“Qué te pasa, huevón cobarde…”.
Las palabras del fiscal parecieron traspasar al joven mapuche que, segundos antes, lo había insultado a la salida de un tribunal de Temuco. El abogado persecutor se notaba complicado. Acababa de perder un juicio por ataque incendiario y su ánimo no era de los mejores. Por lo mismo, la burla e insulto del comunero ya libre parecieron complicarle más de lo normal. Pero el asunto no pasó a mayores. Alguien tranquilizó al profesional y un grupo de familiares de la contraparte sacó al, hasta hace pocos minutos, imputado. Por esa vez, el tema no traspasó el límite de los insultos.
La escena, pero con actores diferentes, se amplificó el pasado 26 de julio en una de las audiencias previas al juicio que se realizará en contra de once mapuches sospechosos de participar en el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, hecho ocurrido la madrugada del tres de enero de 2013 en Vilcún, y por el cual ya hay una persona condenada: el machi Celestino Córdoba. En esa instancia, el grupo de imputados las emprendió a gritos en contra de los fiscales Luis Arroyo y Alberto Chiffelle, a quienes acusaron de ser racistas y de estar patrocinando un “montaje”: una acusación repetitiva en este tipo de casos. En esa oportunidad tampoco la situación se descontroló en extremo, aunque se debió desalojar la sala y reanudar la audiencia sin los imputados.
Pero la situación escaló. Y, aunque los protagonistas fueron otros, ha desatado una serie de conjeturas que tienen en entredicho el brazo del Poder Judicial que debe fallar en los casos relacionados al conflicto mapuche o “violencia rural” como se denomina últimamente. Los conceptos “miedo”, “amedrentamiento” y “temor” se repiten con frecuencia en crónicas periodísticas y conversaciones. Sobre todo luego de que el pasado 4 de agosto la magistrada María Teresa Villagrán se inhabilitó para seguir viendo la causa por el homicidio Luchsinger. En el escrito que presentó a sus superiores, señaló: “Estimando que la hostilidad o resentimiento manifestado por los abogados defensores indicados hacia mi persona pueden hacer presumir que no me encuentro revestida de la debida imparcialidad”.
El documento hacía referencia a los abogados Manuela Royo y Mario Quezada, quienes pretendían recusarla (sacarla del caso) y con quienes protagonizó varios entredichos verbales en medio de las audiencias por la causa. Desde ahí, la mecha del cuestionamiento se encendió y trajo a la memoria colectiva otros hechos violentos ocurridos en tribunales en medio de las diferentes causas donde los imputados son mapuches y están relacionados con el conflicto por tierras que se alarga por décadas en el sur del país. El último de ellos, ocurrido en el tribunal de Cañete el pasado 15 de julio. En esa oportunidad, un grupo de unos 60 comuneros atacó con piedras el edificio del juzgado. La turba no compartió la decisión de los magistrados de dejar en prisión preventiva a dos mapuches imputados por porte ilegal de arma de fuego. Fueron minutos complejos, según relatan quienes estuvieron ahí. Pero la escena es bastante más común de lo que se cree. Por lo mismo, generalmente se refuerzan los perímetros de los juzgados cada vez que hay una audiencia en la que está implicado un comunero. La violencia puede manifestarse con piedras, palos, golpes e insultos. Fuera y dentro de las salas. Ha sucedido en Angol, Collipulli, Victoria, Temuco y en otros tribunales sumergidos en la denominada “zona roja” del conflicto mapuche. Pese a que la voz del Poder Judicial se una y catalogue la acción de la jueza Villagrán como un hecho aislado, en los pasillos de las cortes en La Araucanía la opinión es diferente. “Es preocupante que los jueces se sientan hostilizados y que esa situación provoque que se inhabiliten para conocer causas. Es una situación pocas veces vista en el marco de la Reforma Procesal Penal”, dice el abogado de la zona Carlos Tenorio, quien además es querellante en el caso Luchsinger-Mackay. El profesional agrega: “Acá yo no tengo dudas de que ha habido jueces que han sentido temor en alguna de estas causas del denominado conflicto. Yo no tengo dudas porque me consta, ya que en alguna oportunidad lo he escuchado en conversaciones privadas, por lo que no puedo revelar identidades”.
“Uno de los daños que le causa al sistema esta inhabilidad es precisamente mandar una imagen de que los jueces están amedrentados y están actuando con miedo”, dice Juan Enrique Vargas, decano de Derecho de la UDP. “Me parece muy peligroso lo que ha pasado”.
El tema no es menor, ya que entre los abogados se comenta que Temuco es una ciudad pequeña y algunos de los protagonistas de las últimas semanas tienen lazos familiares y cercanos que viven en las zonas rurales aledañas a las comunidades en conflicto. “Acá todos se conocen y es natural que se tenga miedo”, dice un abogado de la plaza que prefiere mantenerse anónimo.
A juicio del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas, la situación es compleja y la señal de la jueza Villagrán al inhabilitarse es un “mal precedente”: “Es muy dañino para el sistema judicial el que los jueces sean o se sientan presionados. En este caso concreto y en base a la información que conozco no aparece nada claro la razón por lo que la jueza se inhabilita. Más bien parece una reacción excesiva a un caso complejo donde siempre hay tensión y conflicto, pero en el que un juez debe estar preparado para llevarlo y cumplir su función con imparcialidad”.
Vargas agrega que la situación pone una duda general sobre las decisiones que los jueces de la zona pueden tomar y cómo éstas puedan estar influenciadas por un estado psicológico anormal provocado por el temor o amedrentamiento. “Uno de los daños que le causa al sistema esta inhabilidad es precisamente mandar una imagen de que los jueces están amedrentados y están actuando con miedo. De ahí a poder interpretar que los fallos en uno u otro sentido se deban a esa actitud psicológica hay un paso y eso es muy negativo para el sistema de justicia. Por eso es que me parece muy peligroso lo que ha pasado”, explica Vargas, quien es uno de los creadores de la Reforma Procesal Penal en Chile.
Por lo mismo, quizás, es que la presidenta de la Corte de Apelaciones de Temuco, Cecilia Aravena, salió rápidamente al paso sobre lo sucedido y acotó la situación de la jueza Villagrán como un “hecho puntual”. “Si usted me pregunta si los jueces han sido amedrentados en estos procesos de violencia rural, yo le diría que no es así. Lo que nosotros tenemos real y efectivamente es la inhabilitación de una jueza de garantía y no hay ningún otro caso”, señala enfáticamente a Qué Pasa la ministra Aravena.
Cancha neutral
La situación de María Teresa Villagrán ha dado pie, con sustento o no, para que las voces críticas al accionar de los magistrados se profundicen cada día más. La principal es que los casos relacionados con el conflicto son medidos por los magistrados con estándares diferentes. El último de ellos, la absolución del fotógrafo Felipe Durán, quien fue enjuiciado junto a Cristian Levinao por tenencia ilegal de explosivos, municiones y armamento. Durán fue detenido en septiembre de 2015 en su casa de un sector rural de Temuco. Estaba con Levinao, quien se mantenía prófugo de la justicia. Pese a que todos los materiales ilegales se encontraron en el domicilio, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco decidieron absolver porque, según ellos, la Fiscalía no logró acreditar que pertenecían a los imputados.
“Siempre se ha hecho saber este tema: que existe algún grado de temor y amedrentamiento respecto de los jueces y eso, obviamente, que afecta a las causas y nosotros, como asociación, y yo como abogado rechazo tajantemente”, explica el abogado Luis Felipe Romero, presidente de la Asociación de Víctimas del conflicto mapuche.
El profesional va más allá y explica que el amedrentamiento, por ahora, se manifiesta en los jueces y fiscales, pero que también se da en otros actores del sistema como testigos, peritos y abogados querellantes: “Prácticamente todos los actores nos hemos visto envueltos en este tema. En definitiva, es parte del conflicto”.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, dice que se tomarám todas las medidas necesarias para dar mayor seguridad a los jueces y también al resto de los intervinientes en los casos. “Haremos los esfuerzos necesarios para que ningún juez se sienta ni sea amedrentado”, señala.
Desde el gobierno también están monitoreando la situación. De hecho, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, explica que están dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para dar mayor seguridad a los jueces y también al resto de los intervinientes en los casos. “Haremos los esfuerzos necesarios para que ningún juez se sienta ni sea amedrentado en el ejercicio de sus funciones”, señala a Qué Pasa. La primera señal de esto fue que se aumentó sustancialmente la seguridad en el tribunal de Cañete, que sufrió el apedreo en julio. La misma medida podría tomarse en Temuco y otros juzgados de la “zona roja”.
En los últimos días se reactivó la idea de un grupo de legisladores de RN de sacar este tipo de causas de los tribunales de la región y llevarlos a otras zonas del país. El proyecto, que ya superó su etapa en la comisión de Seguridad y está listo para debatirse en la sala, apunta a que los delitos que se den en la región y que sean investigados como terroristas o por Ley de Seguridad del Estado, cambien de jurisdicción. Así lo explica el diputado Germán Becker: “Con eso hay mayor libertad para los jueces y testigos, y puedan realizar una labor más correcta y de acuerdo a la imparcialidad que se necesita en estos casos”.
La idea, en todo caso, no es compartida por gran parte de los actores. Ni la presidenta de la Corte de Apelaciones de Temuco, Cecilia Aravena; ni el abogado de la Asociación de Víctimas, Luis Felipe Romero, están de acuerdo con el asunto. La primera sostiene que los jueces de la región están capacitados para conocer los procesos. El segundo, en tanto, señala que el objetivo de los legisladores debiera apuntar a traer paz a la región y no llevarse las causas a otro lado.
El factor Chiffelle
Quien también se ha visto complicado por el caso es el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle. El persecutor, uno de los investigadores del caso Luchsinger-Mackay, ha sido blanco de una serie de acusaciones y se lo tilda de “racista” y “antimapuche”. El origen de todo esto está en la demanda laboral que realizó en contra de la Fiscalía de La Araucanía el ex fiscal de Collipulli José Traipe. En ésta sostiene, entre otras cosas, que su desvinculación se debió a su origen mapuche y apunta a Chiffelle como responsable, ya que según Traipe, cuando éste ejercía como fiscal regional subrogante, lo obligó a ser más duro con imputados de la etnia. Desde el Ministerio Público sostienen, en tanto, que la salida de Traipe se explica porque no presentó a tiempo una acusación por una causa de hurto, lo que posibilitó la absolución del imputado. Agregan, además, que no era la primera vez, ya que tenía otros dos sumarios anteriores por el mismo hecho y dos más por actuaciones deficitarias diferentes. En todo caso, bastó que la demanda laboral realizada por el ex fiscal Traipe se hiciera pública en el diario El Austral de Temuco, para que el tema traspasara lo laboral y se mezclara en la causa madre de todos los casos relacionados con el conflicto: el crimen del matrimonio Luchsinger – Mackay.
Así, peticiones de remoción e insultos en el tribunal fueron un panorama normal para Chiffelle. Pero el tema no sólo se agotó en el edificio del centro de justicia de Temuco. En diversos ataques y atentados se han encontrado panfletos en contra del persecutor. También apareció una gran pancarta pegada en uno de los puentes de acceso a Temuco con la leyenda “Basta de racismo #FueraChiffelle”. Lo último: un polémico video en que una de las defensoras del caso Luchsinger, la abogada Manuela Royo, invitaba a una manifestación en Santiago en contra del fiscal. El hecho generó gran controversia y desembocó en la salida de la abogada Royo del caso, quien fue removida por decisión del defensor nacional, Andrés Mahnke.
La abogada Manuela Royo sostiene que su calidad como defensora no le quita su posición de ciudadana. Royo acusa que su remoción sienta un pésimo precedente a la “necesaria autonomía de la defensa”.
En todo caso, desde el Ministerio Público de La Araucanía se aseguraron de blindar a Chiffelle y fue el fiscal regional, Cristian Paredes, quien decidió aumentar la protección policial en favor de los dos fiscales que lideran la causa: Chiffelle y Luis Arroyo. Además, el propio Paredes salió a respaldar públicamente al cuestionado persecutor y habló incluso de que las acusaciones podían “socavar las bases” del Estado de derecho. “Como fiscales, lo que hacemos es representar a la sociedad para que los delitos no queden impunes. No nos amedrentarán, pero creemos que debemos ser responsables y no tolerar que, por ejemplo, se tilde a agentes del Estado, como a las policías, de que están torturando a personas y que se hostigue a los jueces. Eso es tremendamente serio y tenemos que hacernos cargo de ello”, señaló Paredes luego de una reunión de coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público de La Araucanía y el Biobío, además del subsecretario Aleuy.
Si bien Alberto Chiffelle prefirió no hablar para este reportaje, cercanos a él señalan que está complicado ante las acusaciones que considera como parte de una campaña de “mentira y desprestigio”. Además, quienes lo conocen explican a Qué Pasa que su decisión es mantenerse firme en la causa.
“Defensores abanderados”
El video de YouTube mencionado en unos párrafos más arriba, definitivamente, sacó la polémica de la Región de La Araucanía y la trasladó hasta Santiago. Precisamente a La Moneda. Esto, ya que el subsecretario Aleuy calificó la actitud de la defensora pública Manuela Royo como un “abanderamiento desproporcionado”. “Lamentablemente, ella confundió la legítima defensa que el Estado de Chile garantiza a imputados con un abanderamiento desproporcionado que lesiona el normal funcionamiento del sistema penal”, explicó Aleuy, quien técnicamente también es parte interesada en la causa Luchsinger-Mackay, pues el gobierno es querellante.
El tema no es menor, ya que parte de las críticas que se realizan a la Defensoría Penal Mapuche es que van más allá de brindar una defensa técnica de los imputados y se mezclan como parte de la causa reivindicatoria.
En todo caso, la misma abogada Royo se defiende de las acusaciones. Primero sostiene que su calidad como defensora no le quita su posición de ciudadana. “Como tal, tengo derecho a libertad de expresión”, explica a Qué Pasa. Sobre su decisión de sacarla del caso es más dura y ocupa los mismos argumentos que usan los detractores de los abogados que defienden a mapuches: “Lamento esta decisión porque responde no a razones técnicas sobre mi desempeño, sino que a las presiones políticas a las que ha sido sometida la Defensoría de parte del Ejecutivo, Fiscalía y parlamentarios de derecha”. Royo sostiene, además, que su salida sienta un pésimo precedente a la “necesaria autonomía de la defensa”: “Es una inaceptable afectación del derecho de defensa de mis representados”.
Mientras tanto, desde el mismo gobierno reconocen que los hechos de violencia en La Araucanía se han vuelto cada vez más intensos. Ya van 17 iglesias quemadas en la zona de conflicto. Además, los atentados han evolucionado. La semana pasada se produjo en Pidima un ataque a torres de alta tensión, lo que alertó aún más a los organismos policiales.