Por Emilio Maldonado Enero 23, 2014

Juan Pablo Dávila Silva (53) no caminaba diariamente por el centro de Santiago hace veinte años, cuando en el verano de 1994 un titular de La Segunda rompió la monotonía de enero. Codelco, la mayor empresa pública y principal proveedor del erario nacional, había sido víctima de un desfalco de grandes proporciones. Más de US$ 200 millones estaban desaparecidos y el responsable ya estaba identificado: un operador de mercados futuros de apellido Dávila.

Esa tarde del 24 de enero comenzó el derrumbe del antiguo Juan Pablo Dávila, el contador que se había convertido hasta entonces en un brillante y promisorio ejecutivo de la emblemática empresa estatal chilena, que deslumbraba a quienes lo conocían por su inteligencia, hasta que llegó demasiado lejos.

Comenzaba su vida como enemigo de las finanzas públicas, el responsable de “el Davilazo” -el término que el país acuñó para hacer alusión a cualquier robo o estafa-, el hombre para quien las autoridades de la época pedían las máximas sanciones para el responsable.

Dos décadas después del escándalo, que aún se alza como el mayor caso de desfalco al fisco, (incluso por sobre el caso Inverlink), el Dávila que transita por el casco histórico es, en muchos sentidos, un hombre distinto.

Es, de partida, un hombre libre desde que a mediados de 2012 un indulto de la justicia -basado en su buena conducta y en lo poco que le quedaba para completar su última sentencia, emitida en 2006- le permitiera salir de su reclusión en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de San Miguel de Ablemo (cerca de San Carlos, provincia de Ñuble), a cambio de firmar cada mes hasta el final de su condena. Entonces, en mayo de este año, será además un hombre que oficialmente habrá saldado su cuenta con la justicia chilena.

Desde su nueva oficina, en el octavo piso de la torre Centenario, en calle Miraflores, Dávila reinventa una vez más su vida, ahora como  gerente de administración y finanzas de la sociedad Sistema y Redes, una filial del grupo Adexus, multinacional dedicada a las soluciones informáticas. Es también su regreso a Santiago, junto a su señora, la sicóloga Marcela González, quien ocho meses después que su marido consiguió trabajo en el mismo holding Adexus, como encargada de la  selección de personal.

Es la última estación tras un periplo que lo tuvo en el anexo cárcel Capuchinos, primero, y en la cárcel de Quillota,  después, antes de un período de libertad de 2000 a 2006, cuando una condena por fraude al fisco y negociación incompatible lo enviaron de nuevo a la reclusión, primero en San Carlos y luego en el CET.  Un recorrido en el que el contador se convirtió en pastor adventista y profesor universitario, antes de volver a ponerse un traje de ejecutivo.   

HERMANO JUAN PABLO

Fue tres días antes de que el caso estallara públicamente, 21 de enero de 1994, cuando Dávila subió a las oficinas de su jefe, el gerente de ventas de Codelco Owen Guerrini, y le dijo que tenía algo importante que comunicarle.  En una reunión breve, de pocos minutos, le informó que se habían perdido US$ 30 millones por una falla en una operación de venta de cobre a precios futuros -estimados de acuerdo a proyecciones de demanda y a precios que alcanzaría el metal rojo- y le explicó que el error fue causado por una falla de su propio computador.

Dos días después la cifra aumentó a US$ 200 millones y todo Chile supo quién era Juan Pablo Dávila, y él supo lo que era estar preso.

Pero tras su paso por Capuchinos, fue en la cárcel de Quillota -donde estuvo entre 1997 y 2000- donde descubrió otro destino. Las conversaciones con pastores adventistas que visitaban el lugar convencieron al ex operador de Codelco de abrazar esa religión. Eso cambiaría, otra vez, su vida.

Cuando en enero de 2000 salió en libertad, Dávila siguió profundizando su relación con esa fe, y tiempo después se trasladó a Chillán, donde la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la única universidad de su confesión en el país: la Universidad Adventista de Chile (UNACh), ubicada en el sector Las Mariposas, en medio de un paisaje dominado por la vegetación. En 2002 llegó al campus, donde no se puede fumar ni tomar café, con la misión encomendada de generar cambios en la administración de esa institución. Además, cumplió un sueño postergado por el escándalo: incursionar en la docencia. 

El profesor Dávila enseñó diversas cátedras, siempre en el área de la economía. Hoy sus colegas, que piden no ser nombrados, cuentan que comenzó a hacer cursos de Finanzas I, para luego ampliar el espectro a clases de Políticas de Negocios, Finanzas de Empresas III, Matemática Financiera y Teoría Monetaria. Su aprendizaje en su  maestría en Finanzas Corporativas que hizo en Londres a fines de la década del 80 cobró un nuevo valor para Dávila.

El “hermano Juan Pablo” -como aún lo llaman en la universidad- no demoró en destacar. Al poco tiempo, la rectoría le encargó uno de sus proyectos estrella: crear la Dirección de Emprendimiento y Negocios. En ella no sólo se generarían proyectos empresariales desde la propia casa de estudios, como una suerte de incubadora, sino además se venderían capacitaciones a empresas de la zona, como una forma de ingresos extras al plantel. Se trataba de una unidad  emplazada en una pequeña casa blanca a un costado del edificio de Ingeniería Comercial.

Aunque siempre estuvo vinculado al plantel, también ocupó -entre 2004 y fines de 2006- el puesto de director ejecutivo del hotel Las Terrazas, uno de los más emblemáticos de Chillán. 

Además de sus labores de docencia y en la incubadora, prestó asesorías a la vicerrectoría de Administración y Finanzas y llegó a ser consejero del propio rector.

LA SEGUNDA VEZ

El obstinado pasado del escándalo  no lo soltó fácilmente. A fines de 2006, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por la defensa de Dávila y ratificó la condena al ex ejecutivo estatal. Tres años por fraude al fisco, más dos penas de 800 días cada una por el delito de negociación incompatible fueron un balde de agua fría para Dávila. El máximo tribunal además confirmaba que no sólo se habían desfalcado casi US$ 200 millones, sino que también avaló la existencia de dineros que Dávila había recibido por comisiones de parte de brokers internacionales. Eran cerca de 10 millones de dólares invertidos en propiedades o depositados en cuentas de las Islas Gran Caimán y en Chile a nombre de sociedades ligadas a Dávila, que fueron confiscadas. El docente y pastor adventista debía pasar otros siete años recluido. Las condiciones, sin embargo, fueron muy distintas.

La universidad, de partida, lo apoyó. En el entorno religioso de Dávila recuerdan que el “hermano Juan Pablo” siempre decía que “el Davilazo” era una maquinación que orquestó el gobierno de la época, para cubrir el mal manejo financiero que tenía Codelco bajo las nuevas autoridades en los albores de la democracia. Y aunque la tesis ha sido descartada por los sucesivos fallos y sentencias, la idea sí ha permeado en el entorno del pastor. De ahí se entiende, según comenta un docente de la universidad, todo el apoyo que la institución le ha dado.

Una vez en el penal de San Carlos, donde fue destinado a petición de su defensa, ya que ahí existía una baja población penal (alrededor de 110 reclusos) y además contaba con la posibilidad de tener salidas diarias, Dávila siguió manteniendo contacto con el grupo religioso. En el centro penitenciario recuerdan que el ex ejecutivo tuvo el beneficio de tener celda para él solo y, además, solicitar un menú especial, sin carne de cerdo, mariscos, café o bebidas gaseosas. Todo, parte de la estricta dieta que modificó cuando abrazó el adventismo.

Tras dos años, en diciembre de 2008, consiguió el beneficio de ser trasladado al Centro de Educación y Trabajo (CET) en San Miguel de Ablemo, a 15 kilómetros de San Carlos.

El nuevo recinto, una cárcel semiabierta, donde estuvo hasta el 8 de abril de 2011, fue donde mayor interacción tuvo Dávila con la población penal, hasta que logró el indulto en junio de 2012.

Dormía solo en una cabaña, donada por la Universidad Adventista y equipada a gusto del contador.

En el recinto aún es palpable el paso del “hermano Juan Pablo”. Uno de sus sellos vigentes es una planilla Excel para administrar los víveres del lugar. Con un presupuesto por reo de $1.850 para comidas por día, Dávila notó que a veces se perdía alimento o el presupuesto no cuadraba. Ahí desarrolló un sistema para administrar las compras. El modelo se ha implementado en otras cárceles de la región del Biobío debido al éxito que tuvo en San Miguel.

Gozando de libertad diaria para ir a trabajar a la universidad, Dávila logró también que la construcción de la biblioteca de la UNACh fuese edificada por sus compañeros del CET. Y aunque el contador era reacio a entablar conversaciones largas, en la construcción de la biblioteca hizo gala de sus dotes de predicador. Antes de iniciar las jornadas, él u otro pastor disponible realizaban charlas y prédicas, muy similar a lo que el mismo Dávila hacía en otros templos del sector Las Mariposas, donde hay una media docena de iglesias adventistas.

Un pastor de la zona recuerda la rapidez con que Dávila se transformó al culto. Apenas empezó a estudiar Teología a inicios de la década pasada, según relata, la gente del sector comenzó a escucharlo y a respetarlo. Eran constantes sus salidas a predicar en los templos de la zona, recuerda el pastor, hasta el punto en que en una oportunidad llamó a los fieles a no sintonizar una teleserie  de TVN aludiendo a lo que consideraba un cuestionable contenido moral.

Ahora, de vuelta en Santiago, Juan Pablo Dávila busca un final feliz para su propia historia. 

Dávila, 20 años después

LAS SECUELAS EN CODELCO

[Por Andrés Pozo B., Qué Pasa Minería]

La invitación a ser el orador de la semana del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés), en octubre de 1994, fue el lugar escogido por el entonces presidente ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú, para dar una señal al mercado sobre el momento que vivía la gigante estatal chilena respecto al caso que la impactó en la época. No era un discurso improvisado y hacía una dura referencia respecto de la responsabilidad de los distintos actores del mercado, como los brokers que participaron de las transacciones a futuro, sobre la compleja situación de la firma. Pero el texto fue suavizado a pedido del presidente de la LME.

Como el mismo Villarzú recuerda, hizo una advertencia de cómo estaba funcionando este sistema, las responsabilidades de cada parte y sobre la falta de controles generales. Para compensar -como parte del acuerdo-, reconoció que la “culpa” era más de Codelco que del mercado.

El caso Codelco no fue un hecho aislado. Una serie de otros fraudes similares removieron el mercado de commodities en esa época, en distintas magnitudes. El más emblemático fue el de la japonesa Sumitomo, donde uno de sus agentes operó durante 10 años con un sistema similar al de Juan Pablo Dávila, e implicó perjuicios para la firma por US$ 1.800 millones.

Marcelo Awad, que en ese entonces era gerente general de la oficina de Codelco en Londres y director de la LME, relata que estos casos motivaron un proceso de cambios internos y de actualización de sistemas de control de la LME.

LA SOMBRA DE LA FALTA PROBIDAD

Codelco, que hasta enero de 1994 vivía un momento de calma, en pocas horas entró a la tormenta perfecta, ya que el caso Dávila había abierto las puertas a las sospechas de corrupción, falta de probidad e ineficiencias. En la industria coinciden que fue una bomba que explotó justo antes de un cambio de gobierno y mancilló lo que hasta entonces parecía una buena gestión.

El minuto histórico y político puso su cuota. La incapacidad de buen manejo de las empresas públicas que algunos sectores de derecha habían pregonado cuando asumió Patricio Aylwin parecía haberse confirmado. Así lo recuerda un ex asesor de Codelco durante el caso: “Fue muy duro hacer comprender que esto era puntual, que no implicaba a toda la empresa, en especial porque efectivamente en la administración de Alejandro Noemi (ex presidente ejecutivo) faltaron controles”.

Más tarde, las investigaciones nacionales e internacionales arrojaron que no se podía responsabilizar a nadie más que a Dávila. “Pero en Codelco esto fue un terremoto. La gente se sentía afectada porque estaban bajo una sospecha enorme”, dice Waldo Fortín, ex consejero jurídico de la estatal.

Esta sombra sobre la probidad y la eficiencia de Codelco se extendería por más de una década -dicen en la industria-, hasta la gestión de José Pablo Arellano (2006-2010), quien finalmente fue capaz de diluirlas.

LAS NUEVAS MEDIDAS

El viernes 21, cuando se destapó el caso, Marcelo Awad estaba pronto a partir a su casa en Londres, donde vivía hacía seis años. Pero la llamada del gerente de Ventas de la estatal en Santiago, Owen Guerrini, le cambió el rumbo: debía tomar el primer vuelo a Chile para asumir la labor de armar el puzle de operaciones que había dejado Dávila.

En un devenir frenético, Awad debía determinar la magnitud de las posiciones abiertas que tenía Codelco y qué decisiones tomar respecto a ellas. Se les envió carta a cerca de 15 brokers para que, al iniciar operaciones la Bolsa de Londres, el lunes, informaran de las operaciones que tenían abiertas con Codelco. En esos primeros días fue imposible establecer la magnitud real del problema, por lo que su trabajo de emergencia se extendió por 15 días, para determinar que las pérdidas estaban sobre los US$ 200 millones.

Juan Eduardo Herrera y Waldo Fortín fueron los encargados de liderar la investigación del caso dentro la empresa. Recuerdan que el primer problema a resolver fue sobre a quién le correspondía defender a la compañía, si a la plana ejecutiva de la estatal o al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Se optó porque en Chile el CDE tomara el protagonismo, y en la investigación internacional, Codelco contrató abogados y peritos para intentar disminuir los efectos económicos y recuperar fondos. Incluso contrataron los servicios de una firma de detectives privados, para encontrar a todos los implicados.

Tras negociaciones y arbitrajes se logró recuperar cerca del 60% de la pérdida inicial. Según explica Herrera, uno de los argumentos principales para negociar o demandar a los brokers, fue que ellos tuvieron una actitud negligente, porque deberían haber sabido que este sistema era un cambio evidente de la forma de operar de Codelco.

Cuando Villarzú asumió la presidencia de Codelco, encontró a la compañía con el ánimo muy afectado. El caso Dávila sin duda tuvo un impacto que generó cambios para retomar las confianzas.

Pero, como toda crisis, también hubo oportunidades. “Se empezó a trabajar en generar una épica de que las cosas se pueden hacer bien”, relata. Llegaron nuevos ejecutivos, más preparados, y se establecieron los primeros acuerdos con trabajadores para modernizar la empresa. 

Aunque los mecanismos de ventas de futuro sin respaldo físico quedaron desacreditados desde el momento mismo en que estalló la crisis y fueron prohibidos en la empresa, los mecanismos con respaldo se volvieron a utilizar con estrictos sistemas de control.

Hoy en Codelco afirman que tienen la seguridad de que un caso así es muy difícil que se produzca nuevamente. Ahora las transacciones son grabadas, existen conciliaciones periódicas con bancos y brokers y todas las operaciones de futuro son controladas por un sistema financiero contable oficial de la corporación, entre otras cosas.

Otra consecuencia inesperada del escándalo, en la que coinciden los ex ejecutivos, es que abrió la posibilidad de modernización de Codelco porque la crisis remeció a todos los niveles de la compañía. En paralelo, la firma empezaría a trabajar el concepto de cercanía con la gente, impulsando la idea de que Codelco es una empresa de todos los chilenos.

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