A pesar de ser una zona desértica, por mucho tiempo Arizona no tuvo problemas de agua. "No había mucha demanda, pero el estado fue creciendo y aumentaron las necesidades de las ciudades", dice Christopher Scott, académico de la Universidad de Arizona. Entre 1991 y 2001, la población metropolitana de la capital, Phoenix, creció en un 45,3%. La actividad agrícola, que aprovechaba gran parte de las aguas superficiales, empezó a tener duros competidores: la misma población y el sector minero. A esto se sumaron el cambio climático y la situación meteorológica extrema que Arizona acostumbra tener: inundaciones similares al invierno boliviano y luego periodos de sequía. Esto, como sugiere Scott, generó un pésimo escenario. "Un régimen hidrológico poco confiable para la planeación hídrica".
Todas estas condiciones se repiten hoy en Chile. Por eso se ha configurado un mercado en el que los precios varían mucho. "En la cuenca del Maipo, por ejemplo, un derecho se puede transar por 100 UF y el mismo día uno igual puede llegar a 10.000 UF", comenta Guillermo Donoso, experto de la Facultad de Agronomía de la UC. Además, afirma que el mercado del agua es "poco profundo". "No hay un mecanismo revelador de precios, ni una comparación o un benchmark, para saber si los precios de una negociación son adecuados".
La opción que tomó Arizona -y otros estados en EE.UU.- es la creación de bancos de agua: plataformas electrónicas donde se venden o arriendan públicamente los derechos a usar este recurso. Para Christopher Scott, de paso en Chile para el lanzamiento del centro internacional de estudios sobre seguridad hídrica Aquasec, éstos han sido claves para que su estado enfrente el problema hídrico.
En algunas zonas, como es el caso de Arizona, no se trata sólo de un mercado donde se transan derechos, sino que los privados -o el estado- pueden hacer "depósitos" de agua. "Se pueden reinfiltrar aguas hacia las napas subterráneas. Eso queda registrado en el banco y luego pueden sacarla o vender los derechos", comenta Scott. Esto funciona mejor en las aguas no superficiales, ya que ahí no se produce evaporación, como pasaría en un embalse. La infiltración, en todo caso, se realiza bajo un estricto marco legal y extensos estudios de las napas. "Aquí las investigaciones de universidades e instituciones gubernamentales cobran importancia", dice el académico, mientras asegura que "el reto es cómo introducir un banco de agua que permita aprovecharlas en periodos de abundancia sin dejar que las aguas subterráneas naturales e infiltradas se sobreexploten".
En ciertas regiones, por la calidad del recurso, no se puede manejar este sistema. Esto ocurre cuando el agua subterránea es salada o está contaminada, porque las recargas son con agua dulce. Otro punto a considerar es que sólo se puede sacar agua desde la napa donde se "depositó". Ello obliga a un completo mapeo de ella.
De esta forma los bancos de agua actúan como corredores de derechos, y a la vez como generadores de mercados: cruzan a vendedores y compradores. Además existe otra posibilidad, como dice Guillermo Donoso: "que sea el mismo banco el que compre aguas". Esto permite intervenir el mercado y prepararse para épocas más duras, produciendo una mayor rentabilidad global del sistema hídrico. "Se logra el traslado de aguas a los usuarios que realmente la necesitan", comenta Donoso.
En Chile este sistema ya se aplica en el embalse La Paloma, en la Región de Coquimbo. Ahí los usuarios cuentan con un sistema de mercado electrónico, donde las transacciones se hacen vía internet. "Tienen una organización de usuarios muy activa, que ha permitido que los titulares del agua traspasen sus derechos incluso de un año a otro", dice la subsecretaria de Obras Públicas, Loreto Silva.
A nivel de aguas subterráneas, el tema está en estudio en la Dirección General de Aguas: se está creando un reglamento y se está perfeccionando la regulación con el fin de generar incentivos para que se reinfiltre el agua, además de realizar investigaciones hidrogeológicas en distintas regiones del país. Si el sistema funciona, el efecto sería altamente positivo, como explica Guillermo Donoso: "bajaría fuertemente la variación de precios, se sabría cuánto vale el agua y los actores podrían ajustar su uso, siendo más eficientes".
