Con Cataluña semiparalizada el martes  por el paro en protesta por las cargas policiales del pasado domingo en el referéndum secesionista suspendido por la justicia, el rey Felipe VI salió en defensa de la unidad nacional y del Ejecutivo central y dijo que el Estado actuará para preservar la Constitución.

“Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía”, dijo el jefe de Estado en una declaración extraordinaria desde el Palacio de la Zarzuela.

En una intervención retransmitida por todos los medios nacionales, el monarca acusó al gobierno catalán de “deslealtad” y de socavar la convivencia y la división social tras vulnerar “sistemáticamente” las leyes.

Mientras el Ejecutivo catalán estudia una hipotética declaración unilateral de independencia, el gobierno central pondera si aplica o no el artículo 155 de la Constitución que permite adoptar medidas drásticas para proteger el interés general si una región incumple sus obligaciones o actúa en contra del interés general.

La declaración institucional del Rey, quien admitió explícitamente que “vivimos momentos muy graves para nuestra vida democrática”, muestra la gravedad del problema ya que no es habitual su comparecencia extraordinaria - al margen del discurso anual- limitada a circunstancias muy especiales, la más sonada la de su padre Juan Carlos I, en el fallido golpe de estado de hace 36 años.

El monarca no mostró ninguna fisura con el gobierno central, al referirse al “inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña” por parte del gobierno regional, al que acusó de situarse “totalmente al margen del derecho y de la democracia”.

En un país con un sentimiento republicano presente, para algunos observadores la intervención del jefe del Estado puede ser una excusa más para la causa independentista, que ya ha utilizado las cargas policiales del domingo para sumar adeptos.

En su tercer año de mandato, el Monarca ha tenido que lidiar con dos de las crisis políticas e institucionales más importantes de la democracia: la falta de gobierno durante más de un año y la crisis con Cataluña.

Además, tuvo que bregar con una ruptura institucional con su hermana, la Infanta Cristina, tras retirarle el ducado de Palma cerca del juicio del caso Nóos que investigó a su marido, Iñaki Urdangarín, sentenciado a seis años y tres meses de cárcel por malversación y tráfico de influencias, entre otros delitos.