Desde el fin de semana del 15 de enero, donde murieron tres brigadistas de la Conaf en Vichuquén, que el teléfono de Michelle Bachelet no dejó de marcar el anexo del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el hombre encargado de monitorear cuanta emergencia ocurra en nuestro territorio. La alerta roja emitida para la regiones del Maule y O’Higgins comenzaba a preocupar y la presidenta necesitaba estar al tanto de cada detalle. Sin embargo, a esa altura nadie aún dimensionaba la magnitud de la catástrofe que se venía encima. Pese a todas las advertencias que llegaron a Palacio desde noviembre del año pasado con informes que alertaban sobre el complejo verano que se preveía para incendios forestales, nadie podía presagiar que el fuego iba a arder de la forma que lo hizo. Ningún protocolo, ni nada pudo contener la furia de los incendios.

Pese a todas las advertencias que llegaron a Palacio desde noviembre del año pasado con informes que alertaban sobre el complejo verano que se preveía para incendios forestales, nadie podía presagiar que el fuego iba a arder de la forma que lo hizo.

El jueves 19 de enero el panorama se hacía cada vez más sombrío. Bachelet suspendía su última actividad del día para nunca más —hasta el día de hoy — retomar su agenda normal. Los encuentros entre la mandataria, Aleuy y el ministro del Interior, Mario Fernández, empezaron a hacerse una rutina. El día 20 en la mañana Bachelet encabezó, por primera vez, la reunión del equipo de control operativo. En ese instante se empezó a tomar verdadera conciencia, por parte del gobierno, de que la situación del sur podría transformarse en una tragedia sin precedentes. Fue en ese momento que Bachelet decide cancelar toda su agenda pública, incluyendo su participación en la cumbre Celac, programada para el 23. Mientras en el sur el fuego ya se salía de control.

Por esos días, florecían desde diferentes flancos duras críticas al actuar del gobierno por la supuesta lentitud con que se estaba enfrentando la emergencia. Algunos recordaban aquellas lamentables escenas vividas el 27 de febrero de 2010. Pero esta vez, la presidenta quería tener el control y mostrar voz de mando. Bachelet apostaba a ejercer esta vez el liderazgo total. Por ello, a primera hora del lunes 23 de enero citó a un consejo de gabinete para mandatar a cada ministro tareas concretas y todas bajo un lema rector: salvar vidas. Se le ordenó a cada uno dar inicio a un inédito despliegue territorial que incluía a tres ministros en calidad de delegados presidenciales permanentes en las regiones de 0’Higgins, Maule y Biobío. La misión era coordinar —junto a los jefes de zona de catástrofe de las FF. AA e intendentes— las labores de combate del fuego, evacuación de las zonas en riesgo, pero con la tarea de acompañar, en cada momento, a las personas para canalizar sin tanta burocracia las ayudas. Todo había que hacerlo con premura, sin perder el tiempo, explican desde Presidencia.

Bachelet optó por ir dos veces a la zona de emergencia (martes 24 y miércoles 25) para evaluar los trabajos en terreno, pero decidió no viajar más, pues su presencia en vez de ayudar podía entorpecer el activo trabajo de combate al fuego. Una vez que la situación mejore, evalúa volver a terreno para observar la fase de entrega de ayuda a las víctimas. Sus vacaciones siguen postergadas como las de gran parte del personal que la acompaña.

Desde el Ministerio del Interior intentan aclarar, también, que no se actuó improvisadamente. Explican que en la preparación de la temporada, en octubre y principios de noviembre se constituyó un equipo de trabajo que, con la información histórica disponible, estableció 28 comunas con mayor riesgo de incendios, en las que se adoptaron una serie de medidas preventivas y se coordinó a la institucionalidad policial y del Ministerio Público para perseguir criminalmente a los eventuales responsables, considerando que el 99% de los incendios ocurren por causa humana. Afirman que la gravedad de los hechos no se dimensionó de un día para otro, sino que desde el principio y con datos científicos, por lo que se fueron disponiendo los recursos de manera progresiva en función de las necesidades. Existen dos reuniones formales que se han hecho rutina enLa Moneda. La primera, a las 8.00 a.m, mientras que la segunda es a las 19 horas. Durante el día, Aleuy sostiene reuniones con el equipo de control y seguimiento de la Subsecretaría donde se analizan aspectos jurídicos, de asignación de recursos, operativos, de contingencia y comunicacionales. También hay una serie de reuniones informales no públicas entre Bachelet, Fernández y Aleuy en cada momento que la presidenta lo estime necesario.

El protocolo de emergencia que se estableció para las zonas más afectadas debe seguirse al pie de la letra, según la orden presidencial y consiste —básicamente— en tres puntos estratégicos para abordar el conflicto en terreno: combate del fuego para salvar vidas privilegiando las zonas en peligro con mayor densidad de población; adelantarse hacia lugares donde podrían iniciarse nuevos focos con el levantamiento de cortafuegos, que a la fecha acumulan un total de 366 km en las tres regiones; coordinar la entrega de ayuda humanitaria focalizada en las verdaderas demandas de la gente. Con estos elementos guías sobre sus carpetas de trabajo, los ministros de Obras Públicas, Agricultura y Defensa partieron a la zona de la tragedia para liderar una intensa tarea.

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Ya es de madrugada. Un grupo de pobladores de la localidad de Huerta del Maule invita a pasar al ministro de Defensa, José Antonio Gómez (PR), a una gruta que levantan en el poblado para celebrar cada 4 de octubre la fiesta de San Francisco de Asís. Allí, en medio del humo y las llamas que rodean y amenazan con llegar a sus casas, le cuentan al ministro sus miedos y angustias, y todo lo que necesitan con más urgencia. Al terminar le dicen a Gómez: “Ministro, cuando termine todo esto, porque sabemos que terminará, tiene que venir a pasar esta fiesta con nosotros”, ante lo cual respondió de que así será.

Su labor se reparte entre las diarias salidas a terreno y reuniones de coordinación tanto a nivel regional como nacional.

Gómez profundiza la tesis de que la mayor dificultad es la magnitud de del evento:
—Tenemos que dimensionar la situación, en comparación con los incendios que más superficie han destruido en el mundo desde el 2000, este es el quinto más grande del mundo, con más de 500.000 hectáreas destruidas. Más aún, las hectáreas consumidas al día de hoy en nuestro país son más de la mitad de las quemadas en el incendio más grande del mundo en el siglo XXI, que destruyó más de 700.000 hectáreas, y que ocurrió el año 2011 en Alberta, Canadá y tardó casi cuatro meses en ser controlado. Ésa es la envergadura del enemigo que estamos combatiendo— explica con plena confianza de que más temprano que tarde el fuego será derrotado.

—La gente pide seguridad y resguardo de sus bienes. Lo he dicho antes y lo reitero, las Fuerzas Armadas están plenamente desplegadas en la zona de catástrofe, con una amplia distribución desde el punto de vista de la seguridad y eso la gente lo percibe. Hemos establecido patrullajes en todos los sectores donde tenemos conflictividad debido a los incendios, en plena coordinación con Carabineros y la PDI —apunta, agregando que la ciudadanía no debe defender con armas propias sus enseres.

A la región del Biobío viajó el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC). Su agenda está copada y repartida en reuniones de coordinación, salidas a terreno y contención para los afectados. En su zona trabajan arduamente los aviones y helicópteros que han llegado desde el extranjero. Cada día empiezan su tarea más temprano—casi al amanecer— aunque advierte que ello se complementa con el trabajo en terreno, pues de lo contrario no es posible apagar el fuego. Toda la coordinación con Bomberos, Conaf y las autoridades regionales se hace vía WhatsApp, para complementar la información.

En La Moneda manejan varias hipótesis, no oficiales aún, sobre las causas. Fuentes de Palacio explicaron que una de las líneas de investigación apunta a grupos de pirómanos, algunos organizados, otros no, que alentados por la gran cantidad de incendios activos quieren prender el suyo propio.

Para Undurraga en esta emergencia se ha avanzado en algo clave: la evacuación. El despliegue para ello se hace sí o sí, aunque la gente se resista.

—Ayer (martes) tuvimos en un pueblo una situación compleja, que el viento finalmente controló; pero nosotros tenemos que tener un plan de contingencia para la evacuación. Cuando hay que evacuar se evacua. El almirante ordenó la evacuación a la fuerza en un sector y así va sumando— explica.

El ministro de Agricultura, Carlos Furche, (PS) fue designado para supervisar la tragedia en la Región de O’Higgins. El kilometraje de la camioneta que lo transporta consigna casi 5 mil km recorridos desde que llegó a la zona. Allí, el fuego está prácticamente controlado, dejando sus huellas en miles de pequeños y medianos agricultores. Furche cree que es hora de repensar la política nacional forestal.

—Hay que sacar lecciones de esta tragedia, y parte de ello tiene que ver con el tipo de desarrollo forestal que hemos llevado a cabo en el país los últimos 30 años. Hay que repensar y ser lo suficientemente humildes para entender que hay cosas que se pueden hacer mejor—explica. El ministro está convencido que ningún protocolo de emergencia iba a funcionar ante el temaño de la emergencia.

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La entrega de ayuda a las víctimas es una da las fases clave dentro del diseño estratégico ideado para este tipo de eventos. La diferencia con otras catástrofes, como los terremotos o aludes, por ejemplo, es que esta vez la emergencia se encuentra en permanente estado de desarrollo. Por ello, se ha debido trabajar en paralelo, y el encargado de coordinar la entrega de los beneficios estatales es el Ministerio de Desarrollo Social. Su titular, Marcos Barraza (PC), explica que lo fundamental en esta tarea es focalizar a los beneficiados para evitar a los llamados “falsos damnificados” y eso se hace a través de la Ficha Básica de Emergencia —Estos son procedimientos que te permiten llegar con las ayudas a quienes efectivamente lo necesitan — afirma. Agrega que, además de la repartición de ayuda económica, como el bono de enseres de $1 millón por familia, está todo el trabajo de contención emocional que realizan los encuestadores.

Otro eslabón que el gobierno ha debido trabajar para reaccionar ante la crisis es la ayuda internacional y que ha tenido su máxima expresión con el vuelo del Súper Tanker norteamericano, y el Ilyushin II-76 (bautizado como el Luchín).

Gran parte de esta ayuda ha sido canalizada por medio de Cancillería. El ministro Heraldo Muñoz explica que el apoyo se comenzó a pedir cuando los organismos técnicos consideraron que el desarrollo de los incendios podría superar las capacidades internas y que ello ocurrió el martes 17 de enero. Luego, el viernes 20 ya la Unidad de Ayuda Internacional de la Dirección Consular de la Cancillería había tomado contacto formal con sus contrapartes para explorar la asistencia necesaria. Muñoz detalla que hubo solicitudes directas a países como Argentina, Francia, Canadá, Brasil, EE. UU, Colombia, México y que en otros casos fue por iniciativa propia de los países donantes.

Para el jefe de la diplomacia es importante sacar lecciones y mejorar la gestión para eventos futuros.
— El gobierno ha anunciado proyectos de ley sobre Onemi y Conaf, en el propósito de enfrentar de manera más adecuada las emergencias. Nosotros vamos a reforzar la actual Unidad de Ayuda Internacional de la Cancillería, de manera de actuar en consonancia con esos organismos— explica.

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La presidenta Bachelet ha estado monitoreando el estado de avance en las investigaciones que llevan adelante tanto el Ministerio Público como Carabineros y la PDI. Ella ha dicho en reiteradas oportunidades que todo apunta a un grado intencionalidad que va más allá de la negligencia. El mismo diagnóstico comparten los ministros que están en terreno día a día en las zonas más críticas. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio Público contabilizaba un total de 65 formalizados en 295 causas que mantiene abiertas desde noviembre a la fecha.

En La Moneda manejan varias hipótesis, no oficiales aún sobre las causas. Fuentes de Palacio explicaron que una de las líneas de investigación apunta a grupos de pirómanos, algunos organizados, otros no, que alentados por la gran cantidad de incendios activos quieren prender el suyo propio. Por ahora, relata la misma fuente, está descartado que algún tipo de organización terrorista esté detrás de la provocación del fuego.

En Palacio aún no saben cuándo volverá la calma. Nadie se la juega con estimaciones. Todo ello, con la premura de una catástrofe que nunca se pudo prevenir. Que nadie imaginó y que alteró la vida y rutina del gobierno, poniéndolo a prueba ante una una nueva emergencia de la naturaleza.