entró a la sede del gobierno y, voz en cuello, preguntó dónde estaba “el Chato”.

Délano, dueño del grupo Penta, se refería con ese apodo al presidente Sebastián Piñera. Y su modo familiar, al preguntar por la máxima autoridad de la República en la sede del Poder Ejecutivo, escandalizó al abogado Renato Garín, quien trabajaba por esos días en el gobierno y cuenta la anécdota.

Délano y Piñera son amigos íntimos. El “Choclo” ha acompañado al “Chato” en los momentos más duros, como ese domingo de 1992 en que encaró en el camarín de Megavisión a Ricardo Claro, quien acababa de desatar el escándalo del espionaje telefónico.

Cuando, una década después, la UDI y RN se desgarraron en sus peores conflictos fratricidas, Carlos Alberto Délano era el único hombre en Chile que podía preciarse de tener un vínculo íntimo con los dos líderes en pugna. El dueño de Penta era, además de amigo de Piñera, samurái de Joaquín Lavín. El que esa intimidad fuera patrimonio de un hombre de negocios dice mucho acerca de los intrincados lazos que hermanan a ambas elites en Chile.

Délano es un personaje poderoso  por el tamaño del grupo económico que lidera ($210 mil millones en patrimonio bursátil), y por las áreas clave en que maneja inversiones (banco, clínica, isapre, AFP, universidad). Pero también por la forma en que usa ese dinero y por el lazo privilegiado, de intereses, pero también de amistad, que mantiene con los más connotados personajes de la derecha política.

Por eso no es de extrañar que el “caso Penta” haya durado apenas unas horas confinado a las páginas económicas. El 26 de agosto, el Servicio de Impuestos Internos denunció a sus dueños, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por presunto fraude tributario.

La “arista política” apareció de inmediato, y fue por decisión de la propia UDI: el diputado y vicepresidente del partido, Gustavo Hasbún, acusó al SII de “persecución política inaceptable” y de ser “la policía política de la Nueva Mayoría”.

Para un espectador desprevenido, la reacción podría ser desconcertante. ¿Por qué un diputado presionaba así a un servicio del Estado por hacer su pega? ¿Por qué el vicepresidente de un partido político debía sentir como un ataque en carne propia la denuncia contra un empresario?

La respuesta es evidente. Ocurre que ningún grupo empresarial representa tan claramente como Penta la incestuosa relación entre poder económico y político en Chile. Por eso su caída es el ejemplo perfecto para desnudar el abrazo que une a ambas elites.

La conversación entre el otro dueño de Penta, Carlos Eugenio Lavín, y su ex gerente Hugo Bravo, detallando nombres y montos de candidatos que habrían recibido pagos, fijó ese abrazo en la retina pública e hizo imposible que el sistema político siga adelante sin una reforma profunda, más allá del curso judicial del caso (el fiscal jefe de la zona Oriente, Alberto Ayala, ya dijo que “no todo aporte irregular constituye delito”).

No sólo hay una relación incestuosa. Además, ese audio revela un trato en el que altas autoridades del país (senadores, diputados, dirigentes de partidos) piden, mendigan incluso, la plata. El timonel de los grandes empresarios, Andrés Santa Cruz, lo ilustró con una imagen brutal. “Hacen fila. Es un desfile de los políticos por las empresas para que les donen dinero”.

Gracias a distintas investigaciones periodísticas, sabemos con certeza que múltiples empresas de los grandes grupos económicos del país, desde Luksic hasta Angelini y desde Matte hasta Paulmann, donan legalmente a campañas. Sabemos también que esos aportes reservados benefician en primer lugar a la UDI, pero también a los demás partidos y candidatos tanto de la Alianza como de la Nueva Mayoría.

“Hay caballitos ganadores que entusiasman más y a los que se apoya más”, dice el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad. En grupos más sofisticados que Penta, los aportes se deciden en reuniones de directorio y se designa a un hombre de confianza para repartir los fondos. Un ejemplo es el de Jorge Rosenblut, ex recaudador de Michelle Bachelet y actual pareja de la ministra Ximena Rincón, mandatado en 2013 por el directorio de Endesa Chile para distribuir un millón de dólares.

El poder llama al dinero, y este abrazo se profundiza por los lazos familiares de una elite endogámica, y una incesante puerta giratoria de políticos que transitan entre puestos del Estado y directorios de las empresas de los principales grupos económicos. O peor aún, autoridades que siguen recibiendo pagos de privados mientras ejercen su cargo, como se investiga en el caso del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.

Ese vínculo ya no puede ocultarse. Si 2014 fue el año en que la sociedad abrió los ojos a la desnudez de los reyes, es de esperar que en 2015 confeccionemos algunas ropas para cubrirlos. Aunque sólo sea por el pudor hipócrita de saber que ya todo es demasiado público, demasiado evidente, demasiado inocultable.