La minería del cobre es clave para el crecimiento de Chile. En los últimos 8 años representa más del 50% de las exportaciones y cerca del 14% del PIB del país. Sólo Codelco ha aportado al Estado US$ 62 mil millones desde 2004, alrededor del 15% de los ingresos fiscales totales.
Pero somos un país minero con crisis de identidad. La contribución de la minería no se refleja en la importancia que sus desafíos y necesidades ocupan en la agenda pública. El ciclo de altos precios del cobre esconde una rápida pérdida de competitividad de nuestra industria frente al surgimiento de nuevos distritos mineros.
Chile mantiene las mayores reservas conocidas de cobre (28% del total mundial), pero la calidad de estas reservas se ha deteriorado. Mientras en 1990 la ley media del mineral tratado en el país era de 1,35% de cobre, en 2012 bajó a 0,8%. Las proyecciones indican que hacia el 2020, más del 40% de la producción mundial tendrá mejores leyes que nuestros yacimientos y, por lo tanto, una fuerte ventaja competitiva.
El auge de la minería ha generado aumento en el precio de insumos claves, como el acero, neumáticos o combustibles. Esto es común a todos. Pero nosotros estamos entre los países mineros con mayores precios de la energía, lo que afecta los costos de producción y perjudica la opción de utilizar agua de mar en nuevos yacimientos y enfrentar de manera sustentable la escasez de agua fresca.
Asimismo, el éxito de la industria y del país, con índices de desempleo históricamente bajos, ha generado el encarecimiento de la mano de obra para las operaciones y la construcción de proyectos. Esta alza en los costos laborales no ha ido acompañada de aumentos de productividad. Al contrario, ésta ha caído a pesar de grandes inversiones en nuevas tecnologías y equipos.
Como en otros países en vías de desarrollo, nuestra sociedad exige a las empresas el cumplimiento de nuevos y más exigentes estándares de relaciones comunitarias y cuidado del medio ambiente. Nunca antes las compañías mineras habían invertido tanto en sustentabilidad como ahora. Pero muchos proyectos están postergados o detenidos por la imposibilidad de obtener aprobaciones ambientales. Y, cuando las obtienen, siempre existe el riesgo de judicialización que agrega nuevas incertidumbres.
La pérdida de competitividad es indesmentible. En 2005, el 43% del cobre chileno se ubicaba dentro del 25% de la producción mundial con menores costos. Es decir, dentro del cuartil de costos más eficiente, lo que por supuesto aumenta los márgenes del negocio y ayuda a enfrentar mejor las bajas en el precio. Durante 2010 este porcentaje bajó a 15% y las proyecciones para el 2020 apuntan a sólo un 7%. En promedio, las divisiones de Codelco están en la parte alta del segundo cuartil de costos, todavía dentro del 50% de menores costos de la industria. Esto genera la postergación o suspensión de inversiones lo que pone en duda nuestro liderazgo. La situación habría sido muy grave hasta sólo unos cuantos años, hoy no es tema de discusión en la agenda pública.
Todavía estamos a tiempo de superar nuestra crisis de identidad y asumir como desafío país crear las condiciones para que la actividad minera mantenga o aumente su aporte en beneficio de todos. Tenemos el deber de aprovechar todo el potencial de nuestra principal industria para dar un paso definitivo al desarrollo. Estoy convencido que la minería es el mejor camino y el único posible.
