26 de marzo de 2016. Se celebra un aniversario más de la creación de la Contraloría General de la República y como costumbre había que hacer una fiesta para los funcionarios. Jorge Bermúdez (47 años, oriundo de Valparaíso) llevaba tan sólo cuatro meses como jefe máximo del órgano fiscalizador más importante de Chile y sabía de la relevancia de la fecha. Su mandato a la división de Bienestar de la Contraloría fue uno solo: el evento debía tener el máximo de austeridad, pero a la vez tenía que ser entretenido. Tras ello, todos los funcionarios a cargo se pusieron de cabeza para cumplir la orden del jefe, pues si había alguna certeza de la forma de trabajo que estaba comenzando a impregnar este abogado de la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), es que le gustaba la eficiencia y que se cumplieran sus deseos y órdenes.

La fiesta, finalmente, plasmó fielmente el objetivo trazado por el jefe y culminó con el mismo Bermúdez desatándose la corbata para bailar y compartir con todos los funcionarios en una celebración que hizo recordar a muchos las quermeses de los años ochenta, con decorados artesanales, vasos plásticos y viejas serpentinas, en orden a la austeridad. En Contraloría recuerdan ese día como un punto de inflexión luego de meses en que no todo fuera una fiesta, sino más bien con un ambiente cargado de incertidumbre, nerviosismo y preocupación.
Es que el aterrizaje de Bermúdez a la Contraloría fue arrebatado, sin demasiado tiempo y espacio para la observación o reflexión de lo que dentro del organismo estaba ocurriendo, luego de siete meses en que el puesto estuviera vacante tras la caída en el Congreso del primer nombre propuesto por La Moneda, el de Enrique Rajevic. Fue un largo espacio sin que hubiese alguien ratificado en uno de los cargos ancla de la institucionalidad chilena. Pero, despejándose la duda sobre quién sería el nuevo contralor, de inmediato surgieron nuevos miedos que continuaron desconcentrando de las labores diarias a gran parte del personal. El nuevo contralor llegaba con toda la fuerza. Así, a las pocas semanas, comenzó a llevar a cabo ajustes en importantes jefaturas internas. El jefe de la división jurídica, Julio Pallavicini, y la secretaria general del órgano, Victoria Narváez, por ejemplo, fueron removidos rápidamente. Y así fue ocurriendo los días siguientes en otras áreas. La mano del nuevo jefe empezó a incomodar, porque —según relataron varias fuentes consultadas— el descabezamiento de funcionarios fue algo más traumático y violento que lo ocurrido con el anterior contralor, Ramiro Mendoza, quien se tomó un espacio más holgado para la evaluación de las funciones de cada uno de los profesionales. Varios al interior del órgano observan que poco a poco fue llenando cupos con gente de su confianza, en su mayoría, abogados y profesionales de la misma universidad donde estudió y trabajó hasta antes de asumir: la PUCV. En el círculo más cercano a Bermúdez explican que, como todo nuevo jefe, lo que hizo fue ubicar gente que conocía en cargos que lo ameritan, pues eso es lo normal y lo que ocurre en cualquier dependencia del Estado. De paso, aclaran que efectivamente él siempre está evaluando a su personal para que cumpla con las labores: “los flojos y apitutados” no tienen cabida en un equipo al mando de Bermúdez, enfatizan en su entorno. Y agregan que muchos sí pueden estar quizás algo asustados —y con justa razón— porque los ascensos de grado ya no serán producto de algún llamado telefónico; sino que ahora ocurrirán solamente por el mérito y el trabajo de cada funcionario.

Su propia contienda

Bermúdez tiene un estilo particularmente frenético en su rutina diaria. Sube todos los días por la escalera hasta el noveno piso del edificio de Teatinos 56. Llega antes de las 8 a.m a su oficina y sólo descansa una media hora para almorzar, algo rápido, o bien en el casino, tomando una bandeja para alcanzar el plato del día como cualquier funcionario. Y con todo, igualmente se hace el tiempo por las noches para salir a trotar, pues una de sus pasiones es el deporte. Mientras que aún su residencia y dormitorio principal se mantienen en Valparaíso donde vive su familia. Toda esta rutina siempre es acompañada de una implacable escolta de seguridad reforzada en los últimos meses a causa de algunas amenazas en su contra (en manos de la Fiscalía), luego de haber actuado con severidad en torno a las pensiones en Gendarmería, y en temas como la Ley Reservada del Cobre, entre otras materias.
Dentro de ese frenesí, desde su círculo comentan que una de sus principales tareas y preocupaciones es que utilizará todas las herramientas y facultades constitucionales que tiene la Contraloría para que la institución cumpla con la labor de velar por el cuidado y el buen uso de los recursos públicos. Dentro de ese énfasis —desde el órgano contralor— resaltan la ejecución de lo que ha denominado las 3E: eficiencia, eficacia y economicidad.
Y en medio de esa cruzada, la semana pasada se vivió un capítulo inédito y que se enmarca dentro del nuevo aire que Bermúdez quiere otorgarle a la Contraloría, luego de promover una contienda de competencia ante el Senado, con el objeto de que éste declare la incompetencia de los tribunales de justicia para interpretar de manera general y abstracta la normativa previsional aplicable a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), atribución que —según la lectura de Bermúdez— está claramente expuesta en la Constitución y la ley que entregan a la Contraloría.

En la Contraloría están plenamente confiados del éxito de la contienda presentada ante el Senado. En el círculo cercano a Bermúdez comentan que está irritado y decepcionado por el cometido del Poder Judicial.

Pero la historia de la presentación se remonta varios meses atrás y esconde una desatada pugna con el Poder Judicial. Bermúdez —junto a un estrecho grupo de su máxima confianza, entre quienes se encuentran la subcontralora, Dorothy Pérez y su jefe de gabinete Carlos Peña, —venía estudiando la posibilidad de invocar a este recurso legal. La decisión se mantuvo bajo siete llaves, con el objetivo de que no se filtrara por ningún medio. Había dos razones que motivaron esta presentación: el excesivo gasto que podría significar para el Fisco traspasar las pensiones de los funcionarios de la DGAC de las AFP a Capredena ($ 900 mil millones al año) y por la supuesta intromisión del Poder Judicial en asuntos que según la Ley y la Constitución son de exclusiva responsabilidad de la Contraloría. Pero a todo ello, había que agregar algo más de condimento, siendo el hecho que más irritó a Bermúdez , según comentan sus cercanos, que el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsh, no se inhabilitara a tiempo de la causa, considerando que su hija (funcionaria de la DGAC) era una de las demandantes por cambiar las pensiones. Si bien el 24 de octubre notificó a la Corte de su inhabilidad, antes de eso le habría bajado el perfil a la situación, además de haber —de igual modo— designado la Sala a la que le correspondería ver la causa. Tema no menor, pues según la tesis de la Contraloría, es la Tercera Sala la encargada de ver temas relacionados con asuntos contenciosos administrativos civiles en que sea parte el Estado, y no la Cuarta Sala que ve demandas laborales y en la cual finalmente quedó radicada y que tiende a fallar en favor de los trabajadores. Para el Contralor, Dolmetsh dejó su huella en el caso, ejerciendo su influencia.
Bermúdez ha hecho saber a sus cercanos, bajo estricta reserva, que tales situaciones son improcedentes. El contralor finalmente sacó la voz y convencido del triunfo en el Senado, presentó la contienda. Quienes lo conocen afirman que existe en él una profunda decepción del cometido del Poder Judicial, primero por intentar generar derecho (algo exclusivo del Poder Legislativo), y segundo por no transparentar los conflictos de intereses algo que en este caso, según Bermúdez, habría sido más que evidente con lo ocurrido con la hija del máximo ministro del Tribunal.

En la Contraloría están confiados del éxito de la contienda, considerando que en las cuatro ocasiones anteriores , en que se ha invocado el recurso, ha ganado al órgano contralor, generándose una jurisprudencia sobre su exclusiva competencia. Y dentro de ese marco de confianza, este miércoles Bermúdez se anotó un triunfo luego de que el Tribunal Constitucional acogiera, por unanimidad, otra demanda interpuesta por competencia constitucional, otorgándole la razón a la tesis contralora. Y fiel a su estilo directo, fue el propio Bermúdez quien alegó ante el TC, pues el tema le interesa de sobremanera para sentar un precedente y defender las atribuciones de su dependencia.

Los desafíos

Son varias las cosas que le quitan al sueño al contralor. Una de ellas es llevar adelante el plan estratégico

propuesto para el año 2020. Un ambicioso plan de modernización y que espera, entre otras cosas, aumentar el poder fiscalizador y la transparencia con la que se actúa. Este último tema es clave para Bermúdez, quien apuesta porque la ciudadanía se acerque más a la Contraloría y conozca de mejor manera la labor que realiza. Mientras que en el plano más interno —el de sus funcionarios— la eficiencia y el respeto, partiendo incluso por el uso correcto del lenguaje, son sus principales atenciones. También ha sido enfático en decirles a los trabajadores la estricta prohibición que existe de filtrar causas que estén en curso, para evitar lo que le está ocurriendo al Ministerio Público. Ha citado reuniones especiales para hablar sobre este punto.

En el Senado, en tanto, esperan ver en marzo la contienda en la comisión de Constitución. Para un miembro de ésta, el senador PPD Felipe Harboe, Bermúdez está en el justo derecho para presentar el recurso: “Él está defendiendo sus competencias, está haciendo lo que tiene que hacer y, sin manifestarme en términos del mérito de la contienda, sí entiendo que le corresponde hacerlo”. Mientras que consultado respecto al estilo impuesto por Bermúdez, el legislador cree que claramente se nota una nueva mano, en comparación al anterior período: “Su rol ha sido bastante distinto a lo que había. Ha adquirido un rol mucho más protagónico, el hecho de exigir, por ejemplo, una mejora considerable en los estándares de las licitaciones públicas, en temas como salud, es un avance. Da la impresión de que está generando cambios y eso es positivo”.

“Su rol ha sido bastante distinto a lo que había. Ha adquirido un rol mucho más protagónico”, comenta el senador PPD Felipe Harboe.

Otro de los senadores que revisará la causa en marzo, Hernán Larraín (UDI), destaca la autonomía que ha logrado ir construyendo desde que asumió: “Es una persona muy proactiva que ha demostrado tener mucha independencia frente a terceros. Eso es fundamental dada la responsabilidad de resolver temas que tocan con todo el aparato institucional del país”, comentó. El senador también cree que se debe avanzar en transparencia para que la gente común y corriente sepa a quién se está fiscalizando: “Hay que hacer un esfuerzo adicional, para informar lo que se hace con un lenguaje más comprensible para la gente. Las opiniones suelen ser muy técnicas y, por lo tanto, a veces muy herméticas. Ello ayudará a dar mayor fe a la forma de trabajo y a mejorar la efectividad de la labor de la Contraloría”.

Con todo, Bermúdez —en su año de gestión— ha dado sucesivas batallas desde diferentes flancos; tanto internos como externos. Desde que comenzó anunciando públicamente un sumario en contra de la Dirección Administrativa de La Moneda, dirigida por Cristián Riquelme, pasando por recorrer todo Chile con el fin de dar los primeros pasos para la formación de las contralorías regionales y metropolitanas; para ahora enfrentarse directamente y sin ánimo de tregua al Poder Judicial. Un contralor con carácter que está marcando un nuevo y a veces controvertido estilo de conducción. A varios ese estilo no les ha acomodado, mientras que otros lo valoran. Algunos también observan con recelo esta pugna con el Poder Judicial. Puede haber sido un exceso, comentan cercanos a la Contraloría. Pese a ello, Bermúdez seguirá dando más batalla, sea quien sea su contrincante; sin temor a enfrentarse cara a cara con los demás poderes del Estado y sin importar las consecuencias.