No fue el primer accidente que ningún seguro laboral cubrió. Hubo muchos otros que también quedaron sin registro. Pero el que empezó a torcer el rumbo, tras más de tres décadas de situación laboral precaria en los laboratorios de investigación en Chile, ocurrió la tarde del lunes 15 de septiembre de 2014, en la ribera del río Mapocho. Natalia Muñoz, analista físico-química de la USACh y asistente de investigación desde hace ocho años en la U. de Chile, iba en bicicleta de vuelta a su casa en Providencia. Había pasado el día en el Laboratorio de Estrés Celular y Biomedicina, donde es asistente de la investigadora Soledad Matus en el estudio de proteínas que generan la esclerosis lateral amiotrófica. Como la mayoría de los profesionales de apoyo bajo el sistema de fondos concursables de Fondecyt, trabajaba a honorarios, sin seguro de salud ni de accidentes. Había llegado, como todos los días, a las siete de la mañana, y se había retirado a las cinco de la tarde. Pero esa tarde, al cruzar hacia el Parque Forestal, comenzó otra historia. Un indigente, sin motivo alguno, le lanzó un ladrillo que golpeó en su cabeza, rebotó en su pecho, y la dejó paralizada, aún arriba de su bicicleta, mirando la sangre que comenzaba a chorrear entre los fierros.

Pensó en irse a su casa: boleteaba, como lo estipulan las bases de Fondecyt, directamente para el investigador y no para la universidad, y sabía que no tenía seguro médico. Pensó, asustada, que tal vez tenía un TEC cerrado. Pensó, algo ingenuamente, que si decía que trabajaba en la Universidad de Chile quizás no pasaría lo que sabía que iba a pasar: que tendría que financiar cualquier tratamiento médico de su bolsillo. Pedaleó por Plaza Italia, con la cabeza sangrando, hasta el Hospital del Trabajador, y ahí el diálogo fue el obvio: le preguntaron si tenía un contrato con la universidad, y tuvo que decir que no, que trabajaba hace ocho años allí, pero que aún boleteaba. Le hicieron varios exámenes, y entremedio lloró. Más tarde le llegaría la boleta a su casa –200 mil pesos–, y lloraría de nuevo. Luego comenzó la rabia.

Días después volvió al laboratorio y les dijo a sus compañeros, y a sus jefes, que iba a iniciar un movimiento. Quería denunciar la desprotección laboral de los asistentes de investigación en Chile, una figura central en la investigación científica: profesionales –en general, bioquímicos o biólogos– que conocen el laboratorio mejor que nadie, dedicados, entre varias funciones, al manejo técnico de los experimentos, la relación con los proveedores y el traspaso del conocimiento a los estudiantes. Algunos por vocación –en países como EE.UU. son una carrera en sí misma, y son muy valorados– o porque son jóvenes, y necesitan experiencia y cartas de recomendación para postular a sus doctorados y algún día intentar ser investigadores principales. La asistente sabía que por su experiencia ganaba mejor que otros en Chile –había comenzado boleteando por $ 270 mil, y ahora, ocho años después, ya ganaba $ 650 mil–, pero se sentía invisible ante las leyes laborales chilenas. Los otros seis asistentes de investigación del laboratorio la apoyaron, y su jefa también lo hizo. Incluso le ofreció hacerle un contrato privado, con cotizaciones y seguros. Ella le dijo que no.

Lo que hizo, en cambio, fue iniciar el movimiento Ciencia con Contrato, que la semana pasada tuvo su primera manifestación masiva frente a La Moneda, y que busca sacar de la sombra las condiciones precarias de trabajo del personal de apoyo en los proyectos financiados por Conicyt, en particular a través de Fondecyt, su principal canal de recursos, que actualmente financia alrededor de 2.100 iniciativas, y en 2015 destinó $ 21.610 millones para el primer año de ejecución de nuevos proyectos. El modelo, instaurado en 1982, otorga los recursos directamente a los investigadores, con independencia de las universidades o centros donde están instalados, para financiar los equipos, procedimientos y personal de apoyo que hayan presentado. Cada proyecto, que dura tres o cuatro años, cuenta con fondos para asistentes de investigación en jornada completa –o para funciones puntuales–, que boletean esos años directamente al investigador, en una situación que –según todos en el medio reconocen– está al límite de la ilegalidad. Ni siquiera hay una cifra oficial de cuántas personas son, aunque en Fondecyt las estiman en unas 4 mil. Tampoco las universidades saben decir cuántos hay en sus casas de estudio. Legalmente, no tienen relación laboral.

Natalia Muñoz se propuso contactarlos e hizo en octubre del año pasado dos encuestas por internet, que difundió a través de sus redes en la Universidad de Chile. Respondieron 413 profesionales de apoyo técnico de laboratorios,  la mayoría asistentes de investigación, de una docena de universidades. Los datos que recopilaron, que en Conicyt aceptan, impresionan: un 85% afirma trabajar jornada completa, pese a boletear; un 33%, no tener ningún sistema de salud; un 67%, no cotizar de ninguna forma;  un 84%, no tener seguro de accidente; y un 93% no tener seguro de invalidez ni sobrevivencia. El sueldo promedio del grupo, la mayoría profesionales científicos sin doctorado, fue de $ 500 mil.

"Cuando empecé me pagaban 270 mil pesos, pero pensaba que tenía que hacerme un currículum para luego existir. Es triste. Nunca pensé que así funcionaba, en la universidad nadie te lo explica", dice Natalia Muñoz, quien hoy no tiene isapre ni Fonasa. "Y los asistentes se dejan abusar porque es lo que hay: o trabajas en esto de forma precaria, o en un cargo público, que es difícil, o en empresas, donde apenas hay cupos. Es un sistema perverso. Los investigadores principales se han aprovechado de esto, porque gastan un mínimo. Nadie quiere que le bajen el presupuesto de reactivos o equipos, privilegian desarrollar su ciencia. Y ellos mismos hacen las bases de los concursos".

LA MARCHA DE LA CIENCIA

La primera marcha de Ciencia con Contrato, que reunió el miércoles pasado frente a La Moneda a unos tres centenares de manifestantes vestidos con delantal blanco, agitando globos hechos de guantes de laboratorio, reunió a asistentes de investigación de varias universidades, y estudiantes de doctorado y posdoctorado que ven con preocupación la precariedad que implica no llegar a ser investigadores principales. El día anterior, Natalia Muñoz, junto al equipo de la organización nacida en la U. de Chile, que lidera junto al estudiante de posdoctorado Pablo Mardones, se habían juntado con Francisco Brieva, presidente de Conicyt, y le habían planteado sus demandas: un nuevo sistema que les asegure contratos de trabajo, beneficios sociales y sueldos de al menos un millón de pesos. También le comunicaron su disposición, en caso contrario, de irse a paro o de demandar masivamente al entramado científico.

En su oficina, en el piso 12 del edificio de Conicyt, frente a la cual gritaron por más de una hora los manifestantes, Francisco Brieva, Ph.D. en Física de Oxford, dice que el problema tiene que ver con el agotamiento del modelo de financiamiento de la ciencia en Chile. "El modelo basado en los individuos está haciendo crisis. En la medida que los modelos crecen, el individuo no es suficiente para resolver las demandas. El traje le quedó pequeño a la ciencia", dice. "Esto se sabía y se dejó estar, y el principio de abuso es siempre impresentable. Existe el absurdo de que hay personas que llevan muchos años llegando a un laboratorio y no son parte de un registro. Eso no habla bien de las instituciones. Lo hemos dejado pasar, hay responsabilidad, si todos sabemos esto. Es una situación insostenible que hay que regular".

El director de Conicyt dice que buscarán una forma de exigir a los investigadores que cumplan la legislación laboral vigente, ocupando parte de los dineros otorgados para hacer valer los beneficios sociales mínimos. Pero que la solución pasa por transitar a un nuevo modelo, con un mayor rol de las instituciones, que generen contratos, aunque eso implicaría un nuevo esquema de recursos. Jorge Babul, doctor en Bioquímica, presidente del Consejo de Sociedades Científicas y asistente a la marcha, dice que el problema tiene que ver con la falta de un plan central de desarrollo de la ciencia. Y que los alrededor de 4.200 profesionales que se están doctorando actualmente, que se sumarán a los 7 mil que ya tiene el país, ya comienzan a ver con preocupación qué harán cuando vuelvan. "En la marcha había también muchos estudiantes de doctorado. Muchos van volviendo, y no saben qué hacer en el país. A mí me dicen: ‘Doctor, no tengo trabajo’, y yo les digo: ‘Yo tengo la posibilidad de contratar, vía convenio de honorarios, por 500 mil pesos’. Eso no es un trabajo. Un trabajo es estar insertado en un sistema, con previsión, imposiciones, salud. Un contrato".

El tema, que luego de décadas comenzó a salir de la sombra, ha generado un reparto de culpas entre investigadores y Conicyt. Pero todos coinciden en que es momento de regularizar, antes de que la situación estalle.

Claudio Hetz, neurocientífico, director del Laboratorio de Estrés Molecular y Biomedicina de la U. de Chile, argumenta: "Yo no puedo pedir plata en mi Fondecyt para financiar el año posdespido o un embarazo, por ejemplo. Yo les pago cotizaciones, y vacaciones, pero muchos no. Es bastante perverso, y todo depende del investigador. Son profesionales como uno, que no quieren hacer carrera académica, pero son fundamentales: sin ellos no puedes hacer nada. Los estudiantes van y vienen, pero estos apoyos estables hacen que se transfiera el conocimiento".

Cecilia Hidalgo, bioquímica de la U. de Chile, Premio Nacional de Ciencias, asegura que mientras siga el sistema de Fondecyt será "muy difícil" contratar gente. "En mi laboratorio nadie gana menos de $ 800 mil, pero muchos prefieren contratar a dos investigadores con eso. Nosotros tratamos de darles salud y previsión, pero me parece completamente impresentable que muchos no se preocupen de eso", dice. "Tú puedes tratar de optimizar tu equipo, pero lo primero es preocuparte de la gente que está contigo. Lo que nunca me había preguntado es qué pasa si hay un accidente".

Coincide Juan Opazo, doctor en Ciencias Biológicas de la U. Austral: "Se les paga una miseria, esto está al borde de la legalidad: la persona que trabaja conmigo me da una boleta por la misma cantidad hace años. Ella podría ir a la Inspección del Trabajo, y yo meterme en un problema del que no soy responsable, porque Conicyt me manda. Podría darles boletas siempre por distintos montos, pero sería un chanchullo. Si quieren dejar la patada, la pueden dejar".

EL PUNTO DE NO RETORNO

"Todos los académicos dicen: 'Esto es insostenible'. Pero más allá de esa frase no van a hacer ningún esfuerzo", dice con desconfianza Roberto Zúñiga, biólogo de la U. de Concepción, de 45 años, quien ha trabajado cada día laboral de sus últimos veinte años como asistente de investigación en la U. de Chile. Se vino a vivir a la capital por ese trabajo, por 240 mil pesos mensuales. Hoy gana $ 750 mil, pero tiene varios seguros laborales y hace poco empezó a cotizar. Luego de pasar por varios laboratorios, trabaja en el Centro de InmunoBioTecnología, que por ser un proyecto Fondef -destinados a ciencia aplicada y administrados, a diferencia de Fondecyt, por las mismas universidades-, tiene mejores condiciones. Pero sigue boleteando. "Yo ahora boleteo para la universidad, y la universidad hace algo muy extraño: un convenio de honorarios, que en todos los sueldos te varía un poco el sueldo, cien pesos para arriba y para abajo. Yo podría demandarlos", dice. "El convenio da la idea de que eres parte de la universidad, pero no lo eres, no hay un sentido de pertenencia. Uno cree que es, pero en el fondo no".

El biólogo, que tiene un magíster, y trabaja nueve horas diarias y muchos fines de semana, desea que Ciencia con Contrato logre obligar a las universidades a que tengan un staff de investigadores.

En la U. de Chile hay al menos mil proyectos Fondecyt, pero no hay un registro de cuántos asistentes de investigación manejan, ni de quiénes son. En la Vicerrectoría de Investigación han discutido el tema, pero reconocen que no tienen la capacidad de gestión ni recursos para asumir a esas personas –estiman que serán unas dos mil– como parte de la institución. "Que se boletee por años es absolutamente ilegal, pero sucede", admite Flavio Salazar, vicerrector de Investigación. "Hay que calcular los costos y la implicancia, pero hoy no tenemos la capacidad de personal para hacernos cargo de tantos proyectos, y tenemos una serie de impedimentos: lo que un investigador compra en un día, nosotros nos demoramos treinta. Hay que buscar una solución, y aprovechar el nuevo ministerio para regular todo. Pero este modelo no es sostenible".

En la U. Católica, por su parte, comenzaron hace tres años a intentar implementar una solución mixta. A raíz del fallecimiento de algunos asistentes de investigación en el tsunami de 2010 en Juan Fernández –y el conflicto posterior con las familias por quién se hacía cargo de eso–, en la Facultad de Ciencias Biológicas comenzaron un sistema de contrato por obra que ya ha absorbido a sesenta profesionales, y en el que los beneficios sociales los pagan en conjunto entre la casa de estudios, rendiciones a Conicyt, el trabajador y parte del dinero que el investigador principal recibe al mes por cada proyecto –cerca de $ 400 mil–. "Ése es el camino que tenemos que seguir. Estos proyectos son a dos o tres años, no podemos como institución asumir el contrato indefinido", dice Juan Larraín, vicerrector académico. "Vamos paso a paso, pero tenemos el propósito de expandirlo".

La situación también ha sido tocada en la comisión Ciencia para el Desarrollo de Chile, que en las próximas semanas debe entregar una propuesta a la presidenta Michelle Bachelet sobre el plan de desarrollo de la ciencia, pero varios miembros de la comisión reconocen que el tema contractual de los asistentes de investigación no ha sido un eje principal. En dos semanas, los líderes de Ciencia con Contrato se juntarán con Francisco Brieva y los Consejos Superiores de Fondecyt para discutir la posibilidad de cambios en las bases de sus proyectos. Pero saben que las del próximo año ya están siendo revisadas en Contraloría, y es difícil que puedan cambiarse.

Natalia Muñoz dice que, independiente de eso, el punto de no retorno es ahora, y que si no hay cambios inmediatos harán otras marchas, y empezarán a pensar en un paro, o, en última instancia, una judicialización masiva. La semana pasada se juntaron con líderes sindicales de Conicyt, donde gran parte de los trabajadores también trabaja por honorarios y están pensando en una futura manifestación conjunta. 

Si nada de eso resulta, dice la asistente de investigación, sentada en un café de Providencia luego de volver un sábado por la mañana de revisar experimentos en su laboratorio, dejará la ciencia para siempre.