La decisión del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, de recurrir a la justicia en contra del fiscal nacional Jorge Abbott, particularmente con un recurso de protección contra su decisión de abrirle un sumario administrativo puso todos los focos de atención esta mañana en el Ministerio Público. La acción de Arias es inédita en la historia de la reforma procesal penal y en la vida del órgano de persecución penal y se produce después de que Abbott lo sacara del caso Corpesca luego que diera una entrevista en el diario La Tercera donde adelantaba juicios y los pasos a seguir en el caso. La decisión de Abbott generó un importante revuelo y atizó los ánimos al interior de la institución, donde las asociaciones gremiales de fiscales salieron a respaldar al fiscal regional.

Hasta ahí no había pasado a mayores el asunto. Pero este lunes se conoció que Arias había presentado un recurso de protección que, este martes, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible. Pese a ello, el conflicto desatado entre la máxima autoridad del Ministerio Público y uno de sus fiscales de confianza está lejos de terminar y para quienes conocen a fondo la institución es una situación que debilita a la institución. Juan Enrique Vargas, decano de Derecho de la Universidad Diego Portales y uno de los padres de la reforma procesal penal, es una situación compleja y grave la que se vive en las oficinas de General Mackenna.

"Recurrir con un recurso de protección desde el punto de vista del funcionamiento interno es muy grave y complejo y más complicado aún es si este recurso eventualmente se acogiera, porque ahí empezaría a ser gestionado el Ministerio Público externamente por el Poder Judicial y todas las resoluciones del fiscal nacional podrían quedar en entredicho mientras no hubiese un pronunciamiento judicial eventual sobre las mismas", dice Vargas.

—¿Cree que es un error lo que hizo el fiscal Arias?

—No hay un problema legal, forma, al respecto. Hay un problema de criterio y de lealtad con el funcionamiento de la institución.

—¿El problema de lealtad es de Arias o quizás la forma en que Abbott resolvió el conflicto anterior con esa especie de mordaza que le aplicó al fiscal regional de O'Higgins?

—No quiero entrar a juzgar si Abbott lo está haciendo mal o bien porque eso me complica. Mi comentario va más allá de la bondad o la pertinencia de su decisión. Cualquiera que esta sea, yo creo que es la decisión que tomó el fiscal nacional y uno la pelea adentro, la acata o se va. Me parece que judicializarla es algo que debiera estar fuera del espectro de posibilidades para un fiscal regional que es parte del equipo directo. No estamos hablando de un fiscal cualquiera, estamos hablando de un fiscal regional que fue designado por el propio Abbott en este cargo y él le reclama judicialmente generando un quiebre que luego va a repercutir en el funcionamiento normal de la institución. ¿Qué confianza va a haber en ese equipo cuando están peleando en los tribunales?.

—¿Qué consecuencias cree que podría tener para el Ministerio Público que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso como este?

—Es muy complicado porque deja en una posición muy frágil la autoridad del fiscal nacional, porque alienta que todos quienes eventualmente se sientan lesionados por una de sus decisiones terminen acudiendo a la justicia. Sus decisiones pasarían a ser provisionales mientras los jueces no se pronuncien sobre las mismas y sobre todo genera una desconfianza en el trabajo diario y cotidiano. Que esto no vuelva a terminar en los tribunales. Simplemente esa amenaza y esa distancia que va a generar en el equipo más estrecho del fiscal nacional me parece tremendamente perjudicial para un buen trabajo del Ministerio Público".

—¿No le parece que hay también detrás un problema de exceso de protagonismo de los fiscales?

—El Ministerio Público yo creo que tiene un rol muy importante y por supuesto los fiscales que se desempeñan ahí tienen que desempeñar ese rol tan importante y estar muy empoderados. Lo que no debe olvidarse es que esta institución es jerarquizada, que no obedece a los intereses e inquietudes o expectativas individuales de cada uno de los fiscales por muy importante que sea, sino que hay una política institucional que ejecutar y a la cual subordinarse. Lo que yo veo es que el problema más que el empoderamiento de los fiscales es que no se están sometiendo a una política institucional.

—¿Es un conflicto inédito en la historia de la institución?

—Han habido recursos de protección de fiscales individuales por decisiones administrativas, yo conozco un caso por traslado, y eso también es una cosa que uno podría discutir. Pero son casos que no tienen la envergadura como para que un fiscal regional recurra de protección por una decisión directa del fiscal nacional.