“LUMACO ES UN POLVORÍN”. Así titulaba su portada, con letras rojas,  el Diario Austral de Temuco. Era diciembre de 1997 y tres camiones quemados en la zona norte de La Araucanía marcaban el primer atentado a transportistas en la historia reciente del conflicto mapuche. Desde ese titular, han pasado casi veinte años en que ya van más de 280 camiones y máquinas forestales destruidos por las llamas; varios muertos entre mapuches, carabineros y colonos, y, por cierto, demasiadas propuestas que han terminado en los escritorios de la Intendencia de La Araucanía. Con mucho polvo y, al parecer, poca voluntad política para materializarlas. O perdidas en el pelea retórica sobre si lo que sucede cabe o no en las definiciones jurídicas y sociológicas de “terrorismo”. Todo eso en un contexto de pobreza y marginalidad histórica, que ha transformado a la zona del conflicto en un ícono de precariedad y bajos índices de desarrollo.

Luego de dos décadas de deterioro, la situación parece seguir empeorando. En sólo diez días, 47 camiones fueron quemados, 18 al sur de Temuco y 29 en San José de la Mariquina, en la Región de Los Ríos.  Todos ellos, según la interpretación de quienes investigan este tipo de hechos, como una medida de presión por el emblemático caso que hoy  se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco: el juicio contra once personas acusadas por el crimen contra el matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, ocurrido la madrugada del 4 de enero de 2013 en una zona rural de la comuna de Vilcún.

Desde la última quema de camiones en San José de la Mariquina, el tema ha escalado más allá de lo policial. Sobre todo, luego de las declaraciones del fiscal nacional Jorge Abbott, quien puso la mira en los empresarios y, en cierta medida, los responsabilizó de los hechos por no establecer mayores medidas de seguridad. Sus dichos, respaldados por el ministro del Interior, Mario Fernández, no fueron bien recibidos por los gremios del transporte. Varios lo interpretaron como un impulso a la autodefensa y otros, derechamente, como una afrenta. Hoy los camioneros analizan la posibilidad de un paro nacional, con un ultimátum de siete días para que el gobierno tome medidas. Una de sus demandas es la instauración de un delegado presidencial permanente en la zona más compleja.

En la zona, los dichos de Abbott tampoco cayeron bien. Esto, porque gran parte del trabajo de los fiscales se basa en la cooperación que puedan entregar las víctimas.

En ella, los dichos de Abbott tampoco cayeron bien. Esto, porque gran parte del trabajo que realizan los fiscales en el área roja del conflicto —desde el sur del Biobío hasta el norte de la Región de Los Ríos— se basa en la cooperación que puedan entregar las víctimas. En lugares en los que no existen cámaras de seguridad ni demasiados testigos directos de los hechos —y que cuando los hay, están atemorizados—, los datos que entregan quienes sufren este tipo de actos suelen ser lo único con lo que cuentan los investigadores. “Está mal asesorado (el fiscal Abbott)”, dicen fuentes cercanas al Ministerio Público. Otros sostienen que las declaraciones del fiscal nacional están en línea con lo que ha sido el estilo de su administración: siempre cercano al gobierno de Michelle Bachelet.

“Es un tema netamente político, nada más. Están alineados para responsabilizar a un sector y no asumir la responsabilidad que les corresponde a ellos”, dice Alejo Apraiz, dirigente de la agrupación de víctimas del conflicto. El problema, en todo caso, es bastante más complejo que las salidas comunicacionales del fiscal Abbott.

 

Territorio rebelde

Llevan poco tiempo en la agenda pública, pero se han encargado de darse a conocer a punta de atentados y violencia. Su foco principal son las iglesias y los camiones de las empresas forestales. Y su imagen corporativa ya es clara en La Araucanía: un fusil cruzado por una lanza. Se trata del grupo Weichan Auka Mapu (territorio rebelde en lucha), el que desde abril del año pasado se han adjudicado casi 40 ataques incendiarios y sabotajes, 24 de ellos en contra de templos católicos y evangélicos. Son los nuevos actores en el violento escenario de La Araucanía. La agrupación, por cierto, se ha adjudicado los últimos atentados ocurridos en Temuco y San José.

Los investigadores apuntan, también, a la forma de operar de la agrupación: los análisis sugieren que se dejó la territorialidad acotada y se amplió el rango de acción. Han aparecido rastros de Auka Mapu desde Arauco hasta Los Ríos y la tesis de los investigadores es que, si bien hay líderes en las comunidades más radicalizadas que participan de los ataques, también existe un grupo que se moviliza en el territorio y transporta el armamento. La prueba más tangible de esa teoría es una pistola Famae 9 mm incautada en la zona de Arauco. Luego de los peritajes, se estableció que el arma fue usada en siete ataques diferentes, incluyendo el homicidio de los Luchsinger. La evidencia, según la fiscalía de La Araucanía, dio credibilidad a la declaración de José Peralino, testigo clave en el caso, quien delató —inicialmente, aunque luego se desdijo y acusó presiones— al grupo de once detenidos que hoy enfrentan el emblemático juicio. Los persecutores incluso trataron de ingresar el arma como prueba a esta causa, pero el tribunal la rechazó, argumentando que ya era demasiado tarde para hacerlo (el juicio había comenzado) y que no daba tiempo a las defensas para preparar el contraargumento.

 

Tormenta perfecta

Pero los antecedentes recogidos por la inteligencia de las policías no dan para detener a los involucrados. Según las fuentes consultadas, hay dudas respecto de los procesos judiciales e investigativos que atentan en contra de las investigaciones. Y la forma de actuar de la policía es uno de ellas. El principal problema es la extrema dificultad para traducir la información residual de inteligencia en pruebas dignas de ser presentadas en un juicio oral por los fiscales. Estos, a su vez, tratan de no arriesgarse con casos débiles. Sobre todo, en una jurisdicción conocida por ser garantista con los imputados mapuches. De esa forma, al menos, lo reconocen extraoficialmente fiscales y abogados.

—Y se entiende —argumenta un profesional que pidió reserva de su nombre—. Los jueces son personajes conocidos. Las audiencias son públicas. Son personas que viven en las mismas ciudades o pueblos donde trabajan. La mayoría no tiene protección policial. Es obvio que se tienen que cuidar y no exponer.

Ese tema cobró fuerza con los ataques a tribunales. El último de ellos ocurrió en mayo de este año, cuando un grupo de comuneros mapuches causó destrozos al interior del Juzgado de Garantía de Collipulli, y atacó a un fiscal y dos gendarmes. Desde el Poder Judicial desmienten permanentemente que apliquen criterios diferentes o se encuentren amedrentados.

Es posible distinguir a tres grupos que apuntan más o menos a lo mismo: reconocimiento constitucional como una nación diferenciada.

Cada orden de allanamiento o detención, sin embargo, debe ser justificada en extremo por los persecutores, quienes reconocen que es evidente que las exigencias son mayores para este tipo de delitos que para los comunes.

A lo anterior se suma que no existen herramientas legales especiales que faciliten el trabajo investigativo en terreno. La actual legislación antiterrorista chilena no contempla, por ejemplo, la figura del agente encubierto, como sí lo hace la Ley de Drogas o la de Trata de Personas.

Las fuentes consultadas dicen, también, que existe poco piso político para que actúe la policía. Señalan que, al realizar procedimientos en las comunidades, deben tener sumo cuidado de no provocar conflictos mayores. Que utilizan balas de goma para enfrentarse a personas armadas con proyectiles de verdad. Y, por último, que prefieren pagar el costo de dejar un procedimiento a medias que el de un policía o un mapuche muerto.

El último hecho de este tipo ocurrió en junio de este año, cuando Fuerzas Especiales ingresó a la comunidad de Temucuicui en Ercilla. A minutos de entrar, con una orden de detención por un delito común, comenzaron a circular en redes sociales mensajes que aseguraban que la policía había lanzado gas lacrimógeno en la escuela de la comunidad. Las reacciones de rechazo no se hicieron esperar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) puso un recurso de amparo y el gobierno, a través del subsecretario Mahmud Aleuy, ordenó a la policía uniformada iniciar una investigación para aclarar los hechos.

Al final, el recurso de amparo fue rechazado por la Corte de Apelaciones, que acogió los descargos de los policías, quienes aseguraron haber respondido a un ataque armado y no haber lanzado lacrimógenas a la escuela. El humo de ellas, afirmaron, fue llevado por el viento hacia allá.

El fenómeno, además, se ha extendido a otras áreas delictuales, e incluye acusaciones de robos de autos, abigeato e, incluso, tráfico de drogas. Así, las investigaciones se complican cada vez más, y la única fiscalía que ha reaccionado es la de La Araucanía. En ella funciona desde 2015 una Fiscalía de Alta Complejidad enfocada en este tipo de casos, que tiene su causa más importante en el juicio contra los once acusados por el caso Luchsinger–Mackay.

Con todo, no es de extrañar que durante este año no existan detenidos por investigaciones profundas; todas las causas generadas en 2017 en la IX región han sido con detenidos en flagrancia. El fiscal de San José de la Mariquina (en la Región de Los Ríos), Alejandro Ríos, da algunas luces de estas complejidades y reconoce que todos están en deuda en este tema:

—Todos tenemos que mejorar nuestros procesos, partiendo por la fiscalía y su labor de coordinación del trabajo con las policías; y las policías para optimizar los resultados en este tipo de causas, mucho más complejas que las normales. Yo creo que estamos un poco al debe, pero no sólo las policías, sino también el Ministerio Público. Yo entiendo que es muy complejo investigar este tipo de delitos, pero creo que debiera mejorarse el nivel de obtención de información, para que pueda transformarse en pruebas en los juicios.

 

La mesa coja

Han existido varios intentos de darle salida al tema. Casi todos los gobiernos, desde el retorno de la democracia, han realizado esfuerzos para poner paños fríos al conflicto y bajar los altos niveles de violencia. Pero ninguno ha llegado a buen puerto.

La última propuesta fue el Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía, impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet. El proyecto, que incluye tres grandes áreas —reconocimiento cultural, desarrollo productivo y apoyo a las víctimas—, nació luego de las conclusiones de la mesa de diálogo instaurada el año pasado, que tuvo al obispo de Temuco, Héctor Vargas, como líder de la iniciativa y articulador de consenso entre sus integrantes.

“Creemos en un Estado unitario, descentralizado y multicultural, que reconozca que existimos pueblos diferenciados”, dice Hugo Alcamán, del directorio de la Corporación de Profesionales Mapuche.

Pero desde el principio la mesa fue cuestionada, principalmente porque faltaron dos referentes claves en todo proceso de conversación sobre el tema: las agrupaciones de víctimas y los grupos más radicalizados. De hecho, hubo intentos de integrar a Héctor Llaitul, pero no prosperaron.

El obispo Vargas valora la instancia y las propuestas que salieron de ella:

—Fue una instancia de aprendizaje, y un ejercicio muy positivo. Estábamos conscientes de que La Araucanía, por medio de esta instancia, necesitaba constatar que algunos de sus líderes políticos, culturales, sociales, gremiales, empresariales, religiosos y académicos, sí podían, aun en su diversidad, llegar a acuerdos a favor de distintos anhelos de la región, tanto históricos como actuales.

Sobre su grado de efectividad en la solución del conflicto, o en bajar la violencia en la zona, el obispo cree que dependerá de la fuerza de cada gobierno para materializar las propuestas de la mesa.

 

Un estado plurinacional

Los que conocen la interna del movimiento mapuche en la zona sostienen que es posible distinguir a tres grupos, que apuntan más o menos a lo mismo: más allá de la recuperación de tierras, el objetivo es lograr un reconocimiento constitucional como nación diferenciada, que transforme a Chile en un Estado plurinacional. Estos grupos se diferencian entre sí por la forma de operar. Unos están por la promoción de actividades violentas y de sabotaje; otros por el cauce no violento, aunque fuera del sistema de participación política tradicional; y, finalmente, los que buscan estos objetivos a través de los partidos políticos y la participación en elecciones.

¿Pero qué se entiende por “Estado plurinacional”? Según Hugo Alcamán, miembro del directorio de la Corporación de Profesionales Mapuche, Enama, es trascendental que exista un reconocimiento constitucional.

—Sólo pedimos lo mismo que dicen las Naciones Unidas o la OIT. Chile ha ratificado y suscrito estos compromisos, y luego no se aplican. El reconocimiento constitucional acreditaría nuestra existencia como pueblo diferenciado dentro del mismo Estado. Creemos en un Estado unitario, descentralizado y multicultural, que reconozca que existimos pueblos y naciones diferentes al pueblo-nación chileno. El problema es que aún imperan paradigmas que hablan de un solo Estado y una nación, cuando en el resto del mundo ese concepto es parte del pasado.

Lo anterior sería el sustento del concepto de plurinacionalidad, lo que en la práctica significaría elevar el estatus político de los mapuches, otorgándoles cierto nivel de autodeterminación y asegurándoles una participación política a través del parlamento. También el reconocimiento del idioma mapudungun como oficial.

La corporación que lidera Alcamán estuvo en la mesa impulsada por el gobierno, pero se retiraron días antes del cierre, debido a que no se incluyó el tema del reconocimiento constitucional y plurinacionalidad. —Hubo un acuerdo de todos los participantes de incluir el concepto de Estado unitario, plurinacional, multicultural y descentralizado —dice Richard Caifal, representante de Enama en la mesa—. Pero cuando nos remitieron el documento final esa frase ya no aparecía. Ahí manifestamos nuestra disconformidad, y obviamente no existían las garantías para continuar siendo parte de la instancia.

El punto es que, según ellos, de existir una salida política de este tipo, los grupos violentos se quedarían sin argumentos, y se desactivarían el sabotaje y la quema. La propuesta que salió del gobierno no es del agrado de la agrupación y, al parecer, tampoco de los colectivos radicalizados.

La intendenta de La Araucanía, Nora Barrientos, le da su apoyo a la participación de la mesa y le baja el perfil a las críticas.

—La mesa mostró resultados objetivos. Fue capaz de convocar a actores muy diversos, aunque siempre pueden existir actores que manifiesten molestia. La mesa conversó con muchísima gente, por lo que poner en cuestionamiento su formación, luego de que generó una propuesta maciza, no viene al caso.

Sobre la posibilidad de un reconocimiento constitucional, la intendenta dice que eso siempre ha estado en la agenda del gobierno, y que hay en marcha un proceso de consulta para definir formas de participación efectivas de los pueblos indígenas.

Otro elemento del Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía es la existencia de un fondo de $3.000 millones para las víctimas. Pese a que es primera vez que se contemplan indemnizaciones del Estado, los actores más relevantes tampoco están de acuerdo. Por un lado, sostienen que los dineros no alcanzarán para todos y que el procedimiento para acceder a los recursos es demasiado engorroso . Y, por otro, apuntan a la incertidumbre sobre quiénes serán considerados víctimas, ya que dicen ser parte de una persecución policial y estatal que les ha provocado daños cuantificables.

Mientras, el olor a humo de las últimas quemas sigue en el aire. Veinte años después del primer ataque, el polvorín de Lumaco se ha extendido casi hasta el Calle Calle por el sur, y al Biobío por el norte. Y pareciera que no se detendrá.