El lunes pasado el rector de Duoc UC, Ricardo Paredes, sorprendió a quienes habían seguido la discusión educacional, donde él ha sido uno de los protagonistas.

Distante del tono conciliador que lo había caracterizado y contrario a la posición proacuerdos que había mantenido desde el inicio, Paredes escribió una columna en La Tercera donde habló de una clara y creciente discriminación hacia los estudiantes de institutos técnico-profesionales (TP). “Nuevamente todos los estudiantes de TP quedarán discriminados, en una situación que, después de un año de declaraciones y mea culpa, sería no solo incomprensible sino que francamente burlona”.

—¿Cómo ve el cuadro general de la gratuidad 2017?
—Siempre lo he visto complejo porque este propósito general de dar gratuidad universal e irlo transformando en una secuencia ha sido poco prolijo. Viene con desfinanciamiento a universidades importantes y, por lo tanto, hay una materia que arreglar. Ahora, si se queda en la gratuidad al 50% bien hecha, no me parecería necesariamente tan malo como me pudo parecer al principio. Pero requiere mejoras respecto a las universidades. Y en cuanto a la gratuidad a la que deben acceder por justicia los alumnos de los CFT e IP y que ha estado siendo no sólo por segunda vez anunciada por la presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo, sino que repetida por todos los sectores. Veo un momento muy duro. Uno empieza a ver fuertes inconsecuencias entre el discurso y lo que se hace.

—¿En qué ve inconsecuencias sobre la gratuidad para CFT e IP para 2017?
—Así como vamos, y sería el gusto de muchos, es probable que nuevamente se reitere la injusticia del año pasado de haber excluido masivamente a todos los alumnos del sector técnico-profesional de la gratuidad.

—Pero el Congreso aprobó el proyecto que permitirá a los CFT e IP transformarse en sin fines de lucro.
—Me parece muy positiva la aprobación, un paso, pues uno de los elementos del cuestionamiento del Tribunal Constitucional (TC) a la glosa de gratuidad fue la imposibilidad que tenían algunas instituciones de transformarse (a sin fines de lucro). Este tema, sin embargo, no es el único, y aún pudiera, desde alguna perspectiva, mantener cuestionamientos a la glosa presupuestaria. Por eso mantengo la preocupación, pues es lo que han dicho los parlamentarios que recurrirán al TC.

“En este gallito se pone de rehenes a los estudiantes vulnerables, que no asisten masivamente a marchas, que no hacen lobby, que no tienen federaciones que amenacen o planteen, y que tienen un profundo deseo de trabajar, estudiar, y donde la deserción está muy marcada por la falta de financiamiento estudiantil”.

—¿En qué y quiénes ve las inconsecuencias?
—Hay un diagnóstico consensuado, pero estamos llegando a una situación donde para algunos es evidente que hay un gallito entre el gobierno y la oposición para pasar el costo de uno a otro. Por un lado, el Gobierno, que insiste en una glosa para la gratuidad con exigencias de no tener lucro y por otro lado, la oposición que plantea que recurrirá al TC porque esa glosa es injusta y es inconstitucional. Si bien es cierto que el TC ha dicho cuáles son los límites de la Constitución para esto y planteó que la condición jurídica de las instituciones no debiera usarse para diferenciar entre instituciones que accedan o no a la gratuidad. Lo que hizo el Estado de Chile, gobierno y oposición, sin objeción, fue un acto exactamente en ese sentido cuando se excluyó por su condición jurídica a todos los alumnos de los CFT e IP, a pesar de que podrían tener más acreditación y servir a alumnos más vulnerables.

—¿Y a quién responsabiliza por la situación?
—Veo que las acciones de algunos grupos dentro del gobierno y algunos grupos dentro de la oposición son consistentes con esa idea. En este gallito se pone de rehenes a los estudiantes vulnerables, que no asisten masivamente a marchas, que no hacen lobby, que no tienen federaciones que amenacen o planteen, y que tienen un profundo deseo de trabajar, estudiar, y donde la deserción está muy marcada por la falta de financiamiento estudiantil. Veo con preocupación y bastante impotencia esta actitud que es transversal.

—¿Sectores del gobierno y de la oposición estarían usando de rehenes a los estudiantes?
—Yo diría que sí cuando no hay una empatía no sólo con los estudiantes, sino que con un sentido de justicia y coherencia con lo que hablan. Por un lado, al gobierno no le costaría demasiado esfuerzo excluir de la glosa la condición sin fines de lucro…

—¿Propondría quitar ese requisito para evitar la eventual exclusión de los CFT e IP por el TC?
—Exactamente. Creo que no le costaría, pero hay grupos dentro del gobierno que no están dispuestos a hacerlo por un tema mucho más ideológico, sin perjuicio de que el año pasado se hizo una diferenciación entre las instituciones que habían firmado un compromiso de transformación (para ser sin fines de lucro) y las que no firmaron, y los alumnos de los CFT e IP que firmaron el compromiso accedieron a mejor financiamiento (becas). Y, por otro lado, por parte de la oposición, que estuvo muy llana a excluir a todo el sector técnico profesional al hacer esta diferenciación entre instituciones que firmaron y las que no. Por lo que veo, en ambos sectores hay una posición que no es del todo constructiva para ser coherente con lo que dicen.

—Según usted, ¿es inconstitucional la glosa para la gratuidad 2017 que incluye a CFT e IP?
—La glosa actual no difiere de la del año pasado en lo esencial. Uno podría decir que las condiciones de la glosa actual son algo distintas, o se espera que sean distintas, porque en particular el proyecto de transformación de instituciones permite que las que realmente quieren transformarse en sin fines de lucro puedan hacerlo, a diferencia del año pasado, cuando no se podía. Entonces, yo creo que el TC tendrá al menos dos antecedentes adicionales este año: las instituciones podrán hacer la transformación, y que el año pasado, después del fallo del TC se legisló haciendo diferenciación entre instituciones que habían firmado este compromiso de transformarse y otras que no. Entonces, este año posiblemente el TC pondere no sólo la literalidad de la glosa, sino que las circunstancias, y posiblemente tengamos un fallo en el que no sea declarada inconstitucional, pero no le doy demasiadas probabilidades a eso. Hay riesgos.

—¿Pero ve la opción de que el gobierno se allane a eliminar como requisito el ser sin fines de lucro? Es parte de los principios de la reforma educacional.
—Esta exclusión de la condición del lucro no debiera ir en contra de la base de esa posición porque todas las instituciones que hoy tienen cuatro o más años de acreditación han firmado un compromiso de que están dispuestas a transformarse en sin fines de lucro.

—¿Y esos compromisos firmados establecen fechas?
—No disponen fechas ni condiciones, lo que sí tenemos ahora es una ley de transformación que se aprobó y que está hecha para algunas instituciones, no para todas. Aquí hay una carencia en esa ley, se requiere una ley adicional o un artículo adicional que permita a instituciones que son dueñas de sus edificios o infraestructura, y los dueños no quieren regalarlos a una fundación, recuperar lo que se invirtió, rentabilizarlos o qué sé yo. Hay formas de salir de eso, pero hoy esa condición general existe.

—Volviendo a la reforma, el gobierno anunció indicaciones para el proyecto ¿qué vislumbra para esa discusión?
—En términos generales hay un consenso transversal en que hay que mejorar estándares de calidad y de vigilancia a la calidad, y ahí entra la Subsecretaría, la Superintendencia (de Educación Superior), y no es un tema que nos diferencie mucho. Pero en el detalle sí tenemos variedad de puntos. Ahora, sí creo que hay un tema muy profundo y fuerte, que tiene que ver con el financiamiento institucional y, en particular, esto que es nuestra herencia de la propuesta de fijación de aranceles, creación de comités para fijar aranceles, etcétera.

—¿Aumentará la presión de las instituciones si la reforma persiste en regular los aranceles?
— Sí, aumentará un lobby de las instituciones y de quienes estén detrás de ellas. Si se regulan los aranceles, en el mejor de los casos es que le apunten a la mediana de tus costos, y eso va a significar que la mitad de tus carreras va a quedar sobrefinanciada y la otra mitad subfinanciada. Pero en el peor de los casos, lo que podría pasar es que la mayoría de las instituciones y de las carreras queden desfinanciadas, y ahí las consecuencias sobre la calidad, el proyecto educativo que uno quiere desarrollar, son muy severas. Y ahí uno sabe que las instituciones tienen espaldas distintas para llegar al gobierno, y eso es malo porque realmente uno no puede basar el desarrollo de un sistema de educación superior en las espaldas que alguien tenga para llegar al sector político.