Desde que pisó Chile en octubre de 2016, el miedo de Wilther Pierre-Louis era que lo expulsaran. El ingeniero civil de 27 años había llegado al país desde Haití como turista y estaba dispuesto a todo. Dado que necesitaba firmar un contrato para regularizar su situación y obtener la residencia temporaria, y no encontraba trabajo, le compró a un amigo un contrato falso.

Ahí empezó su pesadilla. La entrega de la visa se le entrampó, y necesitaba sobrevivir.

En la parroquia San Saturnino, en el barrio Yungay, conoció a Rosario, quien le habló de una “pega” como garzón en un restorán en Purén. Wilther no lo pensó dos veces y partió al sur. Sin embargo, las promesas que le hizo el dueño del restorán nunca se cumplieron.

Trabajaba hasta 17 horas diarias y le daban comida una vez al día; no le pagaban sus remuneraciones, ni tenía horas de descanso. Su empleador nunca le hizo contrato ni le pagó las cotizaciones.

No pagar las cotizaciones y las remuneraciones ni entregar contrato junto al trabajo de horas extraordinarias lideran la lista de las violaciones a la normativa laboral en estos últimos tres años.

Pero al no tener una visa de trabajo pensaba que estaba ilegal, por lo que no se atrevía a denunciar. El dueño del restorán, Juan Carlos Garrido, requisó su pasaporte y lo amenazó con que lo acusaría a la PDI. Por eso Wilther hizo de todo: desde cocinar hasta cargar y descargar mercancía. Los fines de semana, en que se organizaban matrimonios, trabajaba incluso desde las 9 hasta las 5 de la mañana.

—Me sentía como un animal, un esclavo—dice desde su casa en Estación Central, donde vive con su primo.

—Ese empleador contrataba sólo trabajadores extranjeros porque sabía que los podía explotar. Vino a Santiago desde Purén a buscar haitianos. Y llegó precisamente a la parroquia San Saturnino, lo que confirma el objetivo de esta búsqueda —denuncia Tomás Greene, abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica que llevó su caso.

Wilther trabaja hoy en una cafetería en Providencia, mientras busca regularizar su situación.

—La dueña es cariñosa, respetuosa. Me da día libre y me respeta la jornada laboral de ocho horas —dice contento.

La sentencia fue dictada el 21 de junio y le dio la razón a Wilther. Sin embargo, Garrido presentó un recurso de nulidad en la Corte de Temuco. Los alegatos de este recurso fueron hace un par de semanas.

—Al empleador sólo le queda la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte Suprema, pero si lo hace, veo muy difícil que pueda prosperar—explica Greene.

 

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Aunque las denuncias de inmigrantes por vulneración a la normativa laboral representan menos del 5% del total nacional, entre 2015 y 2016 aumentaron casi un 40%, llegando a 4.128, mientras que las de los chilenos disminuyeron casi un 2%, alcanzando 52.083 denuncias, según cifras de la Dirección del Trabajo. Del total de denuncias interpuestas por los trabajadores, las de los extranjeros pasaron de representar un 2,5% en 2016 a 3,5% en julio de este año.

Los inmigrantes latinoamericanos son los que más reclaman por sus derechos, especialmente las comunidades peruanas, colombianas y bolivianas, las cuales lideraron la lista entre 2015 y 2016.  A julio de este año, los haitianos pasaron al segundo lugar. En ese periodo fueron los venezolanos y haitianos, la cuarta y quinta comunidad con más denuncias, los que más aumentaron sus quejas: 221% y 90%, respectivamente.

El no pago de las cotizaciones, seguido del incumplimiento del pago de las remuneraciones y de la entrega de contrato individual de trabajo y el trabajo de horas extraordinarias lideran la lista de las violaciones a la normativa laboral en estos últimos tres años. Eso sí, las denuncias que, por lejos, más han crecido en este lapso de tiempo son las de discriminación por nacionalidad de los trabajadores.

Las actividades más denunciadas no están especificadas. Sin embargo, en segundo lugar están los hoteles y restaurantes, comercio, actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler.

El incremento de las denuncias ha ido de la mano con la exponencial llegada de haitianos a Chile. Según el Departamento de Extranjería, la solicitud de visas a inmigrantes haitianos, entre 2005 y 2016, creció un 328%. En tanto, la visa temporaria por motivos laborales, que es la visa de trabajo, aumentó un 224% entre 2015 y 2016.

Pablo Valenzuela, director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), dice que el 80% de las personas que migran lo hacen con el fin de buscar trabajo. Cuestiona la situación legal de que el estatus migratorio- jurídico y el trato que puede exigir ante los servicios púbicos dependan de que haya un tercero, un privado, que haga el contrato al inmigrante para poder regularizarse.

—El hecho de que los empleadores tengan la llave de su regularización es un incentivo para el abuso. Llegas a hacer lo que sea —dice desde su oficina en Santiago Centro.

En esta misma línea, Tomás Greene sostiene que la preponderancia del contrato da pie para aprovechamiento de parte de los empleadores, como en el caso de Wilther.

Explica que cuando no hay contrato escrito, si es que se prueba la existencia de una relación laboral, el trabajador siempre va a poder ir a la Inspección del Trabajo y exigir sus derechos. Pero no todos se atreven o soportan demasiado los malos tratos, porque necesitan el trabajo.

—El problema es que la informalidad dificulta el tema probatorio. Por ejemplo, en un restorán si un trabajador está cansado de los abusos y quiere llevar su caso a juicio, necesita de testigos, porque no tiene contrato que compruebe eso. Probablemente el colega —más aún sin contrato— no estaría dispuesto a testificar, dice.

Su diagnóstico es que el problema no es la ley laboral, que protege a chilenos y extranjeros por igual, sino el contexto de discriminación y racismo, una ley migratoria que data de 1975, y una institucionalidad que no da abasto para entregar visas con agilidad, y que dificulta la inserción.

Desde la Dirección del Trabajo dicen que los abusos laborales, si bien son transversales a chilenos y extranjeros, los haitianos son más propensos a ser maltratados porque no tienen el dominio del idioma, por la desinformación de sus derechos.

 

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Desde que llegó a Chile hace un año y medio, Jeff Bazil (27) ha visto directamente abusos laborales a sus compatriotas, por discriminación, pero principalmente porque no se supieron adaptar con la misma rapidez que él. En un café colindante a la iglesia San Francisco, conversa sobre su experiencia laboral en el país. En Haití era profesor de literatura y psicología social. Hablaba español y decidió venirse a Chile buscando oportunidades.

Encontró trabajo en la empresa Metalúrgica del Maipo, en Lo Espejo. Trabajó como soldador desde junio a noviembre del año pasado y ahí fue testigo de la discriminación y el bullying psicológico que sufrían algunos de sus pares haitianos.

Los reclamos de venezolanos y haitianos— la cuarta y quinta comunidad de inmigrantes con más denuncias de abuso laboral—fueron los que más aumentaron entre 2015 y 2016: 221% y 90%, respectivamente.

—Algunos de los trabajadores chilenos empezaron a descalificar a mi compatriota porque le costaba más adaptarse y era más lento —dice Jeff. No quería ser un cómplice y renunció.

Más tarde se empleó en una empresa dedicada a la construcción, Infraestructura y Minería, donde ve cómo los haitianos son obligados por los jefes de línea a trabajar por más horas por más plata. Si se rehusaban les quitaban la oportunidad de las horas extras.

Según la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en un año se ha duplicado la tasa de participación de los trabajadores inmigrantes en el sector: de 3,5% en 2016 pasó a 6,7% en abril de 2017. Después de los peruanos (52,5%), los haitianos son la segunda fuerza en este sector (18,1%).

En este contexto, los trabajadores chilenos ganan, en promedio, 7,5% más que sus pares inmigrantes en el sector.

Javier Hurtado, jefe de estudios de la CChC, lo atribuye a que los chilenos ocupan puestos más altos, como capataces, pero que por la buena formación con que vienen los inmigrantes serían capaces de ascender rápido.

Tanto desde la Sociedad Nacional de Agricultura como de la CChC defienden el trato laboral igualitario de chilenos y extranjeros y condenan los abusos y malas prácticas. Enfatizan que sólo emplean a inmigrantes con sus papeles y cotizaciones al día —es decir, con contrato— pues de lo contrario es ilegal.

Un desafío para la integración.