Nunca lo hubieran esperado de él, o eso dicen. Entre los gendarmes de Colina II, Leonardo Azagra era considerado un reo promedio, de esos que se ponen bajo la protección de los más poderosos del lugar. Pero la violenta fuga del interno, que este lunes logró hacerse con un cuchillo en el baño del Tribunal de Garantía de San Bernardo, apuñalar en la cara a su custodio, quitarle el arma y huir, tras bajar tres pisos apuntando al juez Sergio Henríquez en la cabeza, fue algo así como una confirmación: un colofón macabro para el comienzo de año más feroz de la historia del penal. Que se haya atrevido a hacerlo él —que pese a estar condenado por homicidio y tener cargos por hurto, tráfico y violación, no estaba considerado entre los presos conflictivos del recinto— dejó otra vez en evidencia el nivel de caos que reina en la cárcel. Por si no había quedado claro.

Una escalada de violencia que lleva cuatro presos muertos por apuñalamiento, una batalla campal que dejó a 19 gendarmes y 66 internos heridos, muchos de ellos por disparos de balas de goma a corta distancia, un recurso de amparo interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra Gendarmería por abusos graves, la desvinculación del alcaide de la cárcel y de su equipo cercano, una huelga de reos y a la vez una paralización de los propios gendarmes, que anunciaron que no se atrevían a entrar al penal por miedo a que los mataran. Todo en seis semanas.

Colina II nunca ha sido un penal modelo. Es considerada una de las cinco cárceles más peligrosas de Sudamérica, y durante décadas la han usado otras cárceles para enviar a muchos de los criminales más complejos del país. Adentro, se suele decir que de Colina II no se sale: sólo se llega. Dividida en dos mitades, en donde viven amontonados 2.400 presos, el sector sur es adonde se destina a los reos conflictivos, en seis módulos que alojan a la mitad de los presos. Sus condiciones, reconocen hasta los gendarmes, son inhumanas: cada módulo está dividido en tres pisos –con cuatro celdas grandes– que albergan a cerca de 200 presos, sin divisiones, a cargo de  dos o tres gendarmes que miran del otro lado de las rejas. Durante las noches, en que muchas veces no hay más de once guardias en todo el sector sur, los reos tapan la visión con los colchones y sus custodios no pueden más que esperar que llegue el día siguiente. Y que la luz del día no les devuelva un cuerpo.

La realidad de la cárcel, la única en el país con ese modelo de celdas masivas y un hacinamiento que hace que hasta el pabellón de aislamiento —que por reglamento sólo deberían ocupar castigados, por un máximo de diez días— sea ocupado por más de 60 presos, traspasó los muros la mañana del 1 de febrero. Ese día, los reos subieron a YouTube  unos videos grabados con teléfonos clandestinos, en que se ve a los gendarmes apaleándolos ferozmente en los módulos 4 y 9, entre un reguero de cuerpos sangrando en el piso por el impacto directo de perdigones.  La impresionante escena pronto pasó de las redes sociales a la televisión.

Pero el conflicto, por supuesto, comenzó mucho antes de que llegaran los medios con sus focos. Y tanto los gendarmes como los presos apuntan a la indolencia del único culpable: el Estado de Chile.

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La violencia, que el año pasado cobró la vida de más de veinte presos, explotó en Navidad. El 23 de diciembre, el día que los internos celebraron las fiestas, los reos de varios módulos regalaron a sus hijos las colaciones que habían guardado durante un mes para ellos. Yogures, barras de cereal, galletas. También se permitió que contrataran un castillo inflable para recibirlos. La tarde tuvo un ambiente de alegría inusual, que antecedió al caos: cuando los niños salieron, los gendarmes recibieron la orden de quitarles los regalos y tirarlos a la basura. Muchos de ellos, reconocen sin dar su identidad por miedo a represalias, se sintieron crueles. En minutos, sobre Colina II caía una lluvia de piedras arrojadas por madres indignadas.

En YouTube, los videos que suben algunos reos con lanzas y cuchillos en las manos, amenazando con sacarles los órganos a sus rivales, tienen miles de visitas y centenares de comentarios.

El episodio marcó el estilo de conducción del alcaide recién llegado a la cárcel —y ya removido—, el coronel Juan Carlos Rojas. Su llegada al recinto, a principios de diciembre, junto al jefe operativo, José Luis Calfuquir,  y al jefe de guardia, Edmundo Letelier, también removidos, fue un intento de Gendarmería de poner orden en el penal. Desde hace años, los internos del sector sur no sólo habían conquistado la libertad de transitar por los pasillos de los módulos, sino también mantener un flujo de mercancías casi libremente entre las celdas. En YouTube, los videos que suben algunos reos poderosos con lanzas y cuchillos en las manos, amenazando con sacarles los órganos a sus rivales, tienen cientos de miles de visitas y centenares de comentarios de personas que, entre risas, los alientan a matarse. Con esos mismos celulares, alertó el gobierno de España este mes, realizan falsos secuestros en ese país, cuyo rescate es cobrado por sus familiares.

El cambio de mano, que los gendarmes apoyaron pero hoy juzgan insensatamente abrupto, incluyó allanamientos constantes en busca de celulares, en que, según los presos, les rompieron pertenencias, el fin del tránsito por pasillos, un aumento del aislamiento y el corte de la entrada de materiales para la construcción de muebles. Aunque el penal no tiene un centro de formación y trabajo, la figura legal para esas tareas, hace años se hacían de forma irregular, generando un fuerte flujo de dinero y de herramientas en la cárcel, que según los gendarmes también usaban para hacer armas y corromper funcionarios.

El bloqueo de esa fuente de sustento, y las amenazas de que se rebajarían las horas de visitas íntimas adentro del penal —que legalmente son dos, pero en Colina II suelen durar toda la tarde— avivaron el conflicto, que se desató en el módulo 4 la mañana del 1 de febrero, luego de dos allanamientos seguidos en los que los presos acusan golpes y  la destrucción de sus cosas.

A través de una llamada nocturna hecha por un celular, un interno que se presenta como Miguel, del módulo 4, da su versión de los hechos. La voz, detrás de la cual se oye un silencio apenas quebrado por la presencia muda de otros presos, dice que durante los allanamientos hubo cuatro internos fuertemente golpeados, uno de ellos con una rotura en la tráquea. Dice también que la cárcel, pese a que “no la habitan blancas palomas”, era hasta hace poco un lugar de trabajo, y que a Gendarmería no le gusta eso. También explica que el mediodía del 1 de febrero hicieron una huelga por los maltratos y abusos, que fue respondida a escopetazos contra hombres desarmados. Pese a todo, precisa, los gendarmes son víctimas como ellos de una cárcel inhumana para todos.

—En el módulo 4 salieron 35 personas heridas de bala, por eso nos querellamos, y porque la masacre del 1 de febrero fue la guinda de la torta a una vulneración de derechos sistemática en el penal. Pero  entendemos  que los gendarmes viven en condiciones precarias. Se ve la miseria y el estrés en que viven, son pobres como nosotros, que convivimos con ellos. Está claro que aquí no podemos culpar ni a los presos ni a las planas bajas de Gendarmería, es un problema de las políticas del Estado chileno —cuenta el interno desde el penal.

Si bien las versiones de lo que sucedió esa mañana son radicalmente distintas, custodios y reos coinciden en que el principal culpable es un modelo de cárcel obsoleto, hacinado e inevitablemente violento.

El ex interno Ignacio Núñez, de 44 años, llegó en 2016 a Colina II luego de pasar 15 años por robo con intimidación en media docena de cárceles de Santiago y el sur, de estar libre por un mes, y de volver a caer en 2012 por la internación de 282 kilos de marihuana por el norte del país. Hace un mes volvió a salir en libertad. Sentado en un bar del barrio Brasil, vestido por completo con ropa Adidas, dice que tiene una hernia creciendo en el estómago por las patadas recibidas de gendarmes en los penales. También dice que en su periplo carcelario ha visto al menos 15 muertos y ha recibido todo tipo de golpes y encierros injustificados en celdas de aislamiento.  Cuando afuera no tienes posibilidades de trabajo por el prontuario, explica, no queda otra que acostumbrarse. Pero la rabia crece.

—A veces te sacan la ropa, te mojan, te esposan y te pegan mojado, para que no te queden moretones. Te tiran gas y cierran la puerta. Lo que pasó esta semana en Colina II va a seguir pasando, porque a nadie le gusta que le peguen, ni que le violen los derechos. Los privados de libertad hemos perdido a nuestras parejas e hijos, a nuestras madres, y cuando salimos no nos dan oportunidades. Se va creando un resentimiento. Yo adentro he visto ahorcados, apuñalados, quemados. Esto es una bomba de tiempo. El sistema está colapsando, pero el gobierno no quiere destapar la olla, no quiere ver lo que hay adentro.

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Afuera de la cárcel sólo caminan mujeres, decenas de ellas con niños pequeños, apoyando a sus maridos detrás de los muros. Arriba, el sol de la tarde asfixia. En la puerta de Colina II, algunos gendarmes que piden no revelar su identidad, cuentan su angustia. Dicen que hay miedo, que muchos de los más jóvenes  piden que los cambien de módulos, o no quieren entrar. Las amenazas contra sus familias y el temor a represalias por lo que pasó el 1 de febrero los hacen despedirse por las mañanas de los suyos sin saber si volverán.

Un gendarme que lleva más de 15 años en Colina II cuenta que nunca habían vivido una crisis como ésta. Dice que allí adentro ha visto de todo, que el mes pasado tuvo que recoger el cadáver de un interno con múltiples estocadas en el cuello, que en cada allanamiento requisan cerca de 70 puñales y estoques, que por la noche ya no puede descansar, que el penal aporta cada año la mitad de los muertos del sistema. Aunque durante su tiempo en el recinto le ha tocado enfrentar varios motines —provocados por intentos de fugas que han involucrado explosivos, un interno saliendo de la cárcel adentro de un sillón, y hasta un túnel de 80 metros construido por pirquineros contratados del exterior—, nunca los reos habían enfrentado de forma directa a los gendarmes, bando contra bando. Su versión de lo que pasó el 1 de febrero es diferente.

El temor a represalias por lo que pasó en la revuelta del 1 de febrero hace que los gendarmes  se despidan por las mañanas de los suyos sin saber si volverán.

Según la historia de los gendarmes, el primer mediodía del mes los presos del módulo 4 prendieron fuego en el pasillo, arrojando objetos en llamas. Cuando el único gendarme bombero del penal acudió al módulo, en el primer piso había internos lanzando estocadas, en el segundo un grupo con escudos, y desde arriba llovían los objetos contundentes. La reja, dicen, había sido electrificada. Entonces nueve gendarmes cortaron la corriente y dispararon sus escopetas antimotines para abrir la reja. En ese momento, siempre según los gendarmes, el primero de ellos recibió una puñalada en el rostro, llegaron refuerzos, y lo que siguió fue una batalla feroz. El gendarme, intentando explicarse, dice que cuando ves sangrar a uno de tus compañeros, es difícil controlar al grupo. Reconoce que una vez adentro del módulo se deberían haber controlado más, pero es muy distinto, dice, conversar del tema que ver a los tuyos recibir puñaladas.

Un gendarme joven lo escucha y asiente. Cuenta que él trabaja 15 días seguidos por cada uno de descanso, y que ha llegado a trabajar más de 50 días de corrido, sin salir del penal, por la falta de gendarmes. Aunque llevan años pidiendo más personal, la guardia armada sólo tiene 50 gendarmes, y el día del motín contaban con 108 funcionarios en todo el penal. Así de cansado, revela al final de la conversación, a veces apenas entiende lo que está pasando.

El saldo de la pelea del 1 de febrero fueron 19 gendarmes y 66 presos heridos, y luego de eso se instaló la incertidumbre. Los gendarmes se sienten desprotegidos y dicen que los recursos con que cuentan son irrisorios: cada módulo tiene una sola cámara, y muchas no funcionan. Al momento de la crisis, no contaban con suficientes chalecos antibalas, ni anticortes: la mayoría llegó al módulo 4 con la polera de la institución. Tampoco hay casi gendarmes con experiencia. Muchos piden ser trasladados a otras cárceles, y los más jóvenes son temerarios ante el peligro. Estar en esas condiciones, dice el gendarme, te va transformando, haciendo más violento. Él mismo, reconoce, hace años golpeó descontroladamente a unos internos, en venganza por un ataque. En todos sus años en la institución, asegura, no ha recibido nunca una capacitación psicológica.

Habla por todos cuando dice que se sienten abandonados. Sólo dos días después del conflicto, Gendarmería decidió ceder ante los internos, destituyó a la dirigencia del penal y devolvió a Colina II a 25 reos involucrados en el conflicto que habían enviado a otras cárceles. El equipo, dice, siente que les quitaron el piso frente a los internos, y que pagarán ellos.

— ¿Sienten que los dejaron a su suerte?

—Nos dejaron de lado. Y los internos tienen teléfonos celulares para fundamentar su debilidad con respaldos fílmicos, pero a nosotros ni siquiera se nos permite tener celulares adentro. No tenemos ningún respaldo que nos pueda favorecer.

— ¿Se sienten usados de chivo expiatorio frente las querellas penales?

—Sí, hay una disyuntiva. En el momento en que la institución requiere que retorne el control, el gendarme va al choque, pero al momento que tiene una represalia por el cumplimiento de su función, queda solo. La administración ni siquiera te coloca los abogados del servicio. Nos colocan una medallita si tenemos una lesión, nada más. Los derechos humanos no rigen para nosotros, ni la ley laboral.

—¿A Gendarmería no les importan?

—Creo que no somos un ente del Estado. Le servimos al Estado, pero no somos parte de él. Nos dan atribuciones, nos quitan atribuciones. En cualquier momento los internos van a estar acá fuera, y nosotros intentando custodiarlos no sé desde dónde. Desde donde a ellos se les antoje.

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El recurso que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra Gendarmería, a favor de los 66 internos heridos, habla de abuso injustificado de la fuerza con resultado de lesiones graves. La abogada Laura Matus, una funcionaria de la entidad que pudo ingresar a la cárcel una semana después del conflicto, asegura que hay pruebas de que la reacción de los gendarmes fue injustificable.

—Yo subí a ver cómo quedaron las piezas. Era impactante. Las baldosas de la escalera estaban destruidas por los escopetazos en todas las direcciones, las paredes eran un colador. Tomamos fotos de eso.

Los informes de derechos humanos son lapidarios contra Colina II: reos en aislamiento constante, viviendo hacinados entre bichos y ratones en celdas sin luz o agua, al borde de la locura.

El episodio se suma a informes entregados en los últimos años que hablan de abusos y torturas dentro del penal. El último lo hizo hace solo dos meses la ONG Leasur, una institución que realiza visitas sorpresa a cárceles chilenas para constatar el respeto de los derechos humanos. Su informe de Colina II es lapidario. En una visita al módulo 16, que es de aislamiento y en donde por ley un interno no puede pasar más de diez días, y sólo por castigos, se encontraron con 64 presos que vivían ahí de forma fija, ocupando hasta siete personas celdas para dos, sin poder moverse. Algunas sin agua o sin luz. Por el interior del estrecho pasillo entre las celdas corría una canaleta de desechos, de olor putrefacto. La mayoría de los internos denunció golpes y algunos dijeron haber sido sometidos a la práctica del “bote”, que consiste en dejarlos esposados con las manos y los pies detrás de la espalda, durante largos periodos de tiempo. Los gendarmes niegan los abusos físicos, pero reconocen que esos internos viven allí, con el mismo régimen que los castigados, que sólo pueden salir una hora al patio y recibir visitas cada 21 días. Dicen que ellos mismos pidieron traslados porque corrían peligro, y que no tienen donde más ubicarlos. Uno de esos internos, cuenta la abogada Alicia Alonso, directora de Loasur, les dijo que si seguía viviendo sin luz se iba a volver loco.

—Son celdas diminutas, sin luz directa, sin aire, algunas sin agua, donde pasan 23 horas por día. No todos tienen colchón, y duermen en el piso. Hacen sus necesidades en un agujero, algunos sin agua. Estaban llenas de insectos, de vinchucas, y los internos ponían frazadas en el piso para que no entraran ratones. Les pasan comida para que viertan en recipientes de plástico, como animales, en donde se les meten bichos. Es un basurero donde los problemas sociales que no hemos sabido resolver los escondemos hasta que explotan. La misma cárcel genera violencia. Cuando hacinas a la gente, cuando la deshumanizas, cuando la tratas como animales, las vas degradando y la vas haciendo más violenta.

Lo más sorprendente, dice, es que las instituciones del Estado a las que pasaron el informe ya sabían todo eso. De hecho, un informe de la Fiscalía Judicial sobre la vida en las cárceles, solicitado en 2009 por el Senado, detalla condiciones idénticas en las celdas de aislamiento de Colina II. Desde entonces, nada ha cambiado.

Andrés Segovia es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, el gremio más grande de gendarmes del país, que representa a siete mil funcionarios. El día lunes decía que la situación se había salido de las manos. Que lo ocurrido este mes en la cárcel había dejado claro que no existían las condiciones mínimas para controlar la situación en el penal, y que ahora ellos se sentían de rodillas. Que si hubo abusos, tienen que ser perseguidos y juzgados, pero que en las condiciones actuales de hacinamiento era imposible que se frenara la violencia.

—Si realmente se respetaran los derechos humanos del interno, el Estado los tendría en otras condiciones, de seguridad, salubridad e higiene. Falta capacitación en derechos humanos para los gendarmes, pero puede haber mucha capacitación, puede estar el Instituto Nacional de Derechos Humanos instalado adentro, pero si no hay condiciones de seguridad, si siguen siendo cincuenta reos contra un funcionario, seguirá habiendo abusos.

Mientras decía esas palabras, su celular no dejaba de sonar. El interno de Colina II Leonardo Azagra acababa de poner una pistola en la cabeza de un juez, y de salir disparando por las calles de San Bernardo.

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Tras la destitución del alcaide Juan Carlos Rojas, Gendarmería puso en su lugar al coronel Álvaro Concha. También trasladó a seis gendarmes, sumó a 35 nuevos, y dotó al personal de chalecos antibalas, anticortes y de cuatro cámaras Go Pro.

Consultados insistentemente para este reportaje, en el Ministerio de Justicia señalaron que ni al ministro ni al subsecretario, ni a ninguna otra autoridad del ministerio le correspondía declarar sobre temas carcelarios. Que era asunto de Gendarmería. En Gendarmería, por su parte, comunicaron que ni el director nacional, ni el director regional, ni el alcaide actual, ni el alcaide removido tenían nada que decir sobre la situación de Colina II.