Bremen, República Federal de Alemania. 21 de junio de 1977. Desde el exilio, un líder histórico del Partido Socialista de Chile envía una misiva a las autoridades de ese país. “En el sobre cerrado que contiene la copia adjunta (…) el ex canciller chileno Clodomiro Almeyda pide al canciller, al gobierno federal y la embajada alemana en Santiago que haga todo lo posible para sacar a la luz la verdad sobre los acontecimientos en ‘Colonia Dignidad’”.
Berlín, Alemania actual. A pocos pasos de la embajada de Chile, en Kurt Strasse 36, se encuentra el edificio del Archivo Político y de Servicio Histórico. En él, se guardan incontables archivos y piezas documentales de la historia reciente de ese país, muchos de ellos confidenciales. Entre aquellos ordenados anaqueles figuran más de 190 carpetas con cientos de documentos diplomáticos que retratan un oscuro capítulo chileno. El de Colonia Dignidad.
En uno de estos archivadores se encontraba la carta de Almeyda que fue guardada por años junto a otras misivas a las que accedió revista Qué Pasa tras una solicitud formal elevada al Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.
La autoridad permitió la lectura de la información recientemente desclasificada por el gobierno alemán.
Hace tres meses, el 26 de abril, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, anunciaba la decisión de su gobierno de hacer públicos estos archivos, en compensación, dijo, por la actuación de la embajada alemana en Chile por no haber “ejercido presión diplomática sobre la cúpula de la Colonia y no haber adoptado medidas jurídicas”.
A fines de la década de 1970, desde Estados Unidos, agrupaciones insistían en que el predio era “una finca agrícola, donde presos políticos son sometidos sistemáticamente a métodos científicos sofisticados de tortura (…)”, dice el mismo documento.
Sus dichos apuntaban a la “impunidad” de la que gozó durante años Paul Schäfer y el resto de los jerarcas del enclave alemán ubicado en Parral, quienes fueron protegidos por un manto que permitió encubrir las atrocidades denunciadas por víctimas y agrupaciones de derechos humanos. Los archivos a los que accedió Qué Pasa dan cuenta de esta realidad: pese al intenso lobby y las denuncias internacionales de Amnistía Internacional y otras entidades, la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad —nombre oficial del enclave que después pasó a llamarse Villa Baviera— pudo funcionar sin problemas hasta después del retorno de la democracia en nuestro país, sin que se conociera entonces su estrecha colaboración en la desaparición y tortura de presos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Hace unos días, BBC Mundo publicó una serie de fragmentos de estos documentos desclasificados, con escabrosos detalles sobre las condiciones de vida en Colonia Dignidad, así como la profunda relación existente entre los jerarcas y los servicios de inteligencia dirigidos desde La Moneda.
Qué Pasa accedió a las hasta ahora desconocidas comunicaciones diplomáticas entre Santiago, Bonn y otras ciudades de la República Federal Alemana, donde se consagra el encubrimiento y la negación entre las autoridades de ambos países.
Primeros antecedentes
A mediados de la década del 50, en la ciudad Siegburg, Alemania, un ex cabo nazi, Paul Schäfer, comenzó a reclutar seguidores para la creación de la asociación “Misión Social Privada”. Su funcionamiento sólo duró unos años hasta que la Fiscalía de Bonn inició una investigación contra Schäfer por abuso sexual de menores.
Fue en ese momento que, anticipándose a una orden detención, el ex colaborador del régimen nazi huyó a Chile junto a otros 300 compatriotas suyos para crear la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad en un predio a 350 kilómetros de Santiago, que apuntaba sus objetivos hacia “la ayuda a la juventud y niñez desvalida”.
No mucho tiempo después, fueron los propios habitantes de la Región del Maule quienes miraban con extrañeza el aislamiento de los “colonos” ya que las prácticas que se ejercían al interior del fundo comenzaron a traspasar los límites del enclave. Corría el año 1975 cuando la Vicaría de la Solidaridad recibió los primeros testimonios de personas secuestradas y torturadas en el fundo, a manos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Al año siguiente, el recinto apareció también en la lista de campos de detención publicada por las Naciones Unidas. Pero no fue sino hasta 1977 cuando Amnistía Internacional publicó un folleto llamado “Colonia Dignidad: Un fundo modelo en Chile, un campo de tortura de la DINA”, donde se evidenciaban parte de los crímenes cometidos en el enclave, alertando a grupos de derechos humanos en todo el mundo.
Ese mismo año, la carta de Almeyda fue una de las primeras en advertir a través de los canales diplomáticos sobre los abusos que se cometían ahí.
En Europa, en tanto, las autoridades alemanas mantenían su postura: “La embajada de Alemania saluda muy atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y se permite comunicar lo siguiente: el abogado de ‘Dignidad’ ha expresado en esta embajada su preocupación sobre la ‘existencia de esta tensión injustificada entre un grupo numeroso de ciudadanos alemanes que integran la sociedad alemana y la autoridad máxima del Departamento’ (…) Esta embajada aprovecha la oportunidad para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta y distinguida consideración”, se lee en una de las comunicaciones, que no tiene fecha, pero se encuentra en la carpeta de documentos de la década entre 1970 y 1980.
la Presión de Estados Unidos
Los archivos históricos de Colonia Dignidad contienen al menos 20 cartas de residentes en Estados Unidos, pertenecientes al cuerpo “Clérigos y Laicos”, un grupo religioso dedicado a la lucha por el respeto a los derechos humanos, en el que exigían explicaciones al gobierno alemán a partir del informe publicado por Amnistía Internacional. “Sería un hecho increíble que se tratara de apoyar o incluso ocultar lo que está sucediendo en Colonia Dignidad. Y veo que ese peligro ya ha pasado o todavía sucede”, escribe una de sus miembros, cuyos nombres deben mantenerse en reserva, según las condiciones de acceso a la información.
A fines de la década de 1970, desde EE. UU., estas agrupaciones insistían en que se cometían abusos en Chile agregando que el predio cercano a Parral era “una finca agrícola, donde presos políticos son sometidos sistemáticamente a métodos científicos sofisticados de tortura (…) de los cuales existen muchos informes de detenciones arbitrarias”, dice el mismo documento.
La misma agrupación, según los documentos diplomáticos, le pidió explicaciones al embajador alemán por una visita que él mismo materializó al enclave en esa misma década. “Yo entiendo que cuando visitó ‘Colonia Dignidad’ fueron recibidos por uno de sus líderes, Paul Schäfer, y que tras su visita concluyó que ‘Colonia Dignidad’ no es un campo de tortura. Parece improbable que, tras una breve visita a Colonia, organizada por uno de sus líderes, se pueda descubrir cualquier indicio de tortura”, escribió una alemana residente en Estados Unidos.
La respuesta de la embajada tomó sólo unas semanas en llegar. Por supuesto, negaba las acusaciones planteadas desde Norteamérica. “Para evitar malentendidos o malas interpretaciones, me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que, como resultado de su visita a la Colonia Dignidad llevada a cabo el 15 de noviembre de 1976, el embajador ha declarado que no había ninguna indicación de la exactitud de las alegaciones a las que usted se refiere en su carta. Ninguna de las autoridades alemanas, con fotos tomadas desde el aire de la propiedad de la Colonia Dignidad pudo confirmar las denuncias según las cuales existe, dentro o cerca de la Colonia Dignidad, un campamento con ‘instalaciones equipadas para centros de tortura’”.
Estrategia de negación
La ofensiva de Amnistía Internacional movilizó a la Cancillería de Augusto Pinochet, que no demoró en utilizar los canales diplomáticos para responder a las acusaciones, incluso apelando a la existencia de una supuesta campaña comunicacional internacional. “El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda muy atentamente a la Embajada de la República Federal de Alemania y tiene el honor de informar que se ha tenido conocimiento de la ejecución de una campaña llevada a afecto entre las Embajadas Residentes, a la fecha por lo menos se sabe de ocho, tendientes a involucrar al Gobierno de Chile en la detención, tortura y desaparición de personas en centros destinados a este fin”, comienza el documento.
Y continúa: “La acción descrita es más o menos similar en todas las Embajadas, el ejemplo que a continuación se expone se refiere a Colonia Dignidad. En este caso se utilizó a un individuo de alrededor de 60 años, pobremente vestido y de muy mala presentación, (…) sosteniendo que recientemente habría sido detenido y torturado en los subterráneos de Colonia Dignidad y que había sido liberado el día anterior”.
“La falsedad de esta denuncia”, agrega la Cancillería chilena en 1977, “ha quedado demostrada al comprobarse que los nombres de ciudadanos extranjeros supuestamente detenidos en la ‘Colonia Dignidad’ son ficticios, y no corresponden a personas con existencia real, según averiguaciones efectuadas por las propias Embajadas afectadas (…) Frente a estos hechos destinados a causar alarma entre las embajadas residentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores se hace un deber en prevenir a la Embajada de la República Federal de Alemania acerca del objetivo perseguido por esta campaña”.
Cuatro meses después, la embajada alemana coincidía con Chile y anunciaba a través de una carta —en respuesta a Estados Unidos— que “el Tribunal de Apelaciones en Bonn, Alemania, ha prohibido a ‘Amnistía Internacional’ la difusión de la acusación de que ‘Colonia Dignidad’ (…) es un campo de tortura; porque ‘Amnistía Internacional’ no pudo ni demostrar la exactitud de su acusación ni comprobar por otros medios que estas acusaciones son ciertas. Cualquier intento de ‘Amnistía Internacional’ para repetir sus acusaciones será castigado”.
Paralelamente a ello, ante los cuestionamientos de los organismos internacionales, Schäfer, a través de su abogado —se indica en los archivos—, exponía también ante la justicia chilena una serie de argumentos en los que descartaba su participación en cualquier acto ilegal. En uno de los expedientes se percibe cómo la defensa del líder del enclave desacreditaba los informes publicados por Naciones Unidas.
“¿Cómo las Naciones Unidas llegaron a estos informes? Para nuestros clientes representados es desconocido. En ningún momento una delegación de la ONU u otro movimiento activo en este campo de organizaciones (Comisión Internacional de Juristas, Cruz Roja, etc.) intentó acceder a Colonia (…) Hay que suponer que los agentes responsables de los informes de las Naciones Unidas han tomado el valor nominal (de su contenido) sin auditar ningún mensaje”, se indica en el texto.
“Una bofetada para las víctimas”
El 13 de julio pasado el presidente de Alemania, Joachim Gauck, visitó nuestro país. Después de reunirse en el Palacio de La Moneda, la presidenta Michelle Bachelet lo invitó a conocer el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La mandataria ofició de anfitriona del recorrido, que se concentró en aquellas secciones que retratan la tortura y violencia contra niños y niñas durante el régimen de Pinochet. Fue en ese contexto que Gauck habló de los excesos cometidos en el enclave alemán. El mandatario se limitó a aclarar que su gobierno no aceptará reclamos de reparación ni indemnizatorios pues a su juicio el gobierno alemán no es culpable de “la instauración de la dictadura en Chile”.
La embajada alemana coincidía con Chile y anunciaba a través de una carta —en respuesta a EE.UU.— que “el Tribunal de Apelaciones en Bonn, Alemania, ha prohibido a ‘Amnistía Internacional’ la difusión de la acusación de que ‘Colonia Dignidad’ es un campo de tortura”.
Para el secretario general del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Wolfgang Kaleck, cuya ONG se centra también en la defensa de las víctimas de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, “las palabras y el actuar del presidente Gauck fueron una bofetada para las víctimas”.
ECCHR —que trabaja desde 2011 en el caso— cuestionó que el gobierno alemán aún no compense a las víctimas y anunció que harán un llamado público a debatir sobre “las consecuencias políticas y legales, procesos penales y disciplinarios (de la diplomacia alemana) con el fin de garantizar que en el futuro los derechos humanos rijan en la política exterior del país”.
Por lo pronto, desde la ONG siguen atentos a la situación de Hartmut Hopp, quien fue condenado a cinco años de cárcel en Chile por abusos sexuales, pero que, tras huir y refugiarse en Alemania, aún sigue en libertad, aunque expectante ante la posibilidad de que la justicia de ese país permita que cumpla la condena chilena en tierras bávaras.
De todas maneras, la postura del gobierno alemán es clara: existe una especie de mea culpa por el encubrimiento diplomático a las atrocidades cometidas en Colonia Dignidad contra sus propios ciudadanos, así como también a chilenos y extranjeros, y la escasa atención que el Estado de ese país les ha dado a las víctimas.
De hecho, el propio presidente alemán señaló que el caso de Colonia Dignidad se ha dado a conocer en Alemania para ser estudiado en su país y para que los futuros embajadores y diplomáticos alemanes “nunca se pongan del lado de los victimarios, sino de las víctimas”, concluyó junto con anunciar que se estudiará junto a Chile la construcción de un memorial en homenaje a quienes sufrieron los horrores del enclave alemán en el sur del país.
