Por Sebastián Rivas Marzo 29, 2012

"¡Llegó el agua!". Es martes al mediodía, y Carolyn McLean grita cuando ve que el líquido llega a su predio, en las afueras de Limache. Viene desde el río Aconcagua, donde partió su recorrido el sábado en la tarde. Es la primera vez en toda una semana que le llega el agua a través del canal Waddington, el más extenso de toda la cuenca del río, con 120 kilómetros de longitud. El suministro sólo le durará cinco horas. En ese lapso debe acumular agua para regar las 60 hectáreas de su campo, San Guillermino, que ya acusa los efectos de la  sequía: perdió tres hectáreas de nogales y dos de kiwis en el último año.

La llegada del agua es para Carolyn el final de una vigilia. Los sábados y domingos nadie duerme en torno al río. Desde enero pasado, en su ribera el fin de semana está lleno de fiscalizadores, vigilantes y agricultores que se turnan para observar con detalle cada momento del paso del recurso. En la tercera sección, donde la empresaria tiene su campo, la situación es crítica durante la semana, pues el curso del Aconcagua no alcanza a llegar por su bajo caudal y porque el agua ya ha sido ocupada río arriba.

Los conflictos por el agua han llegado a tal nivel que los agricultores a menudo escuchan peleas y disparos en medio de la oscuridad. Un panorama que parece sacado de una película, en la que el botín es el "oro azul". "Hay gente que está de punto fijo y no se mueve, porque roban el agua. Y lo hacen de noche", cuenta la agricultora.

La sequía que azota al país tiene una de sus expresiones más complejas en el Aconcagua. Según Esval, su caudal disminuyó el segundo semestre de 2011 en 87% respecto de 2009. Y una álgida disputa entre los agricultores ocasionó que el 26 de enero el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, anunciara que la Dirección General de Aguas (DGA) intervendría el río con 85 fiscalizadores para garantizar el suministro a todos los productores. Una medida que no se aplicaba en Chile desde hace 16 años.

La pugna tiene un ingrediente adicional. El valle del Aconcagua es uno de los más antiguos y tradicionales de la zona central. Es líder en producción frutícola de exportación, con más de US$ 500 millones de ventas al año, y en él se desenvuelven importantes familias empresariales del país, como los Ibáñez, los Chadwick y los Allende. Estos últimos, los fundadores de Sopraval y los más críticos de la situación. Ellos han participado de numerosas reuniones, han acusado acuerdos incumplidos y han encargado estudios jurídicos para analizar la posibilidad de exigir más agua a los otros regantes. 

La sequía que azota al país tiene una de sus expresiones más complejas en el Aconcagua. Según Esval, su caudal disminuyó el segundo semestre de 2011 en 87% respecto de 2009.

El escenario se ha tornado insostenible. La tensión entre los agricultores va en aumento, y si bien el gobierno está tomando medidas urgentes, su rol ha sido criticado. Así, en Aconcagua se ha generado una "tormenta perfecta" que evidencia los problemas del agua a nivel nacional.

Una larga batalla

Pagar a un investigador privado para descubrir en qué partes del río se estaba robando agua. Ésa fue la decisión que tomó en diciembre la junta de vigilancia de la tercera sección del río Aconcagua, que agrupa a Quillota, Limache y Olmué. Aunque a fines de octubre se había alcanzado un "pacto de caballeros" para repartir la escasa agua que había en la zona, la autorregulación no se estaba cumpliendo. El acuerdo establecía que las primeras dos secciones cederían 36 horas ininterrumpidas de riego a la tercera.

El pacto fue firmado en octubre tras una serie de reuniones entre los representantes de las distintas secciones del río. La primera, del sector de Los Andes, es encabezada por el empresario agrícola y hotelero Francisco Perinetti; la segunda, de San Felipe y Panquehue, tiene como rostros a Gonzalo Bulnes, Jorge Schmidt y Pedro Ibáñez, y la tercera está a cargo de los agricultores Santiago Matta, Jorge Foster y la familia Allende.

"Pero en diciembre, la primera sección comenzó a no entregar toda el agua. Y en enero fue la segunda sección la que no cumplió", asegura Matta, presidente de la Asociación de Agricultores de Quillota y quien afirma que las pérdidas totales por la sequía alcanzan los US$ 300 millones en lo que va de la temporada.

La medida tensionó los ánimos y sacó a relucir un antiguo conflicto que podría terminar en tribunales. Uno de los impulsores de esta teoría es la familia Allende, los más grandes agricultores de la zona de Quillota y que encabezan la sociedad Propal, con cerca de 1.100 hectáreas de paltos y cítricos  en el sector de Nogales.

Así, Pedro Tomás Allende hijo ha asumido un rol relevante en las conversaciones sobre el reparto del agua, al poner en la mesa un asunto primordial para entender el origen del conflicto.

La distribución del agua en la zona está normada por un fallo de 1913 cuando la tercera sección pidió la presencia de un juez de río que velara por una repartición equilibrada del recurso. Sin embargo, la presentación fue desechada por la Corte de Apelaciones de San Felipe: el criterio fue que las secciones debían acordar entre sí cómo explotar el río, dejando abierta la puerta para que, en épocas de sequía, las que están más cerca de la cordillera pudieran recibir gran parte de los recursos hídricos. Cien años después, este argumento vuelve a la agenda: la semana pasada la familia Allende recibió un informe del abogado Alejandro Vergara Blanco, experto en temas de derechos de agua, cuestionando el criterio que sustentaba ese fallo.

Así, en el próximo directorio de la tercera sección, a principios de abril, se decidirá entre dos opciones: solicitar una ley que modifique el criterio o impulsar una demanda ante tribunales, lo que podría distanciar aún más las posiciones. Esto porque, aunque nadie se acusa públicamente, las restantes secciones cuestionan este argumento.

La nueva guerra por el agua

Francisco Perinetti señala que el problema está en la expansión de proyectos agrícolas. "Es entendible que iniciativas en algunas zonas como la tercera sección hayan crecido para mantenerse vigentes, pero también es cierto que no se previó que no había agua para eso", dice.

En tanto, en la segunda sección hay molestia por la intervención del Aconcagua. "Las autoridades no conocen cómo se maneja el río. Se metieron a intervenir cosas que no corresponden", dice uno de los principales empresarios de Panquehue. El malestar se ha incrementado porque en las reuniones de los últimos meses algunos agricultores de Quillota han acusado a Bulnes, Schmidt e Ibáñez de sobreexplotar el recurso. "Eso es falso. Hemos obligado a la primera sección a sentarse a la mesa, y hace varios años que le venimos dando agua en forma voluntaria a la tercera sección. Por eso, no nos gustó la forma de la intervención", afirma ese mismo empresario.

Otras familias del sector han optado por buscar soluciones distintas. Un ejemplo es la viña Errázuriz, controlada por la familia Chadwick y que también está en Panquehue. "Debimos entrar con turnos de riego con los demás regantes", dice Gerardo Leal, director del programa de sustentabilidad de la viña. Entre otras medidas, miden su huella de agua y cuenta con un embalse en la viña Arboleda, que utilizan en tiempos de sequía.

Fuego cruzado

Además de las acusaciones cruzadas, los agricultores culpan directamente al Estado de la situación del valle. Afirman que ningún gobierno ha ejecutado las obras para asegurar el riego. En 2001, el MOP trabajó en un "plan maestro" para resolver el problema. Sus primeras líneas fueron entregadas en 2003, e incluían una serie de pozos a lo largo del río y la construcción del embalse Puntilla del Viento, en la zona alta del Aconcagua. Sin embargo, las decisiones han tardado. Recién el año pasado comenzaron a implementarse algunos pozos, y Puntilla del Viento está congelado a raíz de una serie de cuestionamientos  por los impactos que generaría ese proyecto.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, añade que el Estado ha sido ineficiente en el manejo del agua. "Construir el embalse implica erradicar a cerca de 500 familias con un efecto político muy grande.  Estamos enfrascados en la disyuntiva de quién se atreve a tomar esa decisión, y nadie quiere hacerlo", dice.

La subsecretaria del MOP, Loreto Silva, reconoce que la demora en la construcción del embalse se explica por su alta complejidad. "Estamos haciendo un levantamiento de todas las medidas de mitigación que requiere. Vamos a impulsar estas obras, pero tienen un proceso de desarrollo que no se puede saltar", señala.

El ex director general de aguas,Rodrigo Weisner concuerda con que éste es un tema en extremo sensible. Como titular del organismo hizo frente a las críticas que despertó la propuesta de la DGA en 2010 para hacer una reforma constitucional sobre el uso del agua, y que permitía cierta intervención del Estado en el destino del recurso. "Intentamos realizar la reforma en materia del derecho de propiedad del agua. Eso significó grandes críticas respecto a su privatización, y sacó a flote una cantidad inmensa de posiciones ideológicas", recuerda.

Pero en el MOP no creen que sea necesaria una reforma constitucional para avanzar en una estrategia a largo plazo. "El principal problema es la gestión del recurso hídrico, y más que cuestiones legales hay que hacer perfeccionamientos institucionales", plantea la subsecretaria. Posibles soluciones

El 2 de marzo Illapel se vistió de gala. Los pequeños agricultores de la zona recibieron al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y al ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne. Fueron acogidos entre aplausos en la inauguración del embalse El Bato. Así, mientras en Aconcagua se sucedían escenas más parecidas a una película del Viejo Oeste, 240 kilómetros al norte el mandatario anunciaba una Estrategia Nacional de Aguas, para analizar el horizonte del recurso de aquí a 2020 y "calmar las aguas" en zonas como el Aconcagua.

A partir del anuncio, el MOP trabaja en mejorar los puntos críticos de la gestión, entre ellos la DGA, necesidad que ya fue detectada por un estudio del Banco Mundial que Obras Públicas encargó en 2011.  "Para fiscalizar, la DGA contaba con cerca de $ 800 millones, eso era una cifra ínfima", recuerda Rodrigo Weisner. En la SNA critican la lentitud en la consolidación de la información, las cerca de 30 mil solicitudes pendientes de derechos de agua y la falta de reglamentos actualizados.

Loreto Silva señala que en enero ingresaron dos proyectos de ley al Congreso, con suma urgencia, para fortalecer a la DGA. "Hay que tener mayor información, modificar criterios históricos, potenciar las facultades fiscalizadoras y también las organizaciones de usuarios", detalla.

El problema va más allá: la escasez hidrológica del Aconcagua también ha repercutido en un riesgo importante para el abastecimiento residencial. El gerente general de Esval, Rodrigo Azócar, destaca que en 2011 invirtieron US$ 12 millones en obras de mitigación para asegurar el abastecimiento. A ello se suman iniciativas como la explotación de pozos de la Dirección de Obras Hidráulicas, financiada por privados y el gobierno. Todas medidas que vienen a solucionar la urgencia y permitirán, por un tiempo, mantener la llave abierta en un país donde el 80% del agua dulce, hoy el oro azul, se pierde en el mar.

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