Por Andrea Lagos A. Abril 7, 2017

“El ex fiscal Peña ya murió, lo hicieron mierda. Lo liquidaron los medios y los políticos. Dijeron que el caso bombas era un montaje, pero el tiempo nos dio la razón”, le dijo a un amigo, con resignación, el moreno y pequeño abogado egresado de la Universidad Las Condes.

Alejandro Peña Ceballos está en su tercera vida e intenta sacarse de encima el estigma de haber sido, entre el 2000 y el 2011, el zar antidrogas y el fiscal favorito de La Moneda de Sebastián Piñera.

Quiere pasar desapercibido, aunque no lo logra. Trabajar de penalista sin que cada caso que tome aparezca en los diarios. Enterrar su pasado.

Más de 20 años atrás, después de haber sido relator en la Corte de Apelaciones (1992), Peña fue designadopor el primer fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, para crear la Unidad de Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas (2000) y, en 2003,lo ascendieron a fiscal metropolitano de la Zona Sur. Allí tuvo en sus manos la investigación de delitos en las comunas más conflictivas de Santiago, en poblaciones como La Legua,  la José María Caro, La Victoria y La Bandera, entre muchas otras.

En esos años,  se mezclaba en los operativos policiales. Con casco y chaleco antibalas iba a los allanamientos en busca de narcotraficantes en las barriadas. Dicen que incluso pateaba puertas.

Aparecía a diario en televisión y fue criticado por sus pares. “Los fiscales regionales están para investigar, no para andar persiguiendo criminales. Para eso está la policía”, argumentaban.

Las alturas

En 2010, el gobierno y la derecha presionaron por resultados rápidos después de 3 años y la explosión de casi 100 bombas en Santiago. El amigo de Peña, entonces fiscal metropolitano Oriente, Xavier Armendáriz —que llevaba el caso— fue reemplazado. Sabas Chahuán, fiscal nacional, instaló a Peña. Y “el Chico” —como le dicen— se movió rápido.

Fue famosa la Operación Salamandra del 14 de agosto de 2010. Peña ordenó allanamientos y arrestos simultáneos a casas okupa y particulares. Catorce anarquistas fueron detenidos e imputados por la colocación de bombas y asociación ilícita.

De estos años viene su cercanía con Carabineros y con el general director Bruno Villalobos. Como jefe de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros(Dipolcar), Villalobos estuvo a cargo de este y de varios de los allanamientos de esa época. Apenas terminó la Operación Salamandra, el general ofreció una cena en honor a Peña en el casino de oficiales de Carabineros de calle Dieciocho.

De vuelta a la práctica privada en 2013, las únicas causas que  no defiende son las de derechos humanos. Ha dicho a sus amigos:  “No me da el estómago”.

En el 2011, La Moneda, especialmente el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, estaba feliz con el éxito de Peña en desarticular la red anarquista. Y le ofreció un puesto de bajo perfil en la Subsecretaría del Interior. Sería jefe de la División de Estudios. Estaba a meses de terminar su período como fiscal regional. Sin embargo, esa aventura en palacio duró poco. Una investigación periodística descubrió que a su cargo estaba la compra de implementos para el combate al narcotráfico, pero estos estaban sobrevalorados y el Estado pagaba sobreprecios. Sin tener responsabilidad directa, Peña dimitió.

Cuando pasó al gobierno, se lo cargó con el síndrome de la puerta giratoria. ¿Cómo de ser fiscal (investigador) se pasa a trabajar con un querellante en casos de seguridad de la Zona Sur (el Ministerio)? Alejandro Peña sabe, por las críticas de los medios y de sectores políticos, que la decisión de entrar a La Moneda fue poco feliz, pero se ha defendido:“Yo me fui a trabajar en algo técnico, no llevé causas del gobierno como litigante”.

“No fue prudente” dice un abogado cercano. Y Peña lo sabe.

Pacogate

La historia volvería a reunir a Alejandro Peña con el general director de Carabineros, Bruno Villalobos. Tras el juicio oral por el caso bombas en 2012, los 14 imputados fueron absueltos. Fue un paso en falso. Para la opinión pública, los responsables del fiasco fueron la Fiscalía Metropolitana Sur (al mando de Peña) y Carabineros. Habrían sido autores de un montaje con pruebas falsas en contra para inculpar a los anarquistas.

Ahora Alejandro Peña, como litigante privado, asumió junto a su socio Vinko Fodich la defensa de 5 carabineros al mando del mismo Villalobos.  Los ex uniformados serían parte de la red con que se defraudó al fisco por más de $13.200 millones.

Peña genera simpatías dentro de la institución. El año 2013 defendió a tres carabineros del OS-7 a los que se les involucró —por error—en un caso de tráfico de drogas en Arica.

Peña asumió la defensa de 5 carabineros. Dice que son personas que no idearon el fraude, sino oficiales que estaban en la segunda línea.

Esta vez tomó el caso porque se trata de carabineros que no idearon el fraude, de segunda línea, dice una fuente del estudio jurídico y agrega:“Algunos cayeron por desconocimiento o porque los utilizaron”.

Representan al teniente coronel Mauricio Saldaña, que recibió en su cuenta corriente a lo menos $654 millones como exceso de sueldo, desde una cuenta institucional de Carabineros. Cobraba 10% por el favor. Está confeso.

Patrocinan también al capitán Sergio Collao con depósitos por $208 millones. Los otros son el ex capitán Víctor Escobar y el ex mayor David Vega. Tomarán el caso de un quinto que aún no ha
sido formalizado.

“Es como que un médico no quiera atender a un paciente por ser negro o gay o comunista o fascista”, dice el abogado cuando alguien le pregunta por qué no deja estos casos con mala imagen.

Separar aguas

De vuelta en la práctica privada en 2013, decidió que las únicas causas que  no defendería son las de derechos humanos. Ha dicho a sus amigos: “No me da el estómago”. Fue opositor a régimen de Pinochet y a su amigo, el DC Mario Martínez, lo secuestraron y mataron en 1986.

Desde octubre del 2016 es abogado ad honorem del líder de la barra Los de Abajo Claudio Hernández, alias Kramer, por su presunta tenencia ilegal de arma de fuego. Peña y Fodich lo defienden sólo porque son fanáticos hinchas de Universidad de Chile.

La puerta giratoria ha sido un tema recurrente en la carrera de Peña. No existe legislación que determine el período que tiene que pasar entre ser un fiscal investigador del Ministerio Público y un abogado  privado. La información privilegiada que se maneja podría provocar conflictos de intereses.

“Es como que un médico no quiera atender a un paciente por ser negro o gay o comunista o fascista”, dice el abogado cuando alguien le pregunta por qué no deja estos casos con mala imagen.

El tema fue su reinserción como litigante después de ser fiscal Sur. Peña estuvo un tiempo sin tomar causas en esa zona metropolitana, pero después volvió. Esa Fiscalía lleva un total de 40.808 causas. No podía limitar tanto su vida profesional.

 Tras una acuciosa investigación de las causas que ha patrocinado en los juzgados que pertenecen a la zona de la Fiscalía Metropolitana Sur (2013-2017), donde antes Peña ejerció como mandamás,  son comunes los casos de violencia intrafamiliar, robo, homicidio, intento de homicidio, escuchas telefónicas ilegales.

Actualmente patrocina cerca de 30 causas, relata una fuente de la oficina de Alejandro Peña. Como defensor de imputados(as) en tráfico de drogas,  el ex fiscal figura con dos clientes en la Zona Sur. El primer caso es de 2015 y 2016, cuando junto a su socio Vinko Fodich fue defensor de Washington Zamora Ortega, imputado por tráfico de drogas, homicidio y asociación ilícita. Un reportaje de CHV, de julio de 2016, reveló que el ex zar de la droga defendía a uno de los miembros de un cartel de La Legua. Antes de emitirse este reportaje, Peña y Fodich renunciaron al patrocinio, argumentando “diferencias estratégicas en la defensa”, consigna un escrito del 12° Juzgado de Garantía. Finalmente, a Zamora se le juzgó solo por homicidio,

Sobre este caso un ex amigo abogado opinó:“Lo más turbio no fue que “el Chico” defendiera a una banda que antes lo había amenazado de muerte. Lo reprochable es que tome causas de narcotráfico  en la misma Zona Sur, donde las persiguió”.

Junto a Fodich, Peña también tiene como cliente a J.A.V.R, imputado por la importación de droga (coca) a Chile. El defendido se declara inocente.

“Los fiscales regionales, al terminar nuestro período nos vamos a la calle con una mano por delante y otra por detrás. Sin indemnización. ¿Nos van a prohibir litigar por dos años a cambio de nada? Nos matarían”, dice un ex fiscal que debió pasar por lo mismo.

Alejandro Peña ha jurado jamás volver a un
cargo público ni a la Fiscalía. El costo personal y profesional ha sido alto. Por mientras, intenta terminar de enterrar al fiscal.

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