Alrededor de una mesa hay quince personas reunidas. Son, en su mayoría, encargados de relaciones con las comunidades de distintas empresas, y cada uno está atento a lo que Cecilia Flores cuenta en una sala de una consultora en Providencia.

—En general, los miembros de las comunidades indígenas llegan a la mesa de negociación con tres posturas: los que están indecisos, los que no quieren nada con las empresas y piensan que “vienen a robar” y quienes llegan preguntando “de cuánto dinero estamos hablando”. La idea es generar un diálogo entre las comunidades y las empresas para que la gente tenga la oportunidad de plantear sus dudas, preocupaciones y desconfianzas cuando estas llegan.

Cecilia (51) es técnico en prevención de riesgos. Pero esta mujer de la comunidad aimara de Pica (Región de Tarapacá) se ha desarrollado en otra área. Ha sido dirigente toda su vida. Primero en juntas de vecinos, después en centros de madres y luego, a cargo de la organización aimara Pukara Mallku, cofundada por ella hace más de 15 años. También participó en el Consejo Nacional Aimara, donde fue vicepresidenta y luego presidenta, cargo que ocupó durante dos años, hasta el 2005.

“No me restrinjo a la defensa de un pueblo indígena en particular, porque al final de cuentas, la política pública es para todos en general. Muchas veces hemos tenido que unirnos, y así hemos participado unificando las demandas y propuestas. En algunas nos ha ido bien y en otras hemos tenido diferencias, que tienen que ver con las prioridades de cada pueblo”, asegura.

Cecilia estará el próximo 3 de enero en el seminario “Una propuesta para Chile: grandes proyectos con desarrollo territorial”, organizado por Valor Minero.

Hoy está 100% dedicada a la consultoría en temas indígenas, participando a través de mesas de consulta con distintas comunidades, principalmente, las que se ubican alrededor de los proyectos mineros.

Su visión en materia de política pública indígena es crítica. Por ejemplo, plantea que no se avanzó en cuanto a reconocimiento de derechos, en particular, del reconocimiento constitucional.

“Ha sido muy poco lo que se ha hecho en temas de derechos indígenas en el actual gobierno, porque en la anterior gestión (de Bachelet) tuvimos la ratificación del convenio 169 de la OIT (2008)”, dice. Este convenio internacional establece el deber para el Estado de consultar las medidas legislativas y administrativas que podrían afectar a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos de consulta. “Debe hacerse la consulta previa para evitar conflictos”, dice la dirigente. “Es importante desde que aparece la idea, para poder entenderlo, porque una vez que está todo avanzado, la gente se siente pasada a llevar, y ahí empiezan los problemas”, asegura.

“Es necesario que los gobiernos pongan énfasis y seriedad al trabajo de los pueblos indígenas, para compatibilizar sus demandas con la demanda de desarrollo económico que se plantea”, dice.