1.EL IMPUTADO DESCONOCIDO

No hay metáforas para esto. El propio fiscal nacional Sabas Chahuán, quien dejará el cargo a fin de mes, lo ha reconocido como un déficit y un fracaso: un 90% de los casos de robo con imputado desconocido, es decir, donde nunca se logra establecer quién es el autor del delito, son archivados. En cambio, cuando el imputado por un robo es identificado, el 70% de ellos es formalizado.

Pero la deuda en el caso de los imputados desconocidos no sólo es importante porque los delitos contra la propiedad son los de mayor preocupación de la ciudadanía, según todas las encuestas, sino porque bajar esa cifra se convirtió en el mayor desafío para el abogado Jorge Abbott, quien será el sucesor de Chahuán a partir del 2 de diciembre próximo.

No es un tema nuevo. Ni tampoco de absoluta responsabilidad del Ministerio Público. Porque el déficit en esta área se arrastra desde hace mucho. También hay varios diagnósticos que apuntan a que la falta de coordinación entre policías y fiscales, sobre todo en el trabajo en el sitio de suceso y cuando se realizan las primeras diligencias, es parte clave del problema. Porque, en la vida real, como en la series de televisión, las primeras 48 horas son fundamentales en el futuro judicial de una causa.

“Nos hemos ido dando cuenta que entre el relato del carabinero, que entrega en línea, y lo que llega al día siguiente en el parte, hay una brecha importante”, explica el fiscal de Flagrancia Luis Pablo Cortés.

Lo dijo en 2012, por ejemplo, la Comisión Asesora sobre la Reforma Procesal Penal, que encabezó la ex ministra de Justicia Patricia Pérez junto a un grupo de abogados y académicos de escuelas Derecho, de la Academia Judicial y que también imparten cursos a fiscales. Instancia que estableció como uno de los problemas centrales del sistema la necesidad de establecer indicadores de desempeño comunes entre Carabineros y la PDI y, a su vez, con el Ministerio Público. Esto, porque hay consenso en que un caso policialmente resuelto no implica que judicialmente esté resuelto.

“En ocasiones los antecedentes probatorios recabados por las policías no resultan útiles al esclarecimiento del hecho punible y/o de la participación del imputado en el mismo, sea porque resultan impertinentes o han sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales. Lo anterior determina que el Ministerio Público se muestre en ocasiones reactivo al resultado de las diligencias policiales, siendo importante relevar el rol de dirección en la investigación que la Constitución le atribuye”, dice el texto.

Pero no es el único informe que lo establece. Hace poco más de una semana, Abbott recibió un nuevo estudio, que encabezó el decano de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Rafael Blanco —participaron jueces de garantía como Fernando Guzmán y Eduardo Gallardo, académicos, penalistas, ex policías, las ex ministras de Justicia Patricia Pérez y Soledad Alvear y el ministro de la Corte Suprema Manuel Valderrama—, en que junto a varias propuestas para mejorar el sistema, llegaron a conclusiones críticas. No obstante, también reconocieron mejoras sustantivas en muchas otras áreas desde que existe el nuevo sistema de justicia.

En este último informe, por ejemplo, se considera que uno de los problemas que persisten en seguridad pública “tiene más que ver con lo que sucede fuera de la sala de audiencias que con lo que sucede en su interior. (…) Uno de los nudos más problemáticos que hoy exhibe nuestro sistema de justicia penal dice relación con los denominados casos de ‘imputado desconocido’ en los cuales, pese a la constatación de haberse perpetrado un delito muchas veces grave, nunca se dirige la persecución penal en contra de una persona determinada, lo que da cuenta de un ‘bolsón de impunidad’ que poco tiene que ver con las decisiones formales que se adoptan en el contexto de una persecución penal judicializada, pues se trata de casos en que no ha habido detenidos que hayan sido puestos a disposición de la autoridad judicial”.

2. EL PARTE POLICIAL

Son casi las 19 horas y la amplia oficina de la Fiscalía Metropolitana Occidente, ubicada en calle Bandera, en pleno centro de Santiago, aún conserva la temperatura de una de las pocas calurosas tardes de esta primavera. Allí, en una esquina del largo mesón, está Luis Pablo Cortés, fiscal jefe de Flagrancia: sentado frente a un computador, con audífonos y un micrófono, recibiendo decenas de denuncias y tomando decisiones en el minuto a minuto, en un turno que se prolongará hasta las 4 de la madrugada.

En su día a día, Cortés ha constatado los mismos nudos que los académicos han diagnosticado: la urgencia de aunar contenidos y criterios comunes entre lo que entrega la policía (generalmente Carabineros pues por cobertura recibe la mayor cantidad de denuncias que la PDI) y lo que debe presentar en una audiencia de control de detención en la que los jueces de garantía exigen un estándar mínimo de prueba que cada vez genera más roces.

“El concepto de primeras diligencias en delito flagrante está asociado a eventos muy rápidos, todos muy contingentes, en que la información por su naturaleza, tanto del policía que está en la calle como para el funcionario que está en un centro hospitalario, siempre es precaria. A partir de eso, nosotros tenemos que obtener la mejor información para tomar decisiones de qué hacer con esa causa en el futuro si es que en ese minuto no hay un detenido o un imputado conocido. O decisiones de qué hacer con la víctima, el testigo, la evidencia, las especies o la documentación”, dice. Y añade: “Necesitamos mantener una relación colaborativa con la policía, que la tenemos. Sin embargo, por la dinámica, la velocidad y el volumen en que ocurren estos hechos, se cometen errores”.

El primer relato, que quedará plasmado en el parte policial, es clave. Y lo que se necesita, dice Cortés, es que los policías no sólo recojan la información, sino “que sepan hacer las preguntas y verter las respuestas que los fiscales necesitamos para dar al tribunal. Pero necesitamos que todo ese relato también esté respaldado por evidencia”.

—¿Y qué problemas ha constatado?
—Nos hemos ido dando cuenta que entre el relato del carabinero, que entrega en línea, y lo que llega al día siguiente en el parte hay una brecha importante. Por ejemplo, en el caso del robo en una casa, yo he dicho al policía que al menos necesito tener acreditadas cuatro cosas: cómo fue la forma de ingreso; si hubo escalamiento y si este tuvo el propósito de entrar a robar; si el hecho fue en un lugar habitado y no en una bodega y si el sujeto que ha detenido habría estado ahí.

—Un estándar mínimo.
—Sí. Y cada relato siempre debe contestar las preguntas qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, a qué hora pasó y quiénes. Y si eso no está, el fiscal estará en la audiencia sin poder sostener por qué y cómo pasó. Eso nos pasa a diario. También ha ocurrido que se deduce que fue ese sujeto y en esa situación, a lo más podemos acreditar un intento de hurto o una violación de morada y el tipo, en vez de irse con cinco años y un día, se va con una multa.

En otras ocasiones, a las falencias del parte se suma el levantamiento de evidencias de calidad que debió hacerse en el sitio del suceso: la foto del escalamiento, por ejemplo. O el registro gráfico de que la chapa fue descerrajada o, simplemente, una imagen que dé cuenta del robo y no de una toma general, que podría parecer de cualquier lugar y no convencerá a un juez. “Porque todo hay que probarlo. Y veces el relato que nos contaron no está en los papeles cuando nos sentamos en un tribunal” dice Cortés, quien añade que es necesario que exista un criterio común para transmitir los requerimientos del Ministerio Público a los policías.

Sin embargo, el coronel (R) Gustavo Harcha, quien fue jefe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y trabajó en el informe de la UAH, estima que la calidad de los partes ha mejorado desde que partió la reforma, al punto que desde agosto tienen un formato electrónico. “La redacción ha mejorado, pero también la recarga administrativa que demanda un procedimiento policial ha aumentado. Eso es lo que habría que estandarizar. ¿Será necesario tantos números de actas? ¿Será necesario acreditar documentalmente tantas diligencias?”.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia de la zona Centro Norte, Ricardo Peña, coincide en que es clave no sólo el relato que la policía entregará en el parte, sino también su capacidad de observación.

“Lo relevante es que policías y fiscales se sienten y digan cuáles son los casos que se pueden mejorar. Y no es porque los carabineros hagan mal la pega o porque los fiscales no sepan investigar y sean solamente abogados litigantes. La autocrítica que debemos hacernos es que no nos hemos puesto de acuerdo en la forma de solucionar el problema”.

3. LAS PRIMERAS DILIGENCIAS

Hasta ahora, en todos los informes de expertos se suele evaluar muy bien a las brigadas especializadas de ambas policías, pero donde persiste el problema es en los funcionarios que hacen los patrullajes y que son quienes llegan al sitio del suceso y realizan las primeras diligencias.

En 2010 ya hubo un plan que surgió desde la Fiscalía: se entregó un manual de primeras diligencias que cabía, literalmente, en el bolsillo de los carabineros. Pero las cifras demuestran que su utilidad no funcionó como se esperaba.

Según el prefecto y jefe de la Plana Mayor de Análisis Criminal de la PDI, Jaime Ansieta, las primeras diligencias son fundamentales. “La mayor probabilidad de aclarar los casos está en las primeras 24 o 48 horas de ocurrido el hecho”.

Y hoy, como el problema persiste, el gobierno volverá a lanzar un cuaderno, pero esta vez en un trabajo conjunto con el Ministerio Público y que involucrará a ambas policías. “Es un instructivo para que los funcionarios de Carabineros y de la PDI levanten evidencias sin necesidad de esperar instrucciones de los fiscales. Así, las diligencias se podrán realizar sin perder tiempo, resguardando la validez de las pruebas para llegar a una solución judicial eficaz”, dice el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

El manual reforzará, justamente, el trabajo inicial, donde se levantan las evidencias. Y se transformará, en adelante, en parte de la malla curricular de Carabineros y la PDI.

Según el prefecto y jefe de la Plana Mayor de Análisis Criminal de la PDI, Jaime Ansieta, las primeras diligencias son fundamentales. “La mayor probabilidad de aclarar los casos está en las primeras 24 o 48 horas de ocurrido el hecho. El tiempo juega en contra y hay que asegurar la cantidad máxima de información”.

Pero añade que para conservar un sitio del suceso no contaminado también puede colaborar la comunidad. “Uno siempre puede hacer más en el lugar de los hechos. Pero hay veces que ocurre que se comete el delito y la gente espera que vayamos rápido, encontremos a los tipos y aparezcan las huellas. Pero no es tan fácil. Muchas veces son las mismas personas las que intervienen el lugar buscando qué les robaron, limpiando la casa y borrando evidencia que es fundamental”.

Otro factor clave es el análisis criminal, una de las formas que podría bajar la tasa de imputados desconocidos. Ansieta explica que a través de varios casos en los que no se conoce el autor, se pueden ir analizando patrones de conducta, además de la información y descripciones que pueden entregar las personas que han sido víctimas de un delito. “Un dato es un caso, más otro caso puede asociarse a otro similar. Si esto se complementa se puede transformar en información. Esto, partiendo de la base que el delincuente es prolífico y, como vive del delito, va a robar con periodicidad, lo que permite asociar patrones y lograr la identificación”.