Se prometió que el Censo 2012 iba a ser el mejor de la historia. Pero la realidad dijo lo contrario: el proceso fue un fracaso. Arrojó una tasa de omisión de 9%, superior a los estándares internacionales y la mayor en la historia del país. Esta escena terminó con la salida del director del Instituto Nacional de Estadísticas, Francisco Labbé y con el entonces presidente Sebastián Piñera pidiendo perdón al país por los errores cometidos.

A tres meses del censo, se cuenta con menos de la mitad de los 500 mil voluntarios, el plan de reclutamiento descansa en los funcionarios públicos y la capacitación clave para el proceso será en marzo.

En noviembre de 2013, la entonces candidata presidencial de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, afirmaba categóricamente que de ser electa se iba a realizar un nuevo censo bajo su administración. Una vez elegida presidenta, reafirmó su compromiso, por lo que no quedaba más que iniciar un nuevo operativo censal bajo la presión de no repetir el bochorno cometido por la administración de Piñera.
A 95 días para el 19 de abril de 2017, todavía en el aire se respiran más dudas que certezas. Se cuenta con menos de la mitad de los 500 mil voluntarios que se requieren y el plan de reclutamiento descansa en los funcionarios públicos, sector con que, tras la negociación del último reajuste, las relaciones quedaron en mal pie. Además, el informe del piloto del censo —que se realizó el 6 de noviembre del año pasado— detectó que la etapa de capacitación es clave para la calidad de los datos, proceso que está planificado para marzo. De hecho, coincidentemente, una de las principales falencias del Censo 2012 fue que los encuestadores no estaban preparados para un proceso de esa envergadura.

Tensiones internas

Tal es la preocupación del gobierno que el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, asumió desde la primera línea el proceso. Un reflejo de aquello es que en las últimas semanas ha liderado reuniones con distintas organizaciones de la sociedad civil y municipios, dejando en segundo plano a la directora del INE, Ximena Clark. En un comienzo el gobierno estaba confiado de que este nuevo censo les permitiría recuperar la credibilidad de la ciudadanía, pero poco a poco este panorama se fue nublando.
Se nombró como jefa del Censo a Ninoska Damianovic y como asesora técnica a Odette Tacla. Ambas validadas por su experiencia en censos. Esta “luna de miel” duró sólo cinco meses: en noviembre de 2014, las profesionales manifestaron sus discrepancias con Clark y presentaron sus renuncias. Esa fue la primera señal de alerta que realizar un censo en menos de cuatro año no sería nada de fácil. Ese mismo mes se conformó el Comité Externo por la Transparencia del Censo Abreviado 2017 para que asesore al INE durante la realización del próximo proceso censal. El grupo fue conformado por Máximo Aguilera, Osvaldo Larrañaga, Magda Ruiz, David Glejberman y Roberto Méndez.

El plan original consideraba reunirse cada quince días para supervisar el avance del trabajo, realizar sugerencias para su perfeccionamiento y, a la vez, darle mayor transparencia al proceso, pero poco a poco esa misión se ha ido diluyendo. Las relaciones entre la dirección del INE y los expertos se fue distanciando, al punto que las reuniones eran cada vez más esporádicas. Las razones del alejamiento apuntan a que las recomendaciones de los expertos eran poco escuchadas por Clark y su equipo.
En enero de 2015, los integrantes del comité presentaron su renuncia a Clark, sin embargo, para matizar el conflicto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, entró en escena para evitar la renuncia. Aunque nadie del gobierno lo ha dicho públicamente, lo cierto es que este comité para la transparencia se disolvió y sólo algunos de ellos prestan algún tipo de asesoría.

En julio se contará con los resultados preliminares del censo, mientras que los resultados finales que permitirán perfilar a la población chilena estarán a fines de 2017.

Miembros de la comisión afirman que como tal ya no existe y que sólo se reúnen esporádicamente con el ministro Céspedes. Aguilera explica que “la comisión jugó un rol en la etapa de planificación. El ministro efectivamente nos ha invitado en un par de ocasiones para comentarnos los avances, pero no mucho más que eso, la última reunión fue creo a mediados del año pasado”. Méndez, si bien confía en que se está avanzando en la línea correcta, alerta que “el país entero quedó muy traumado que el Censo 2012 no hubiera funcionado y sería gravísimo para nuestra imagen interna e internacional que este censo fracasara”, precisa.

Desde la cartera de Economía enfatizan: “No se disolvió. El Comité de Expertos se convirtió en un ente asesor del ministro de Economía como presidente de la Comisión Nacional del Censo. Ahora nos volveremos a reunir el próximo 26 de enero”.

Otro de los inconvenientes que ha tenido el INE es la conformación de equipos. Tras la salida de Damianovic, se nombró a Patricia Morales como jefa del Censo, sin embargo, su trabajo no fue bien evaluado por Clark. En su reemplazo se nombró a Carolina Cavada, quien sigue hasta ahora en esa labor.
Este desajuste causó preocupación en el Gobierno y se trasladó a la esfera política.

Tensión política

El desafío a corto plazo del gobierno es que el Censo 2017 construya la realidad chilena, y con ello poder realizar efectivas políticas públicas. Esa es la principal preocupación que existe a nivel político. Y por ello, el martes recién pasado Clark fue citada a la Comisión de Economía de la Cámara con el objeto de dar cuenta del plan de trabajo para los próximos meses. La cita dejó con gusto amargo a los parlamentarios y con más interrogantes de las que se venían arrastrando.

“Hay un nivel importante de improvisación para lo que viene. Eso me deja extremadamente preocupado”, afirmó el diputado Fuad Chahín (DC), tras la intervención de Clark en la Cámara Baja y agregó: “Nosotros debiéramos tener una tensión permanente. Tenemos una directora que es más bien críptica con la información y que ayuda poco a que nosotros podamos apoyarla en este desafío. Considerando que si esto fracasa le hace mal al país”.

Al interior del Ejecutivo saben que en este proceso se juegan no sólo realizar un buen censo, sino que también el restablecer las confianzas y la certeza en el sistema estadístico nacional. Por ello, fuentes de gobierno afirman que si bien el Ministerio de Economía es el encargado y responsable político de que toda salga bien, en La Moneda siguen cada vez más de cerca la evolución de las distintas etapas.
“Ningún censo en la historia va a tener los ojos más encima para poder ver cualquier error” explica Chahín, lo que refleja también el anhelo de los parlamentarios por contar con un censo que les permita mejor diseño de focalización de las políticas públicas.

Otro factor de tensión que hay al interior del gobierno es que si bien no hay dudas de la importancia de contar con un censo bien hecho, también se tiene conciencia de que gastar $50 mil millones en un escenario de estrechez fiscal aumenta las presiones para que el proceso sea exitoso.

Dado el clima de voluntarismo que perciben algunos parlamentarios es que incluso se ha puesto sobre la mesa la idea de que diputados y senadores salgan a la calle ese día a encuestar. “Hay una idea de suponer que esto se va a resolver por sí mismo, pero no veo cómo eso va a ocurrir. Si la directora del INE nos dice que nos gustaría contar con los diputados censando por supuesto que estoy disponible”, comenta el diputado Jaime Bellolio (UDI).

Tensión pública

El 1 de diciembre del 2016, Céspedes envió una resolución a los subsecretarios de Estado donde quedaba regulada la ejecución de tareas encomendadas a funcionarios públicos por el Censo 2017. En esta comunicación se indicaba a los funcionarios públicos que “estarán obligados a cumplir con las funciones que les sean encomendadas”.

Se solicitó enviar una nómina de quienes participarán en el Censo contemplando, “al menos el 95 % de la dotación efectiva del servicio” y especificando que las autoridades deberán adoptar “las medidas de control y supervisión que resulten necesarias para fomentar la participación”.

Una vez terminado el levantamiento censal, el INE enviará una nómina al jefe de servicio de los funcionarios que hayan participado efectivamente en el proceso, recalcando que “los funcionarios y empleados públicos serán responsables de las infracciones que cometan con ocasión del operativo censal”. Esto implica que quienes no cumplan con sus funciones se exponen a sumarios.

Carlos Insunza, presidente de la ANEF, indicó: “No hay instrucción de obligatoriedad. El censo es una tarea de Estado y no de gobierno. Es central y gravitante para el correcto desarrollo de las políticas públicas y en este marco los funcionarios públicos, como siempre, tienen un papel que cumplir en distintas labores”.

Economía informó que para los funcionarios públicos la capacitación se realizará durante la jornada laboral y partirá desde enero y será provista por INE.

Otro de los desafíos de este año será perfilar a los inmigrantes. El ministerio recogió la necesidad de contar con traductores que permitan a los censistas aplicar el cuestionario, por ejemplo, a población haitiana que habita en Chile.

Los resultados preliminares del censo se conocerán tres meses después de aplicado el cuestionario. Mientras que los resultados finales se entregarán a fines de 2017.

Entre los pendientes que dejará planteado este proceso está avanzar a un censo administrativo. La experiencia de países desarrollados para perfilar la población ya se genera a través de cruces de registros públicos, procedimiento que se podría aplicar ya en 2022, dejando atrás este obsoleto método.

La dependencia que existe del voluntarismo del sector público, el ánimo de los funcionarios que deben trabajar ese día, la presión política y ciudadana por contar con una radiografía de la realidad chilena, los planes de contingencia aún no delineados, la falta de voluntarios y la fecha que se acerca son factores que han instalado un profundo dolor de cabeza en el gobierno, que hoy está expuesto ante el fantasma de un censo que no puede fracasar.