Marcela Zúñiga (46) nunca ha tenido una vivienda propia. Su vida ha sido un constante divagar por diferentes hogares: por años vivió donde su madre, hasta que el espacio se hizo pequeño para ella, su marido y sus dos hijos. Por eso aceptó vivir en la junta de vecinos de la Población Santiago, en la comuna de Estación Central, hace nueve años. A cambio de techo, su familia cuidaba el lugar. Fueron años duros, en medio de balaceras y rodeada de narcotráfico. Cuando su tía le abrió las puertas de su casa un par de años después, en la Población Los Nogales, no dudaron en irse.

Sus paredes de latones y maderas se transformaron, con el paso de los años, en cimientos sólidos y coloridos. La diversidad de materiales refleja el cambio generacional, la venida de mejores tiempos. Hoy en día viven 12 personas, pero llegaron a habitarla 30. Un baño lo usan entre 10. Duerme con su marido y uno de sus hijos en la misma pieza. Al lado, su hija y sus tres nietos.

Marcela es costurera. A un costado de la cocina tiene algunos vestidos típicos colombianos, para la celebración de Fiestas Patrias en un colegio de la comuna. Hoy puede hacerse el tiempo para conversar. Seis años atrás, quizás no. En esa época, había noches en que cosía hasta las 4 a.m. para poder asistir a las asambleas del movimiento Ukamau, una de las organizaciones comunitarias más antiguas de Estación Central, que nació en los 80 como resistencia al régimen militar. Por años hicieron preuniversitarios populares y talleres culturales, que les permitieron a algunos pobladores entrar a la universidad. Esos mismos profesionales —como Doris González, trabajadora social y candidata independiente por el distrito 8, al alero del Frente Amplio, y su marido sociólogo, Aland Castro,— quisieron, casi treinta años después, “devolverle la mano a la sociedad”. Hoy en día Ukamau cuenta con 1.500 familias en Santiago, y sólo en Estación Central, con más de 800.

—Cuando vivía en la Población Santiago conocí a Doris González, dirigente y vocera del movimiento, y a la organización, dice Marcela.

En 2010 tuvieron una idea: ¿Y si formaban un comité de vivienda y agrupaban a todos los pobladores sin casa de Estación Central?

 

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A la primera reunión, en febrero de 2011, llegaron sólo 12 personas. La casa Ukamau, ubicada en la Población Santiago, en el límite sur de Estación Central, se convirtió en el centro de operaciones.

Ese día se expusieron los resultados de un catastro que habían realizado sus dirigentes: en las principales poblaciones de la comuna había cerca de 500 familias sin casa.

—La principal demanda no satisfecha en Estación Central era la vivienda y el hacinamiento. Por eso, la gente se movilizaría —dice el coordinador nacional de Ukamau, Aland Castro.

Para esa fecha, los dirigentes se habían enterado de un terreno abandonado de aproximadamente 43 hectáreas en la antigua Maestranza San Eugenio, que era propiedad de Empresas de Ferrocarriles del Estado (EFE). Ese espacio baldío, donde solían repararse los trenes, tenía una ubicación estratégica: a un kilómetro de la Alameda y cerca de tres estaciones de metro. El primer paso era conseguirlos.

“No es un modelo replicable, porque en general los comités no tienen las capacidades técnicas que se requieren para desarrollar un proyecto”, dice una alta fuente ligada al Serviu del gobierno de ese entonces.

En dos meses ya habían llegado más de 60 familias a la casa Ukamau, y el grupo fue creciendo. Como resultado, se crearon cinco comités de viviendas para postular a un total de 424 familias. Comenzaron a reunirse todas las semanas a las 20:30 horas, de lunes a sábado. Una vez al mes se congregaban todos en un congreso general. Buscaban quedarse en la comuna.

—Nuestros bisabuelos llegaron del campo a habitar esta zona. Reclamamos un derecho histórico —explica Castro.

Para concertar una reunión con la alta dirección de EFE, Ukamau se hizo pasar por una inmobiliaria, por medio de una carta. De esta manera se enteró de que la inmobiliaria de la compañía, Invia, tenía la intención de vender los terrenos. Pero cuando mandaron la segunda carta, con la verdadera identidad e intenciones del movimiento, desistieron de recibirlos.

Entonces, Ukamau se tomó la estación de trenes. Tras varias conversaciones, EFE les comprometió la venta de 2,6 hectáreas para la construcción del Proyecto Habitacional Maestranza de Estación Central, que hoy es parte del Plan Mestro del Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanización). La expropiación vendría tres años después.

 

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Desde 2011 que los pobladores de Ukamau se movilizaron de forma constante. Pero sin un equipo profesional de arquitectos era difícil convencer al gobierno. Fue así como contactaron, por medio de uno de sus alumnos en la Universidad Arcis, al premio nacional de Arquitectura, artífice de las Torres de Tajamar y la villa La Reina y ex rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco.

Durante tres años, los arquitectos de la oficina de Castillo trabajaron sin pausa, a pesar de la incertidumbre del proyecto. Al año siguiente, Fernando Castillo murió, pero dejó los esbozos del proyecto base.

—Íbamos a las asambleas cada quince días. Les presentábamos los avances del proyecto y recibíamos sus observaciones, hasta que llegamos al proyecto que ellos querían —recuerda su hijo Cristián, quien trabaja con ellos hasta hoy.

Fue el gobierno de Sebastián Piñera el que les dio el empuje final.

En 2012, Ukamau fue parte del proceso de mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y otras organizaciones de pobladores, con el fin de desarrollar un nuevo decreto que regulara la vivienda social en Chile. Ahí se puso en el tapete el concepto de la autogestión.

“La principal demanda no satisfecha en Estación Central era la vivienda. Por eso la gente se movilizaría”, dice el coordinador de Ukamau.

—Me hacía sentido que los pobladores se pudieran organizar y gestionar sus proyectos para que las utilidades se pudieran reinvertir en un mejor proyecto —explica Guillermo Rolando, jefe de división de la política habitacional del Minvu durante el gobierno anterior.

—Esto de construirse las propias casas no existía. La autoconstrucción es muy distinta a la autogestión —dice. Guillermo recuerda esas primeras conversaciones como una especie de lucha ideológica: ponerlo en la mesa era rupturista, porque había prejuicios sobre las capacidades internas de los pobladores de generar un proyecto de tanta complejidad y de gestionar montos altos.

Desde el gobierno de Ricardo Lagos que los proyectos habitacionales de vivienda social se desarrollaban con la asistencia de Entidades de Gestión de Inmobiliaria Social (EGIS). Pero en ese entonces estaban en crisis, cuestionadas por negligencia y corrupción. El gobierno de Piñera decidió eliminarlas y modificar el Decreto Supremo 49, agregándole un artículo que permitía la autogestión.

Ese mecanismo —que se eliminó en el gobierno actual— fue la ventana que le permitió a Ukamau organizar los comités de vivienda, decidir cómo y dónde querían vivir, administrar los subsidios, e informarle a la gente de los avances, sin la interferencia de un tercero.

El argumento detrás era que el dinero que se ahorrarían por no contratar a una EGIS se reinvertiría en más metros cuadrados para los departamentos: de 55 pasarían a tener 62.

—Este es el primer caso desde el golpe de Estado en que hay un proyecto de vivienda social que surge de la demanda y no de la oferta, desde las bases mismas, que demanda una solución y que lleva consigo una solución —dice el hijo del arquitecto, Cristián Castillo.

Desde el Serviu de la administración anterior tienen una mirada más crítica:

—No es un modelo replicable, porque en general los comités no tienen las capacidades técnicas que se requieren para desarrollar un proyecto —dice una alta fuente ligada al Serviu del gobierno de entonces. El ex funcionario argumenta que el problema es que el comité se transformaba en juez y parte:

—Las familias, al postular, deben tener una contraparte que vaya verificando que los antecedentes que presentan son los correctos y, después de esa gestión, se envían al Serviu. En los proyectos autogestionados ellos mismos validan su información legal, y después el Serviu tiene que asumir la responsabilidad de la revisión de sus antecedentes —asegura.

Por su parte, el urbanista Iván Poduje, socio de Atisba, dice que esta autogestión “asistida” puede ser problemática, pues los comités logran, por medio de presión política o tomas de terreno, que el Estado les asigne a ellos esos terrenos y no a otros postulantes que tienen prioridad por carencia social, “pasando a llevar” a esas familias.

De una opinión crítica es también Alberto Pizarro, actual director del Serviu, quien lideró la compra de los terrenos a EFE en 2014. Dice que el proceso ha sido difícil, por la beligerancia del movimiento y la falta de expertise técnica de su equipo.

Hoy la Maestranza San Eugenio es el mayor proyecto habitacional que el Serviu tiene a su cargo como entidad patrocinante, una figura que reemplazó a las EGIS.

Mientras habla, Pizarro camina por el terreno, que luce como un basural: casas desmanteladas, sillones desvencijados, bidones de vino vacíos, peluches y cocinas destartaladas. En marzo se inició un arduo proceso de desalojo de las familias que vivían en esas casas.

Pizarro explica que en los próximos meses comenzarán las obras. La construcción, a cargo de la empresa Loga, tendría un plazo de 15 meses.

 

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El antiguo colectivo San Alfonso, en la calle de ese nombre, fue la inspiración para este proyecto. Es un antiguo condominio, de principios de siglo XX, ubicado a varias cuadras de distancia, por la calle Raimundo Subercaseaux. Ahí sigue intacto desde hace casi 100 años un conjunto de edificios de cinco pisos, con un pequeño parque comunitario. En esos mismos departamentos vivían los obreros que trabajaban en las industrias aledañas. Siguiendo ese patrón arquitectónico, las nuevas viviendas tienen tres patios centrales, amplios pabellones continuos, estacionamientos y plazas interiores. Para algunos, un modelo a seguir. Para otros, uno discutible.