Hace un año, el corazón económico de Santiago terminó bajo el río. Ese domingo 17 de abril, entre las 5:44 y las 8:44 a.m., la lluvia fue intensa. Cayeron 136 m3/s de agua, un récord histórico en 70 años, que provocó el mayor desborde del Mapocho en casi tres décadas, inundando las calles de Providencia.

Francisco Martínez estaba en su casa cuando sonaron las alarmas: leyó por Twitter que el Drugstore estaba inundado, y su tienda de música y vinilos Needle era una de las afectadas. Pero él no lo sabía, hasta que confirmó, entre la oscuridad y el frío, que tendría días duros por delante: su local, del que él es propietario, estaba 15 centímetros bajo el agua y el barro.

En ese minuto, no sabía aún que el caudal había sobrepasado la capacidad de contención de la caja del río. El diseño propuesto por la constructora española Sacyr, que había sido contratada por Costanera Norte, proponía un túnel para un caudal máximo de 80 m3/s. Tampoco sabía que los planes de contingencia habían sido insuficientes. Con todo, el canal de desvío se desbordó y las aguas inundaron los túneles en construcción en la ribera norte del río, y llegaron hasta las salidas ubicadas en la ribera sur. Así, las avenidas Costanera Sur y Andrés Bello se convirtieron en el cauce del río.

Francisco Martínez tampoco anticipó la batalla legal que entramparía a las empresas con las autoridades y la ciudadanía. Un año después, varios flancos quedan abiertos.

Al día siguiente, Martínez sacó todas las cosas del local, contrató un furgón, arrendó un par de bodegas, y durante dos días luchó contra el agua, el barro y la humedad.

—Perdimos muchos libros, vinilos, discos, equipos electrónicos y sus cajas. Tuvimos que vender muchos productos en liquidación, lo que fue parecido a perder el stock.

Hoy Francisco es uno de los tantos locatarios de pequeñas y medianas empresas que decidieron llevar su caso a tribunales. Está juntando los documentos para interponer una demanda la próxima semana.

—No lo hago para aprovecharme, ojalá me hubieran pagado al tiro. Para mí las cosas no se hicieron bien: nunca me llegó una carta de disculpa, ni se me acercaron, no tuve reuniones, ni me pidieron los papeles oficialmente. No sabía con quién estaba hablando.

Hasta ahora, los arreglos han salido de su bolsillo.

Los afectados

Un año después, los trabajos en los tramos 2 y 3 de la Costanera Sur y sus conexiones con Costanera Norte prácticamente han terminado. Sólo queda por finalizar el túnel Kennedy y la conexión con Vespucio, que estarían para fin de año, y Costanera Norte y Sacyr siguen trabajando juntos.

Pero todavía no se aclaran las responsabilidades que caben en las inundaciones que provocaron millonarias pérdidas. Desde ese 17 de abril, los dardos se han disparado para todos lados: Costanera Norte, Sacyr, el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Providencia han sido objeto de críticas de parte de los afectados y la opinión pública.

Un año después, los trabajos están prácticamente terminados, y la mayoría de las reclamaciones con antecedentes de los afectados han recibido indemnización.

Hasta la fecha han ingresado al menos 10 demandas a los archivos del Poder Judicial. Sólo una ha recibido contestación desde la defensa de Costanera Norte, liderada por el ex contralor Ramiro Mendoza. Como en el caso de Francisco Martínez y otros locatarios, todo apunta a que más están por venir.

Sin embargo, fuentes cercanas argumentan que la mayoría de las reclamaciones con antecedentes de daños que se presentaron a través de la página web de Sacyr han sido resueltas: de los 857 reclamos, 548 se presentaron con antecedentes de daños, y de estos, el 93% fu indemnizado. Hoy quedan sólo 36 casos abiertos, por la vía extrajudicial.

—¿Quién financió a los afectados, si los responsables no están claros?

—Esta primera fase ha sido más sencilla porque existía un seguro que nos cubría a los tres (Sacyr, Costanera y MOP) —sostiene al teléfono desde Puerto Varas el gerente general de Sacyr, José Antonio Marín, que lleva dos años en el cargo. Explica que como requisito para participar de la licitación que hizo el MOP para los trabajos encargados por Costanera Norte, el contratista —Sacyr— debía administrar un seguro. Por esto, los liquidadores de la empresa Graham Miller han sido los más involucrados en las negociaciones. El ejecutivo aclara que los fondos del seguro no se han acabado aún.

—¿Y quién financiará a los afectados cuando los fondos del seguro se terminen?

—Cuando eso pase, los jueces tendrán que determinar las responsabilidades, y ahí los responsables tendrán que hacerse cargo de los afectados como puedan, ya sea con los fondos de la empresa o con su seguro corporativo.

Sebastián Ferrer, dueño de la cadena de salones de belleza The Boss, fue uno de los que prefirieron una compensación rápida a llevar el tema a tribunales.

Ese domingo estaba en su casa viendo las noticias que mostraban el caos en la capital por las lluvias, pero no les hizo caso. Sólo reaccionó cuando supo que el edificio ubicado en la esquina de Andrés Bello con Las Urbinas estaba inundado. Pasó por una ferretería y llenó su camioneta con palas, bolsas de arena y herramientas. Cuando llegó, la peluquería estaba bajo 80 centímetros de agua.

El local quedó inutilizado por tres meses por falta de electricidad: algunos de sus trabajadores se fueron a sus casas, otros se independizaron y un par renunció.

—Necesitaba rápidamente un lugar operativo y volver a trabajar. Con un juicio, todavía estaría dando la pelea y discutiendo quién es el responsable —cuenta. Solucionó el tema por las buenas, aunque reconoce que tampoco salió ganando.

Hace seis meses que lo indemnizaron –una cláusula de confidencialidad que le exige el seguro le impide revelar el monto—, y recién después de cinco meses y medio pudo abrirles de nuevo las puertas a sus clientes.

—No tengo nada contra ellos, porque ya me pagaron, dice.

Los inconformistas

“Hay que molestarlos como a nosotros nos molestaron en su momento”, dice con un tono de determinación Joan Usano, dueño de la librería Takk, en la calle Andrés de Fuenzalida, desde detrás del mostrador, donde atiende a sus clientes en la caja y al mismo tiempo les recomienda qué leer. El librero catalán perdió más de 300 libros tras la inundación, valuados en $3 millones, por lo que se unió a la causa que lideran las hermanas Laura y Catalina Infante, dueñas de la Librería Catalonia, junto a otras pequeñas y medianas empresas, como la tienda de música Needle, Gastronómico Wok y el restorán Le Flaubert.

Todos están dispuestos a dar la pelea bajo el expertise de Juan Ignacio Correa, abogado del estudio CorreaGubbins, quien prepara una demanda contra Sacyr y Costanera Norte.

Costanera Norte, como respuesta a la demanda del Sernac, afirma que no tiene responsabilidad alguna por las acciones de Sacyr, dado que fue el MOP quien impuso las condiciones de la licitación en cuanto a la elección del contratista para ejecutar las obras.

—Según la ley, frente a terceros los dos son responsables: Costanera y Sacyr. Uno se puede dirigir contra uno o contra los dos. Entre ellos después discutirán de quién fue la responsabilidad, explica Correa, quien enfatiza que la ley de concesiones prohíbe demandar al MOP. El abogado alega que las empresas están usando una “estrategia dilatoria” para cansar a los pequeños y medianos empresarios y que desde la contraparte le aseguraron que “la plata del seguro se había acabado”.

Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos de Cadem, desde su moderna oficina en Nueva de Lyon con Providencia sostiene, con disgusto, que por culpa del desborde perdieron los computadores, facturas, contratos, la contabilidad y las salas de focus group . Ese día el agua llegaba hasta el piso cinco del subterráneo de su edificio. Su demanda —que está ad portas de presentar ante el juzgado—, está dirigida contra Costanera Norte, y es de $600 millones, por daños físicos y morales.

—Decidimos demandar porque llevamos ocho meses dialogando con Costanera Norte y Graham Miller, y siempre nos decían que la semana siguiente tenían la respuesta. Y cuando llegaba el día, no respondían.

 

Las investigaciones

Ha pasado un año y todavía las responsabilidades no están claras.

Hasta la fecha, sólo existe un estudio independiente que habla de acciones concretas relacionadas al desborde. El informe de la Contraloría, del 17 de octubre de 2016, lanza sus dardos contra el MOP. Dice que fue la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) la que aprobó el proyecto propuesto por Sacyr y que fue la encargada de fiscalizar las obras. Sin embargo, este órgano sólo determina las posibles responsabilidades públicas, no las de empresas.

Lo acusa, además, de no haber evaluado rigurosamente los planes de contingencia antes de su aprobación, según las condiciones y la naturaleza de los trabajos que se estaban realizando cuando se produjo el desborde. En cambio, autorizó un plan de contingencia que estaba diseñado para el periodo anterior, la fase de invierno 2015.

El gerente general de Sacyr se defiende:

—Aunque se hubiera cumplido con el plan de contingencia de verano, este no hubiera resultado, nada hubiese evitado que el agua entrara por los túneles.

En tanto, Costanera Norte, en su defensa pública frente a la demanda del Sernac, afirma que no tiene responsabilidad alguna por las acciones de Sacyr, dado que fue el MOP el que impuso las condiciones de licitación, entre las que se encontraba la elección del contratista.

“El proyecto de desvío del río (que incluía el diseño del canal para un caudal menor al que se acumuló ese día, y que provocó el desborde) fue diseñado e implementado por Sacyr y este fue aprobado por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP”, y agrega que el canal de desvío propuesto por ellos en el proyecto original superaba al de Sacyr en estándares
y capacidad.

De todas formas, Marín, gerente general de Sacyr, sostiene que con una u otra propuesta, la catástrofe se hubiera producido igual, ya que la causa fue que ninguno de los diseños del canal estaban preparados para contener la cantidad de agua que cayó ese día.

Desde el ministerio sostienen que las responsabilidades generales, tanto de entes públicos como privados, les corresponde a los Tribunales de Justicia, y no debiera pronunciarse al respecto mientras hayan juicios pendientes.

Sea lo que sea que resuelvan los tribunales, para algunos las cosas seguirán igual, por ahora, como para el quiosquero al frente del Drugstore, quien perdió un millón de pesos en cigarros y nunca recuperó su mercancía.

—Fíjate, dejé de vender cigarros— dice con un tono de resignación detrás de la ventanilla , mientras come un pan tostado como desayuno.

Tampoco quiere mirar atrás.