Incidir. Eso parece ser lo más importante para el Consejo de la Transparencia por estos días. Es el primer lunes de abril y Marcelo Drago, de 45 años, abogado y democratacristiano, no se detiene en ningún momento. En su despacho el calor es sofocante, pero él no suele estar demasiado tiempo allí. Estos días, de hecho, los ha pasado principalmente en La Moneda, a tan sólo un par de cuadras, en donde se ha reunido con ministros y funcionarios del gobierno para insistirles en la importancia de una reforma que aumente la transparencia y frene la corrupción.

A seis meses de asumir su cargo, Drago parece cuidar cada palabra que dice. Sobre la mesa tiene un montón de apuntes desparramados, que revisa cada cierto rato. Dice que si bien el país ha avanzado en esta década en términos de transparencia, la situación no ha cambiado demasiado: la brecha de confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado sigue existiendo, y mientras eso sea así, cree el abogado, habrá desconfianza con la democracia.  Por eso piensa que el rol que debe cumplir la institución que lidera es fundamental.

—Claramente existe una brecha de confianza seria entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo como país y enfrentar con franqueza. Estamos en una situación seria. Esa crisis de credibilidad afecta a la democracia, y a pesar de las modificaciones, no hemos logrado mover la aguja. No podemos permanecer impávidos ante una ciudadanía que no cree en sus instituciones. Esperar un nuevo caso Penta o SQM para actuar sería un error. Debemos actuar ya y no esperar una nueva crisis para impulsar regulaciones que nos ayuden a recuperar la confianza ciudadana.

Estamos en una situación seria. Esta crisis de credibilidad afecta a la democracia, y a pesar de las modificaciones, no hemos logrado mover la aguja.

—¿Hoy estamos en una situación más crítica que cuando se creó el Consejo, hace diez años?

—Sí, mucho más. Hace diez años enfrentábamos situaciones puntuales y de escalas menores. Hoy vemos casos que afectan a instituciones en su conjunto. Penta y Soquimich, por ejemplo, apuntaron a todo el sistema político. Lo de Carabineros, el fraude y la Operación Huracán, dañó la imagen y la confianza de la institución. Eso no lo veíamos hace diez años. Si bien no tenemos corrupción sistémica, los casos que hemos visto están afectando al sistema completo. Es algo de lo que tenemos que hacernos cargo como instituciones del Estado.

—¿Estos casos de corrupción dejan entrever que Chile tiene un problema estructural?

—La desconfianza frente a las instituciones es estructural. Por eso tenemos la preocupación de abordarlo de manera transversal, por lo que cada institución del Estado debe cumplir su rol. El presidente Piñera tiene la oportunidad de sacar adelante una gran reforma en transparencia y combate a la corrupción. Y creo que si toma liderazgo en eso, va a tener la oportunidad de dejar un país distinto, en un ámbito que es crítico para nuestra democracia.

 

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Justo una semana antes de que el ex general de Carabineros Bruno Villalobos renunciara, el Consejo para la Transparencia decidió no seguir siendo espectador de la crisis. Entonces, mientras una de las instituciones más relevantes del país se caía a pedazos, intentaron hacer algo: le entregaron a Carabineros una serie de medidas que creían urgentes para superar la crisis de transparencia y probidad. A los pocos días, Hermes Soto fue designado como director general y comenzaron a discutir, en conjunto, un camino a seguir.

—Se juntaron con Hermes Soto apenas asumió. ¿Qué le plantearon?

—Nos pidió conversar con todo el alto mando, y lo hicimos a los pocos días. Lo que se habló fue que Carabineros tenía que incorporar la transparencia en su ADN, dentro de sus valores institucionales, y que la única forma de enfrentar esto es transparentar hasta que les duela.

—¿Antes de eso no existía un trabajo previo?

—Al nivel de ahora, no. Desde que el director general Hermes Soto asumió, vimos una actitud distinta en Carabineros, de abordar la materia y considerar lo que estábamos planteando. Desde ahí se comenzó un trabajo. La situación de Carabineros era grave, profunda y extensa. Creo que se esperó mucho para tomar las medidas.

—¿Cuánto daño le hizo a la institución la decisión del gobierno de no remover a Bruno Villalobos?

—Creo que cada presidente tiene que tomar las decisiones cuando corresponden. Pero nosotros tuvimos la actitud de poner a disposición de la institucionalidad nuestras capacidades para contribuir a solucionar lo que se estaba viviendo. La situación de Carabineros estaba significando profundizar la crisis de confianza con el sistema completo, por eso le asignamos absoluta gravedad y vimos la necesidad de tomar la iniciativa.

—Ustedes propusieron incluir en la formación de Carabineros un ramo de transparencia, algo similar a las “clases de ética” que se pidió frente a la colusión de las farmacias. ¿Esas medidas realmente ayudan a que no vivamos casos de corrupción?

—No puede ser la única, pero ayuda en el mediano y largo plazo en la medida que este tipo de materias se incorpore en el ADN institucional. Claro, el ejemplo histórico de esas clases fue bastante precario y se vio como algo muy menor. Pero hablamos de los miles de oficiales que existen en la institución y de que se considere la transparencia como parte de su formación esencial. Es una medida en un conjunto de otras más.

—Usted dijo que frente a la situación de Carabineros se debían tomar acciones “sin eufemismos”. ¿Hubo mucho discurso y pocas medidas concretas?

—Algunas de las medidas que se vieron al inicio no abordaban el fondo del asunto. Se anunciaron auditorías que no se realizaron, se planteó un proyecto de ley con obligaciones de transparentar al Parlamento en materia de gastos de la institución, pero eran medidas bastantes débiles y a nuestro juicio insuficientes.

—¿Cuáles serían suficientes?

—Lo que debía hacerse eran auditorías externas profundas, en las que un tercero independiente pudiera corroborar lo que se estaba haciendo y hacer los juicios de si existían irregularidades o no, o medidas que transparentaran realmente las remuneraciones por dobles funciones en la institución. Esas medidas no serían eufemismos, sino enfrentar de cara a la corrupción.

—Pareciera que las medidas son siempre reactivas más que proactivas.

—Las medidas reactivas no son un privilegio de los chilenos. Cuando uno estudia las medidas que se van tomando en otros países, la gran mayoría responden a crisis o escándalos. En Alemania, EE.UU. e Inglaterra ha pasado igual. Sin embargo, justamente por esas experiencias, uno sabe que en el futuro este tipo de materias se van a repetir y uno se puede adelantar.

 

 

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—El año pasado se generó una polémica cuando el gobierno propuso el “decreto espía”, que buscaba otorgarle al Ministerio Público el manejo de nuestros datos personales por más tiempo. ¿El Estado se preocupa por el resguardo de nuestros datos?

—Nuestro país está en la era del hielo en la protección de datos personales, y hemos visto escándalos internacionales que nos ponen en alerta. Nosotros nos opusimos terminantemente al “decreto espía”, pero así como existió esa situación, hay muchas otras: todo el mundo entrega su RUT no sólo para comprar sino a veces sólo para entrar a una farmacia, a un edificio. Se acumulan miles de datos en distintas fuentes y sólo algunas tienen protección.

—¿Existe alguna institución que se haga cargo de eso?

—Ninguna. Nosotros  sólo tenemos la facultad de velar por la protección de datos personales en el sector público y hemos ejercido esas facultades como con los municipios cuando promovieron los globos de vigilancia o los drones. Sin embargo, la regulación es precaria y previa a la explosión de las tecnologías de la información y las redes sociales.

"Nuestro país está en la era del hielo en la protección de nuestros datos personales. Estamos totalmente indefensos."

—¿Chile hoy es propenso a vivir un escándalo como el de Cambridge Analytica?

—Completa, total y absolutamente. En Chile estamos totalmente indefensos. Como ciudadanos, la única alternativa que tenemos para proteger nuestros datos personales es recurrir a la Corte de Apelaciones. Y los miles de usuarios de Facebook, por ejemplo, no van a ir, uno a uno, a contratar sus propios abogados. Estamos expuestos todos los días. Este escándalo de Cambridge Analytica y Facebook puede pasar en Chile y con total impunidad.

—¿Y por qué no se ha hecho nada al respecto?

—Ha habido tres intentos por actualizar esta legislación y los tres no han logrado ver la luz. Estamos atrasadísimos, han sido tres proyectos que han quedado botados. Este último se está terminando de revisar, pero hay que ver qué hará el gobierno actual.

—¿Debe ser un desafío prioritario para este gobierno?

—La agenda está clara y puede abordarse desde varios puntos de vista: regular la corrupción entre privados, perfeccionar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y hacerse cargo de las empresas que actúan deslealmente, ya sea sobornando o con otras irregularidades.

—¿Hay voluntad política para realizar esos cambios?

—El gobierno está recién partiendo, pero eso debería incorporarlo en el corazón de su agenda. Así como está convocando a comisiones para abordar materias nacionales, esto debería ser también el centro del quehacer de este gobierno. Estamos hablando del fortalecimiento de la democracia.