El 3 de octubre de 2016 es una fecha difícil de olvidar. Aquel día lunes, la ex fiscal y directora del Servicio Nacional de Menores (Sename) desde julio del año pasado, Solange Huerta, dio a conocer el informe que reveló que 1.313 niños habían muerto en un periodo de once años, bajo el amparo del Estado. La crisis estaba desatada. Meses antes, en abril de ese mismo año, encontraron muerta a Lissette Villa, una niña de once años, residente en un centro de Santiago. Lo primero que se dijo sobre esa muerte fue clave. Esas palabras, dichas por la entonces directora Marcela Labraña, son imposibles de borrar: “Lissette murió de pena”. Ese fue, quizás, el primer indicio de que algo estaba mal.

Lissette era una menor de alto riesgo. Un informe de la PDI, al que tuvo acceso Qué Pasa en agosto de 2016, dio cuenta de que fue el mal manejo de su última crisis, a cargo de dos funcionarias, lo que desencadenó su muerte. Pero ese era sólo el comienzo. Luego vendría el informe con más de mil niños muertos, los funcionarios con nula capacitación —y peligrosamente sobreexplotados— y, entre otras cosas, las deudas millonarias a centros colaboradores del Sename.

“Mientras no entendamos que el problema que viven los niños es la violencia y que requerimos de un sistema especializado, esto va a seguir”, dice la directora de Corporación Opción.

Antes de que el año terminara, Solange Huerta admitió una deuda de $8.701 millones a distintos organismos privados encargados de atender, con urgencia, a menores derivados desde Tribunales de Familia. En julio de este año, al menos tres de los centros con más niños en Chile dieron un ultimátum al Sename: o les pagan o no podrán seguir recibiendo menores. Sin embargo, hasta la fecha, dicha deuda no ha sido saldada.

María Eugenia Pino, secretaria de la Asociación Gremial de Instituciones de Infancia y Adolescencia (Ainfa), organización que alberga a gran parte de esos centros, asegura que las deudas siguen existiendo:

—En general, se han pagado deudas antiguas, históricas, pero se siguen acumulando nuevas. El total no ha sido cancelado.

Desde la Corporación Opción, que recibe más de 5.700 niños al año derivados por urgencia desde tribunales, cuentan que se pagaron deudas de años anteriores, pero que, desde agosto de este año se dejó de pagar. Eso ha significado, dicen, devolver a menores a tribunales para que sean atendidos en otros centros y que profesionales, que ya realizaron las atenciones reciban bonos diferidos.

Desde los centros aseguran que la situación no ha cambiado. Si bien se han hecho anuncios y pequeñas modificaciones, el diagnóstico, dicen, sigue siendo errado. Consuelo Contreras, directora de Opción, lo explica:

—Mientras no entendamos que el problema que viven los niños es la violencia y que requerimos un sistema altamente especializado para atender menores que vivieron situaciones graves, esto va a seguir, aunque mejoremos la “hotelería”.

Si bien no hubo muchos, uno de los grandes anuncios de este año fue el proyecto de ley que divide al Sename en dos: mientras los infractores a la ley quedarían a cargo del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social deberá enfocarse en los menores que han sido vulnerados. Sin embargo, la tramitación de esa reforma será una tarea —y desafío— que quedará a cargo del nuevo gobierno.

Consuelo Contreras cree que ese proyecto es una respuesta acertada, pero que sólo resuelve un problema administrativo:

—Hasta ahora sólo se ha priorizado en justicia juvenil y los recursos han estado allá, y está bien, pero tener dos servicios permitirá que se mire también a los niños en la línea de protección y que se requieran mayores recursos. El Sename se tiene que modernizar y tener una relación público-privada mucho más estratégica. Hay que hacer un trabajo más colaborativo y un plan de desarrollo institucional que apunte al verdadero problema, que es la violencia, o no vamos a resolver nada.

Pocas cosas están claras sobre el Sename y la crisis que afecta a los niños más pobres de Chile. Una, eso sí, es indudable: el desafío es impostergable.