Alrededor de 2,6 millones de adultos tienen algún tipo de discapacidad en Chile, según la última medición del Servicio Nacional de la Discapacidad. Pero sólo un 42,8% participa en el mercado laboral. Ante esta realidad, el pasado 8 de junio la presidenta Michelle Bachelet promulgó una ley de inclusión que fija una cuota de un 1% de empleados con alguna discapacidad en organismos públicos (civiles y militares) y empresas privadas que tengan 100 trabajadores o más. Además, prohíbe cualquier exclusión por motivos de discapacidad, dictamina una evaluación de la ley cada cuatro años y elimina la posibilidad de los empleadores de pagarles menos del ingreso mínimo a personas con discapacidad mental, entre otras indicaciones.
Se espera que la ley entre en vigencia a principios del próximo año y que se habiliten alrededor de 27.500 puestos de trabajo en el país, teniendo en cuenta el sector público y el privado. Quedan todavía algunos meses para eso, pero ¿están preparadas las empresas para cumplir con la nueva normativa? Con esta interrogante como punto de partida, Acción Empresas en conjunto con Cadem evaluaron la percepción del proceso de inclusión laboral en Chile.
De acuerdo con una encuesta realizada a 925 personas entre el 6 y el 10 de junio, un 87% no cree que las personas con discapacidad estén plenamente incluidas en la sociedad, y un 61% señala que ni colegios, ni universidades tienen las herramientas para integrar de buena manera a personas en esta situación.
En términos del progreso de la inclusión en el país, la situación genera más optimismo: siete de cada diez personas sostuvieron que en un futuro las oportunidades para personas con discapacidad van a aumentar en Chile, un 29% dijo que se iban a mantener igual, y sólo un 1% consideró que disminuirán. Por otro lado, cuando se preguntó “¿cuánto crees que se ha avanzado en inclusión en los últimos 10 o 15 años en Chile?”, el 36% de los encuestados dijo que se había avanzado “mucho” o “bastante” y el 47% aseguró que se había avanzado “algo”.
El desafío para las empresas
Para la mayoría de los encuestados, la nueva ley de inclusión laboral era totalmente desconocida: tres de cada cinco dijeron no saber nada sobre la entrada en vigencia de la normativa. Sin embargo, pese al desconocimiento, el 86% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que esta ley podría contribuir a la igualdad de oportunidades laborales.
En general, los resultados revelan que las personas están abiertas a la inclusión laboral de personas con discapacidad: un 89% considera que estas son iguales o mejores que el resto de los trabajadores en cuanto a rendimiento y productividad.
Pero para las empresas no será tarea fácil: la mayoría de los encuestados asegura que en su trabajo no hay personas con discapacidad, y el 75% dice que las empresas no están preparadas para cumplir con las indicaciones de la nueva ley de cuotas. Además, la mitad de los encuestados no cree que las empresas tengan la disposición de contratar a personas con algún tipo de discapacidad, y un 55% está en desacuerdo con que se hayan realizado esfuerzos suficientes para lograr una mejor integración.
Al mismo tiempo, la mayoría de los consultados para el estudio dice que el hecho de tener a personas discapacitadas aporta a la reputación de una empresa: le da “sensibilidad social e inclusiva” y aumenta las probabilidades de comprarle algún producto o servicio.
“Tenemos un gran problema a resolver”, destaca Ignacio Larraechea, gerente general de Acción Empresas. “La gran mayoría de los ciudadanos espera que las personas con discapacidad tengan una mejor inserción laboral en el futuro, pero esta expectativa no parece tener un correlato con la realidad, pues la gran mayoría de las empresas no está preparada para la inclusión, más allá de las buenas intenciones de sus ejecutivos. Ni su infraestructura, ni sus procesos de selección, ni la organización del trabajo, ni —especialmente— su cultura, están a la altura de esta expectativa”.
El estudio dejó en claro que los chilenos están al tanto de las falencias en materia de inclusión y están de acuerdo con diseñar políticas públicas para solucionar este problema.
Empresas privadas y organismos públicos deberán ponerse al día para hacer frente a la tarea de la inclusión.[q
