A $14.900 en librerías.

El concepto de Chile militar que hemos usado es más que una metáfora. Hay ciudadanos, los militares; hay gobierno común, que no es precisamente el del sistema político del Chile civil, por cuanto este incide (cuando lo hace) sólo de manera indirecta y secundaria ante un esquema completo de normas, leyes, formas y estructuras de su verdadero gobierno común: el de la jerarquía militar y sus leyes orgánicas y Estatutos de funcionamiento; hay lazos de historia que unen a estos otros chilenos, suma de cosas inmateriales que cautivan su amorosa adhesión (espíritu de cuerpo) a su patria-institución: el imaginario castrense, los valores y los conceptos morales particulares del hombre de armas, el engranaje de la gran máquina.

El Chile militar ha desarrollado la categoría de nación dentro de la nación. Esta, en el caso únicamente del Ejército, está demarcada, institucionalizada, con su propio sistema y códigos de justicia (fiscalías militares, código de justicia militar, corte marcial, jueces y fiscales); con su estructura educacional particular (academias politécnicas, escuela de educación física, jardines infantiles, salas cunas, la universidad Bernardo O’Higgins); su complejo lúdico privado, zonas de recreo y descanso aisladas (sólo en Santiago: el club de campo de oficiales, el club militar de los Señores oficiales, el club de campo de suboficiales, el club militar-unidad de cuartel, el hotel militar de oficiales); con su sistema de abastecimiento, consumo, crédito, servicios sociales integrales internos (el almacén de ventas del Ejercito, su unidad de ahorro y préstamo); con su propia estructura religiosa (servicio religioso, vicariato castrense, iglesia catedral castrense, obispado castrense); con su servicio de salud y previsión subvencionado casi al 100% (la unidad de asistentes sociales, el departamento de sanidad dental, la central odontológica, el servicio de medicina preventiva, el consultorio integral O’Higgins, la farmacia de la Escuela Militar, el Hospital Militar, la caja de previsión, el montepío); con su propia industria; etc.

Se trata de un Chile militar que brinda a sus ciudadanos un 0% de desempleo; cobertura estatal subvencionada en salud, educación, jubilación, habitación, recreo, vestuario. Un país interior que no produce mayores bienes de consumo (a excepción, claro está, de la industria militar), pero que cuenta con ingresos fiscales fijos anuales, asegurados, independientes de los vaivenes de la economía mundial; una nación en que sus ciudadanos nacen al final de la adolescencia; un país cuyo gobierno es unívoco, virtual consejo de ancianos, sin disputas políticas internas; una nación eficiente que ofrece niveles de vida incomparables, con un ingreso per cápita encomiable (aunque mal distribuido, como en el Chile civil), con un gobierno centralizado, estatista, administrador de enormes gastos fiscales, estratificado hasta lo imposible. Una nación, además, subsidiada íntegramente por el Chile civil que lo alberga, por las buenas o por las malas.

Un ejemplo de lo que es este otro Chile, en comparación con el que habitamos los civiles, tiene que ver con el sistema de previsión de los ciudadanos de uno y otro país. El 90% de los costos de las pensiones de los militares se financia con dineros fiscales y solo un 10% corresponde a cotizaciones de los beneficiarios. Por el contrario, los fondos de pensiones de los que dispone el chileno civil, afiliado obligatoriamente al sistema de captación individual de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), son generados por el descuento del 10% de los ingresos del propio trabajador, a lo que debe sumarse el porcentaje de “comisión” que cobran las AFP. En concreto, las pensiones civiles las paga el propio trabajador; las militares las paga casi totalmente el Estado, es decir, las pagan los trabajadores civiles por intermedio de sus impuestos.

También es significativa la diferencia en los montos que perciben unos y otros. Los militares pensionados suman ciento siete mil individuos y tienen ingresos mensuales previsionales que alcanzan un promedio de $ 862.519 pesos al mes, mientras que el promedio de pensiones del mundo civil, obligado a cotizar en el sistema de AFP, es de $ 190.000 mensuales. El gasto para cubrir la diferencia entre el monto de las pensiones de los miembros de las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros (afiliados respectivamente a Capredena y Dipreca) le cuesta al Fisco el 3,3% del PIB, mientras que el “pilar solidario”, aprobado en 2008, es del 0,7% del PIB.

Notable es también el hecho (y la diferencia) respecto a la edad de jubilación o retiro, que en el caso de los uniformados es en promedio a los cincuenta y tres años (en comparación con los sesenta años para las mujeres y los sesenta y cinco para los hombres en el Chile civil), edad, la de los militares, en que aún queda al menos una década de aptitud laboral plena, y recibiendo pensión, por añadidura.

El centro de investigación periodística Ciper Chile publicó a mediados de enero de 2017 un reportaje en que da a conocer importantes detalles acerca del costo que para el Estado (y para los chilenos, por tanto), significan las pensiones de los militares. En el reportaje se cita a Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), en una comparecencia ante la comisión de la Cámara de Diputados. Según esta declaración, Capredena asignó, en pensiones del 2015, novecientos once mil millones de pesos, de los que casi el 100% estuvo constituido por aportes del Fisco, mientras que una mínima porción (6%) provino de las cotizaciones de los propios uniformados.

Abunda el informe de Ciper indicando que entre 2011-2015, el Estado desembolsó cerca de 3,8 millones de millones de pesos para el fondo de retiro de los uniformados, una “cifra que equivale a 119 teletones (según recaudación 2016) o al costo de construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación, como el que se inauguró en Rancagua en abril de 2016 (noventa mil millones)”, detalla Ciper (...).

El Chile militar ha desarrollado la categoría de nación dentro de la nación. Esta, en el caso únicamente del Ejército, está demarcada, institucionalizada, con su propio sistema social.

Cuando a mediados de julio de 2016 estalló el escándalo por la millonaria jubilación de la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade, y luego siguiera apareciendo una retahíla de informes escandalosos respecto a la máquina de pagar favores políticos mediante pensiones y contrataciones en el servicio de Gendarmería de Chile, se puso sobre el tapete la ya olvidada discusión acerca de la coexistencia de dos sistemas de pensiones distintos: el de los civiles y el de los militares. El ministro de Defensa  José Antonio Gómez, se apresuró en declarar que “el problema no está en las pensiones de las Fuerzas Armadas, el problema es que las pensiones de todos los chilenos que están en las AFP son malas (…) las pensiones en Chile son malas porque el sistema de AFP es absolutamente malo, no hay otra forma de expresarlo y cada chileno que termina pensionándose (en las AFP) recibe una pensión miserable”. Palabras duras, quizás temerarias proviniendo de un ministro. Lo clave, sin embargo, es que el sistema de pensiones en manos de las empresas que lucran con los ahorros de los trabajadores chilenos no ha sido impugnado, modificado ni cuestionado seriamente por ninguno de los gobiernos civiles desde el término de la dictadura.

El mercado de capitales de las AFP, dineros captados de los cotizantes y luego invertidos mayoritariamente en el sistema financiero internacional y en acciones de las principales empresas chilenas, supera los ciento sesenta mil millones de dólares. Es un negocio de gran escala. La idea,

claro está (y que es exportada por Chile a otros países), se originó durante la dictadura y como iniciativa de los asesores civiles de esta, conocidos como los Chicago Boys, sistema diseñado y puesto en marcha por el entonces ministro del Trabajo, José Piñera. Cuando se le planteó al dictador el sistema, Pinochet manifestó serias dudas: “No estoy de acuerdo con que los capitales vayan a la parte privada (…), me choca por estimar que los señores empresarios aún no están en capacidad para administrar noventa y siete millones de dólares mensuales. Eso es lo que me produce angustia, porque día a día veo diversas cosas que suceden, y no vaya a ocurrir que de repente alguien parta con los noventa y siete millones al extranjero. El sistema lo encuentro maravilloso, opino que es necesario implementarlo y que urge hacerlo pues hay que cambiar todo esto, pero siempre he manifestado lo siguiente: ¿Quién administrara la plata? Eso me produce alergia, porque también sé que hay varios señores que se están haciendo millonarios en este país, que han enviado gente a estudiar afuera el sistema porque desean operar en él”.

El dictador, zorro él, prefirió dejar fuera del riesgo a los militares. Los civiles no eran su preocupación. Y, como vaticinó, los millones sí se fueron al extranjero, los empresarios se hicieron multimillonarios y la administración de los recursos empobreció gravemente a los chilenos (...).