Chile es país fronterizo de Canadá y Estados Unidos. Esa era la oferta que dos pakistaníes, desde Santiago, hacían a sus compatriotas para venderles visas ideológicamente falsas. La promesa era que, posteriormente, podrían cruzar la frontera para asentarse en uno de esos dos países. Esta red de trata de personas que pretendía ingresar a 500 pakistaníes en 2010 fue la primera condena por el delito de tráfico de extranjeros, y es uno de los casos que a Emiliano Arias le correspondió indagar —por zona— respecto a la inmigración vía aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Si bien a Arias se le ha asociado en el último tiempo al caso SQM y a la controversia con Jorge Abbott —tema que declina abordar—ha encabezado diversas investigaciones por trata de inmigrantes que cruzaban la frontera norte, cuando trabajó en la Fiscalía de Arica entre 2001 y 2004, y posteriormente en Pudahuel, por donde se produce la mayoría de los ingresos de extranjeros. Hoy, como fiscal jefe de Rancagua, ha debido actuar ante abusos laborales a inmigrantes, en especial con aquellos que son traídos a trabajar ilegalmente en labores agrícolas y construcción.

Según detalla la última encuesta Casen, la tasa de inmigrantes creció en un 31% entre 2013 y 2015, pasando de 243.878 a 465.319 personas. Pese a ello, sólo representan el 2,7% de la población de Chile. Sin embargo, la temática ha cruzado el debate político. Sebastián Piñera dijo que la inmigración importa la delincuencia y que “muchas de las bandas de delincuentes son de extranjeros”; Alejandro Guillier, que en 2015 la llegada de inmigrantes estaba deteriorando la calidad de vida de los antofagastinos, y el senador Manuel José Ossandón planteó que se debe agilizar la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos.

Ante esta mirada, Arias dice que hay una falta de comprensión de la evolución del fenómeno migratorio y de sus dimensiones, lo que sumado a la deficiencia de la ley vigente, que data de 1975, y al desconocimiento de cómo opera la justicia, ha generado la estigmatización de los inmigrantes en Chile.
—En los once años que estuve en el aeropuerto, en las investigaciones que tuve no encontré ninguna que me llevara a pensar que estuvieran entrando a Chile organizaciones internacionales para cometer delitos, o sea, que se estén importando criminales. En la mayoría de los casos son personas que vienen a trabajar. Pero claro, frente a olas de inmigración, como las que vemos desde hace diez años, este sistema no da abasto.

"En la Fiscalía observamos que las organizaciones hacían ingresar a las personas y después se olvidaban de ellas. Y quedan ahí, perdidas. Esa persona, que se encuentra en esa condición, es presa fácil de empresarios inescrupulosos, de delincuentes".

Explica que con la PDI venían monitoreando desde hace una década el cambio en el fenómeno migratorio. Según señala, la variación se produjo porque Chile pasó entre 2005 y 2010 de ser país de ruta a uno de destino. Por ejemplo, llegaban decenas de cubanos y chinos para hacer escala, rumbo a Estados Unidos.

Además de la inmigración de tránsito y de asentamiento—la persona que viene a hacer familia, a radicarse para ser chileno— se produciría otro tipo de ingreso, que el fiscal denomina “migración intermedia”.  Se trata de extranjeros que llegan al país diciendo que son turistas, pero que vienen a trabajar por temporadas.
—Eso es lo típico, que ingresan 40 ciudadanos mexicanos, o colombianos, que vienen a instalar antenas eléctricas, o al agro, entran como turistas, trabajan en territorio nacional, y luego se van —dice.

—¿Cómo se decide a qué inmigrantes investigar?
—El primer indicio es un flujo migratorio anormal, que puede ser natural, o como en el caso de los pakistaníes, se ve que es uno por una organización criminal, que lo que busca es traficar con inmigrantes, porque les cobraban por la visa, alojamiento y después trabajan por un precio ridículo. El lucro es muy típico en este tipo de organizaciones. La inmigración es como un río grande, de esos caudalosos, que ya vienen, lo único que se puede hacer es regular. Si pones un muro o prohibiciones, las personas entrarán por otro lado. Es un caudal incontrolable, que ya viene a Chile y el tema hay que regularlo.
—En 2012 seguimos investigando flujos inusuales de inmigrantes y notamos que ingresaban muchos dominicanos como turistas. Es posible que ciudadanos de República Dominicana vengan a hacer turismo, por supuesto, pero por la cantidad, no era lógico. Entraban entre 90 a 100 personas por día, todos con la misma historia. Fueron tantos, que la policía comenzó a devolverlos, y luego se les pidió visa. ¿Qué produjo eso? En un momento estábamos en el aeropuerto, diciendo: ‘mira, parece que funcionó’. Nada. Lo único que se logró es que las organizaciones criminales lleven a estas personas, que viven a nivel del mar, al altiplano, las hacen cruzar la frontera por los campos minados de Colchane, donde la puna te agarra.

—¿Dónde está fallando la legalización del ingreso?
—Hay ciertos flancos abiertos, como el otorgar nacionalidades con la inscripción de chilenos a través de testigos, un procedimiento obsoleto. No se puede tener una ley que diga: “Se prohíbe que los turistas trabajen”, cuando en la realidad el turista ingresa y a la semana siguiente pide autorización y se la dan. Deja espacio para esos abusos.

—No existen cifras sobre quiénes entraron a Chile y no legalizaron su situación.
—Esa es otra gran preocupación. Hay un alto porcentaje de personas que entraron y no se regularizaron. Están fuera del ámbito de protección laboral, de salud. Es grave. En la Fiscalía observamos que las organizaciones ingresan a las personas y las dejan. Y quedan ahí perdidas, que es lo que pasa con los haitianos. Esa persona, que se encuentra en esa condición, es presa fácil de empresarios inescrupulosos, de delincuentes. También he visto casos en que estos inmigrantes ilegales eran víctimas de delito. Y a estas personas no las encuentras, porque esta víctima, ¿se va a acercar a la Fiscalía? ¿A la policía? Jamás, porque la van a expulsar. Es una persona que lo único que quiere es que no la vean. Total, capaz que esté igual mejor aquí que en su país. Pero eso te da una cifra negra, que es inmanejable. No podemos pretender con una ley del año del ñauca regular fenómenos que pasan desde hace ya casi diez años.

Estigma y prejuicio

—Si sólo el 1,1% de los inmigrantes ha cometido un delito, ¿por qué se instala en el debate la asociación entre ellos y la delincuencia?
—La verdad es que soy fiscal desde hace 15 años, y 14 en zona fronteriza, y no he visto asociado un incremento en cualquier categoría de delito a la presencia de extranjeros. Hay delitos que sólo se cometen por extranjeros, pero que se produzca un aumento de ilícitos, no lo he visto. No hay una asociatividad a la inmigración que nos permita decir que el inmigrante viene a hacer del delito su profesión. En las organizaciones que yo veía, traían a gente que terminaba trabajando en La Vega, muy temprano, a las 4 am. Trabajan mucho, viven juntos, forman colonias. Eso se está produciendo. Desde el punto de vista penal, he investigado con la policía cómo opera la organización, las de inmigración pura, de extranjeros que vienen a trabajar. Visto de otra forma: si la mitad de los inmigrantes estuvieran cometiendo delitos, imagínate lo que serían las cifras. Sin duda se notaría. Sería como Sin City, y tú los ves ahí, vendiendo sus comidas en la calle.

—¿Se está expulsando a extranjeros que han cometido delitos?
—La expulsión se dicta una vez que una persona es condenada. Puede ser expulsada y siempre que ella quiera, se puede ir, no hay ningún problema. Una vez condenado un extranjero, no podemos obligarlo a que se quede.

—¿Por qué cree que algunos políticos insisten en la expulsión?
—Entiendo que hubo discusión respecto de si era posible expulsar a personas sin que hubiera una condena, pero hay un tema de presunción de inocencia. No creo que sea posible efectuar esta expulsión sin que medie una condena, a no ser que voluntariamente la persona quiera retirarse, y ahí nosotros, como Ministerio Público, tenemos herramientas para hacer poner fin a la persecución penal en el minuto que una persona quiera irse del país.

"Si la mitad de los inmigrantes estuvieran cometiendo delitos, imagínate lo que serían las cifras. Sin duda se notaría. Sería como Sin City, y tú los ves ahí, vendiendo sus comidas en la calle".

—¿Si se retira en medio de la investigación?
—Depende del delito: tenemos métodos para tratar un caso de una manera distinta a la condena, en la medida que solucione el conflicto. Si un extranjero comete delito de menor entidad, se puede ir, porque se genera una serie de prohibiciones de ingreso: si alguien comete un delito y es condenado, no puede ingresar a Chile, queda en un registro de las policías.

—Si son varios los casos de tráfico de inmigrantes y trata de personas, ¿por qué las condenas son tan pocas?
—Es que son personas que tienen muy poca adherencia con el proceso penal y con la Fiscalía. La retractación de ellos es muy alta, hacen una denuncia cuando están complicados, pero luego se retractan, porque les ofrecen plata para trabajar. "Te mejoro las condiciones, pero anda al Ministerio Público a decir que no pasó nada". Y sucede. Son fenómenos con los cuales tenemos que vivir, conocer y solamente regulando bien esto es que podemos decirles a los extranjeros las reglas claras para que vengan a Chile, y si son vulnerados, que sepan que tienen derecho a recurrir a las autoridades.

—¿Cómo actúa la justicia ante chilenos implicados en tráfico de inmigrantes, como el caso del empresario Francisco Javier Errázuriz?
—También son partícipes del delito. La atribución de responsabilidad que se hizo es que él lideraba esta red. El 10 de enero hay audiencia en Pichilemu. Eso pasa en la trata laboral: hay que conjugar normas penales con laborales.

—Los protocolos internacionales apuntan a los DD.HH., pero la ley de 1975 habla de perseguir el delito de ingreso ilegal.
—Se les debe proteger, pero ese decreto dice que debemos perseguirlos. Son contradicciones que tienen que desaparecer. Cuando tú ves a estas personas que son traídas por organizaciones criminales, la contradicción entra en absurdo. Y hay una inmigración del que vino a Chile, está muy bien y se trae a toda su familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Criminalizar? También llegan profesionales, europeos, distintos de los que vienen a trabajar en labores básicas. Lo que puedo decir al respecto es que hay uno que merece más protección. Y es aquel que cree que Chile es limítrofe con Canadá. Esa persona para mí es mucho más vulnerable.