Lo decidió el 25 de julio, a las dos te la tarde en punto. A esa hora, una invitación del Ministerio de Interior entró al mail de Rodrigo Sandoval, y le informó que al día siguiente, a las diez y cuarto de la mañana, se haría un acto para anunciar un plan de regularización de niños inmigrantes. Él, que todavía era el director de Extranjería, había pedido que no lo hicieran, porque creía que no había antecedentes suficientes sobre la medida. Pero se hizo igual, y se enteró el día antes. Entonces supo que debía irse. “Entendí que no contaba con la confianza para seguir en mi puesto”, dice.

“El Estado tiene una relación inmadura con la inmigración, no se hace cargo de lo bien que podría hacernos. El debate ha sido cómo la contenemos y no cómo la potenciamos y ordenamos”.

Está sentado en un café de Providencia, ha pasado casi un mes de su renuncia, y el gobierno acaba de presentar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de migración, la demorada respuesta a la explosión migratoria en Chile, que podría reemplazar a la arcaica ley que rige el tema desde 1975. Hasta este miércoles, el día en que fue ingresado, dice Sandoval (43), no había asistido a ninguna reunión en que se discutiera, ni conocía una sola linea del proyecto.

Los problemas venían de antes —su desgastada relación con el subsecretario del Interior Mahmuh Aleuy, sus intentos previos de renuncia, su pugna con la dirección de la Policía de Investigaciones—, pero se acentuaron en febrero de 2016, cuando el entonces ministro del Interior Jorge Burgos presentó al gobierno un proyecto de ley basado en una propuesta que había hecho Sandoval y que se venía discutiendo desde 2014. En ella se establecía una institución nueva para regular la inmigración en Chile: un Servicio Nacional de Migraciones, que costaría 22 mil millones de pesos y buscaría hacerse cargo del tema en todo su espesor: trabajando en los países en que se generaba la migración, en las rutas de tránsito de los migrantes, y en su complicada inserción laboral en el país.

Ese servicio, que quitaba facultades a la Policía de Investigaciones y a Cancillería, nunca fue ratificado por el gobierno.

En cambio, este miércoles, a días de que la Cámara interpele al ministro Mario Fernández por el retraso de la ley, el gobierno despachó un nuevo proyecto. Entre sus puntos más importantes incluye el reconocimiento de los derechos  y deberes básicos de los inmigrantes, crea un registro nacional de extranjeros, un comité de ministros para coordinar las políticas en el área, y una nueva “visa de visitante”, que permitirá a los extranjeros ingresar al país a buscar trabajo con un plazo de un año renovable. Además, establece una lista de delitos que impedirán cualquier ingreso.

Sin embargo, el ex director de Extranjería, que acaba de ser fichado como vocero de temas migratorios por el comando de Carolina Goic, afirma que el proyecto es insuficiente, y que no crea la institucionalidad necesaria para que el Estado se haga cargo de la situación en su real dimensión. E insiste en que sin un servicio de migración que centralice  todos los esfuerzos y políticias, no habrá cambios reales.

—En Chile no existe una entidad responsable de la migración. Cuando se quema un campamento de migrantes, por ejemplo, el tema lo tienes que ver con la municipalidad, el Ministerio de Justicia, Desarrollo Social, Interior, Salud, y no sé cuántos más. Lo mismo con cualquier otro problema de los migrantes. Este es un tema multidimensional, tú no puedes tener un enfoque restringido únicamente al permiso de residencia, porque la migración no se acaba cuando das un permiso de residencia.

—¿El proyecto se hace cargo de eso?

—Allí está mi crítica. Uno esperaba que la propuesta fuera capaz de asumir la migración como un hecho multidimensional. Se necesitan acciones de integración, y el proyecto no lo hace. Aquí hay dos miradas: una es establecer pseudocoordinaciones que no son responsabilidad de nadie, o crear un servicio de migración que vea esto. En Chile lo único que se regula son las normas de administración: dónde saliste, cómo pasaste y nada más. Extranjería no tiene ninguna facultad para incidir en que a los migrantes les reconozcan los títulos profesionales, en que los bancos les den cuentas corrientes, en que les arrienden un lugar para vivir. Ese es el punto.

—¿El proyecto optó por coordinar mejor las estructuras que ya existían?

—Hoy se necesita un ente que sea capaz de interpelar a los distintos órganos de la administración en temas migratorios, no podemos dejarlo a la buena voluntad de los servicios. Eso me parece que es irreal e inviable. Yo veo muy difícil que la ley de migración salga del Congreso sin un servicio migratorio. No logro entender cómo podría funcionar una ley como la que se necesita sin una entidad que permita hacerse cargo de este tipo de desafíos.

—¿Por qué el subsecretario Mahmud Aleuy no te apoyó con el servicio?

—Yo nunca recibí una fundamentación respecto de por qué no podría ser viable un servicio migratorio. Todo lo contrario: existían informes de Extranjería sobre su viabilidad financiera. Era posible crearlo.

—¿Hacienda no te dijo que era inviable?

—Yo nunca escuché ni supe de ninguna información del Ministerio de Hacienda que cuestionara o que criticara el informe de viabilidad del servicio migrante. No sé por qué se dijo que era inviable.

—¿Era una disputa de poder?

—Toda modificación de un tema tan transversal despierta temores institucionales. El punto de roce fue que propusimos crear una sola unidad que resolviera las visas. Hoy Relaciones Exteriores resuelve las que se dan en el exterior, e Interior las que se dan en Chile, lo que no es conveniente por un tema de certezas jurídicas y de condiciones adecuadas de respuestas al tema. Nosotros proponíamos que eso dependiera sólo del Ministerio del Interior.

—¿Eso generó molestias hacia ti?

—Significaba una pérdida de facultades en varias instituciones, que no fue bien recibida. Otra diferencia era el rol de la PDI. Mi opinión era que el control migratorio debía hacerlo el servicio, no me parecía eficiente destinar tantos recursos policiales a labores administrativas. El tercer motivo era la institucionalidad: creíamos que se requería un organismo que hiciera la política migratoria, que sería el ministerio del Interior, una instancia intersectorial, y un servicio que pudiera ejecutar esa política a cabalidad, que no quedara sólo en un tema de permisos administrativos.

—¿Cuál era tu cuestionamiento de fondo a las políticas del gobierno?

—Creo que las respuestas migratorias de los estados deben ser coherentes. Yo sentía que había una contradicción entre un discurso de inclusión y comprensión del valor de la migración y el desarrollo de iniciativas que proponían artificiosamente la entrega de más derechos para los migrantes, sin crear las condiciones para que pudieran contribuir al desarrollo a través de la inserción laboral. Y sin hacerse cargo de agilizar la regularización ni de entregar los permisos en un tiempo adecuado.

 

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—El nuevo proyecto establece la creación de una “visa de visitante”. ¿Es una buena medida contra la irregularidad?

—Permite transparentar la migración. Uno de los vicios que se dan hoy es que no consideramos formatos transitorios que no sea turistas o tripulantes. Las personas que vienen a buscar trabajo no tienen un formato con el que puedan declararlo honestamente. La única alternativa que tienen es mentir, decir que son turistas. Lo que hace la visa de visitante es abrir un espacio para que esa persona diga que viene a buscar trabajo. Es sano que eso exista.

“Si miramos las cifras, los inmigrantes tienen mayor nivel educacional, mayor disposición al trabajo y menor tasa delictiva que los chilenos. Mejoran todos nuestros estándares”.

—También incluye un registro nacional de extranjeros, a cargo de Interior. ¿Eso no implica seguir viendo la migración como un tema de seguridad pública?

—El registro es una herramienta necesaria, la pregunta es para qué lo quieres. Yo creo que es útil porque te permite visibilizar en términos de políticas públicas a un sector de la población creciente. Ahora, por esa misma razón, no puede depender de la misma entidad que tiene a su cargo el control migratorio. Sería útil si dependiera de una repartición como Desarrollo Social, que permita articularlo con la serie de prestaciones sociales que gestionan, no como una herramienta persecutoria.

—¿El nuevo comité de política migratoria no puede encargarse de eso?

—El comité de política migratoria, en la forma en que aparece declarado en el proyecto de ley, parece absolutamente insuficiente respecto de lo que debe ser la compresión cabal, multidimensional y correcta de la migración. Cuando a esa instancia le das un carácter de comité y no de consejo, y la acotas sólo a los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda y Justicia, estás restringiendo de forma severa la multidimensionalidad del problema migratorio.

—¿Qué institución falta en ese comité?

—El hecho de que no esté Desarrollo Social hace mirar con mucha preocupación cuáles  van a ser los insumos que se tengan en cuenta al momento de tomar las decisiones. Me parece que no conversa con el fenómeno migratorio, y creo que da cuenta de una necesidad de cumplir un requisito de intersectorialidad, como para marcarlo en una check list, más que de un convencimiento de la multidimensionalidad que tiene la inmigración.

—¿Te parece un proyecto débil?

—Me parece un esfuerzo demasiado modesto para los desafíos que la migración impone para la realidad chilena, para las críticas que le hicimos al proyecto anterior de Piñera y para el trabajo que se había hecho en términos de generar información y consensos de lo que debía ser esta propuesta legislativa. La verdad, al proyecto de ley, como se está viendo, no lo veo viable sin indicaciones profundas en su contenido, y creo que no resuelve los temas que justifican una discusión sobre una nueva normativa migratoria.

—¿Qué dimensión no resuelve?

—Creo que no se hace cargo de las condiciones que motiva la migración, ni de las características que tiene antes de cruzar la frontera, ni tampoco de las condiciones de inserción que requiere una persona después de resolver su condición migratoria. Sigue restringiendo la regulación migratoria a las normas de Extranjería, a las condiciones que regulan el ingreso, permanencia y salida de los extranjeros en Chile, pero no se hace cargo de los desafíos de la migración como un hecho social. Creo que mantiene el statu quo, deja que el mercado marque las características de la migración y no le da al Estado las herramientas necesarias para gestionarla.

 

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—Hoy parte de la sociedad chilena cree que la inmigración importa pobreza.

—Si miramos las cifras, los inmigrantes tienen mayor nivel educacional, mayor disposición al trabajo y menor tasa delictiva que los chilenos. El inmigrante mejora todos nuestros estándares. Pero cuando llegan se ven precarizados, no por ellos, sino porque la sociedad chilena no les ofrece potencial para que se desarrollen y aporten a la economía. El sistema no les da oportunidades: no les reconoce los títulos, los trámites demoran mucho más de lo viable, a una persona le ofrecen un contrato y tiene que esperar dos meses para poder tener permiso de trabajo. Ponemos trabas, burocracia, requisitos exagerados, y después esperamos que se regularice. Por un lado existe esa intención de crearles derechos, educación, salud, y por otro lado les ponemos todos los problemas posibles para que no puedan trabajar. Los condenas a transformarse en una carga social.

—¿Chile empobrece a sus inmigrantes?

—Se crean condiciones precarizantes. Les ponemos problemas para el arriendo, para acceder al crédito, para tener un teléfono, para reconocerles los estudios a los niños. Les das una carga muy difícil que los lleva a la irregularidad. ¿Por culpa de ellos? No, por culpa nuestra. El Estado tiene una relación inmadura con la inmigración, no se hace cargo de lo bien que podría hacerle al país y de lo inevitable que es. Nuestro debate público es cómo la contenemos, y no cómo la potenciamos y ordenamos. Es una mirada esquizofrénica, que no conversa con la realidad, porque no tenemos actores públicos que se hayan dedicado a entender la inmigración. No es algo de lo que puedas opinar a partir de lugares comunes y frases bonitas, es un hecho social que tienes que comprender desde una lógica amplia.

—¿Cuántos inmigrantes  irregulares son expulsados de Chile cada año?

—Son más de tres mil al año, pero la capacidad de expulsarlos es menos de la mitad. Es un proceso muy complejo, financiera y administrativamente. La PDI tiene un plazo de 24 horas para hacerlo, tienes que tenerlo ubicado, comprarle el pasaje a él y a dos escoltas. No es viable para Chile gastar tanto dinero en expulsiones, lo que hace recomendable priorizar a quién quieres expulsar, y a los otros regularizarlos. Uno debería expulsar a quienes han cometido delitos, pero la mayoría de las órdenes son por irregularidad en el ingreso.

—¿Qué pasa con los no expulsados?                       

—Pueden pasar dos años entre que decretas su expulsión y realmente los sacas, y quedan con el acceso precarizado a todo. Tampoco se les permite salir por su cuenta del país. No pueden trabajar, no pueden tener una vida civil. Las modificaciones que se han hecho permiten que sus hijos vayan al colegio y que  tengan acceso a salud, pero la vida humana no se reduce sólo a eso.

—¿El proyecto se hace cargo de eso?

—En los términos actuales, hace algo más eficiente el sistema de expulsión, porque disminuye las posibilidades de que sean revertidas judicialmente, pero no cumple con todos los estándares del debido proceso y plazos para asegurar ese objetivo. Es poco factible. Lo que hay que entender es que ningún país puede expulsar a todos sus infractores sin terminar en la quiebra.

—Cancillería planteó una visa de turismo a los haitianos. ¿Eso soluciona algo?

—Los simplismos nunca son buenos en materia migratoria, y la exigencia de visas de turismo nunca ha resultado eficiente para ordenar la inmigración. En 2012 se instauró para los dominicanos, y esa inmigración, lejos de disminuir, ha seguido aumentando, se ha precarizado y ha subido la presencia de organizaciones delictivas dispuestas a ingresarlos de forma clandestina. Esa visa debe ser revisada, porque hoy hay personas que han muerto en el desierto, que han sido abusadas, precisamente porque solicitaron visa y no se les concedió.

—¿Cuál es el mayor riesgo en esto?

—Que si no hacemos nada se están gestando realidades que tendrán consecuencias muy graves en el futuro. Estamos creando condiciones que dañan la cohesión social, brechas de acceso a derechos, distancia con personas que van a ser parte de nuestro entorno social en una segunda, tercera generación. Eso lo terminas pagando.