Con esta imagen nos invitaba Michelle Bachelet a votar por ella en 2013. Su gobierno prometía transformar al Chile de algunos –los heterosexuales, en este caso– en un Chile de todos y todas, en el que las diferencias no serían un problema sino una riqueza, y en el que los derechos civiles no dependerían de la orientación sexual.
Luego de ya tres cuentas públicas en que la mandataria no ha pronunciado palabra sobre el tema, me permito cuestionar la real intención de su gobierno de construir ese Chile de todos. ¿Será el ajuste fiscal? ¿El realismo sin renuncia? No debería, porque ello implicaba ajustarse al menor crecimiento de la economía, y una reforma como el matrimonio igualitario requiere un presupuesto mínimo. ¿Será la baja aprobación de la Presidenta y su gobierno? Tampoco, pues, según Cadem, esta reforma tiene un 60% de aprobación ciudadana, por lo que llevarla a cabo debería beneficiarla.
¿Qué será, entonces? Es difícil decirlo. Pareciera haber, por un lado, una grave descoordinación: el ministro Díaz partió diciendo que el gobierno enviaría un proyecto el cuarto trimestre de 2017, luego dijo que sería el tercero, luego la presidenta Bachelet prometió adelantarlo –sin comprometer fecha– y luego un borrador de Segegob filtrado a la prensa hablaba nuevamente del tercer trimestre de 2017. Si bien el borrador fue desautorizado por el ministro, quien señaló que entregaría una nueva propuesta de cronograma, la fecha para hacerlo era justamente la semana del 21 de mayo. Seguimos esperando.
Por otro lado, pareciera haber falta de convicción. ¿Por qué, si no, querría la Segegob hacer un proceso prelegislativo de más de un año –más que el proceso constituyente– antes de enviar un proyecto de ley de matrimonio igualitario, algo que no ha hecho con ningún otro proyecto? ¿Por qué le parecería buena idea consultar la opinión de la Fundación Jaime Guzmán o de la Conferencia Episcopal, opinión que ya conocemos de sobra y que solo entorpecería el proceso?
Si la razón para la postergación del matrimonio igualitario fuera el impulso de otras iniciativas de la agenda de diversidad sexual comprometidas en el programa de gobierno, quizás lo entenderíamos. Pero de eso, poco y nada. El proyecto de identidad de género acaba de cumplir tres años en el Senado, donde lleva cinco meses sin discutirse luego de múltiples descoordinaciones entre el Ejecutivo y los senadores de su coalición. El proyecto que reforma la Ley Antidiscriminación ni siquiera tiene borrador ni cronograma. Ninguno de ellos fue mencionado tampoco en la cuenta pública del sábado. Ni siquiera luego del asesinato de otra mujer trans, Litzy Parrales, el día anterior en plena Avenida Matta.
Necesitamos saber si podemos seguir soñando con un Chile de todos o tendremos que contentarnos con el Chile de algunos.
