Las primeras denuncias fueron anónimas, pero rápidamente se transformaron en el tema de conversación en los pasillos del departamento de Ingeniería de Minas. Era marzo, y lo que decían era esto: que la mina de cobre 26 de Agosto, propiedad de la U. de La Serena, había sido sobreexplotada, que la Minera San Gerónimo, la empresa que la arrendaba desde octubre de 2006, no había respetado reglamentos medioambientales ni de seguridad, y lo más grave: que la explotación a rajo abierto había traspasado el límite de 620 metros sobre el nivel del mar señalado en el contrato, hasta atravesar las galerías de la Mina Escuela, la faena pedagógica que la casa de estudios tiene justo debajo, y uno de sus principales ganchos comerciales para atraer alumnos. Los reclamos que recogía Mauricio Varela, presidente del centro de alumnos de Ingeniería en Ejecución de Minas, repetían lo mismo: que un cartel de riesgo de derrumbe impedía a los estudiantes atravesar más de 140 metros, y que nadie daba una explicación.
“Nosotros alegamos que la minera llegó hasta la cota 580, y eso produjo una inestabilidad estructural; los alumnos ya no van por el peligro”, dice Ignacio Narváez, de la federación de estudiantes. “Y no sabemos si ese dinero entró a la universidad, porque no hubo grandes mejoras”.
Pronto se les acercó Ángela Suckel, profesora del ramo Topografía en Minas y académica en la universidad desde 1988, quien terminó de encender la mecha que derivaría en tres meses de paro, y que ya tenía en curso una auditoría a la operación de la mina por irregularidades, un sumario interno y una demanda interpuesta ante el Ministerio Público por la misma académica en diciembre, por hurto y fraude al Fisco contra quienes resulten responsables. En ese momento, les mostró a los alumnos la multa que Sernageomin, el 19 de julio de 2012, le puso a la Minera San Gerónimo —perteneciente a la familia Rendic, conocidos empresarios de la zona— por explotar en 2011 hasta 21.681 toneladas por mes, teniendo permiso para extraer 4.900 toneladas, lo que se considera pequeña minería y requiere procedimientos ambientales y de seguridad menores.
También les explicó que el contrato con la minera, que le pagaba a la universidad un porcentaje por cada tonelada extraída de la mina, había sido cancelado en febrero, luego de pugnas internas en el departamento, y de que ella solicitara al rector Nibaldo Avilés hacer una auditoría y un sumario contra el director del Departamento de Ingeniería en Minas y coordinador de los contratos mineros, Alfonso Carvajal. Varela pidió, en marzo, una reunión con Carvajal —hoy apartado de sus funciones—, pero éste negó que hubiera irregularidades. El tema, tras una asamblea estudiantil donde la mayoría opinó, en duros términos, que los dineros de la mina no se habían traducido en mejoras en el campus, pasó a nivel de federación y, más tarde, el 28 de abril, por primera vez se trató el tema en la Confech, aunque el organismo no pasó de intentar difundirlo en los medios. Frustrados, los alumnos de Ingeniería en Ejecución en Minas decidieron irse a toma.
El 20 de junio, se tomaron indefinidamente el Campus Ignacio Domeyko, donde se imparten las ingenierías, y pronto se les sumaron la mayoría de las otras facultades. Una de las exigencias fundamentales de la movilización era la expulsión de la universidad del director del departamento, Alfonso Carvajal, pero éste, luego de tres meses sin clases, si bien fue apartado de su puesto, continuó como académico de la casa de estudios. “Nosotros alegamos que la minera llegó hasta la cota 580, y eso produjo una inestabilidad estructural, los alumnos ya no van por el peligro”, dice Ignacio Narváez, vicepresidente de la federación de estudiantes. “Y no sabemos si ese dinero entró a la universidad, porque no hubo grandes mejoras”.
Una vez removido Carvajal, el 31 de agosto de este año, el centro de alumnos firmó el protocolo de acuerdo con la facultad que daba fin a la toma. Con esto, Varela y sus compañeros sacaron los candados y volvieron a clases. Pero la pelea adentro de la mina aún no terminaba.
GRIETAS EN LA MINA
La profesora Ángela Suckel dice que se dio cuenta de que la Mina Escuela ya no estaba siendo usada para fines pedagógicos en diciembre del año pasado, cuando fue con un grupo de alumnos de cuarto año a hacer mediciones topográficas, y los estudiantes le aseguraron que no habían ido nunca antes. En ese momento, en que dice también haber visto en la mina los carteles de peligro que impedían pasar más allá de 140 metros, el contrato de la universidad con San Gerónimo, que había vencido hace dos meses, se había prorrogado automáticamente, y estaban discutiendo los términos de su prolongación: la empresa ofrecía un nuevo acuerdo para extraer otras 80.000 toneladas de cobre, con un pago de poco más de cinco millones mensuales a la universidad.
La académica Ángela Súckel dice: “Existen antecedentes concretos que avalan irregularidades que se cometieron en el arriendo de la mina, como haber sobrepasado la cota límite de 620 metros, que fue establecida para asegurar la seguridad de la Mina Escuela”.
Su relación con el director del departamento, Alfonso Carvajal, venía tirante desde hace varios años. Luego de redactar juntos el contrato original con la empresa, y de asesorarlo en las liquidaciones mensuales, se habían distanciado, según la académica, por la forma, a su juicio desregulada, en que se llevaba la operación, y por su confrontación a la idea que se venía discutiendo desde 2012, de sumar a la explotación la propia Mina Escuela. Ese año, Sernageomin había multado a la empresa por cuadruplicar los niveles de extracción que tenían permitidos, y si bien desde ese momento hasta hoy San Gerónimo siempre presentó una extracción inferior a las cinco mil toneladas, Suckel dudaba de que en la práctica esto fuera así.
El 13 de noviembre, cuenta la profesora, la situación se volvió insostenible. En una reunión de Carvajal con los principales académicos del departamento para discutir la prolongación del contrato y la posibilidad de explotar la Mina Escuela, se mostró contraria a seguir las relaciones con la minera, y opinó que estaban destruyendo patrimonio público. Lo venía repitiendo hace un tiempo: según ella, era imposible saber cuánto se extraía realmente de la mina 26 de Agosto, porque la caseta en la que dos controladores medían los volúmenes que llevaban los camiones estaba ubicada en un punto en que no era posible distinguir si venían de ella o desde la mina Cristal, otra propiedad explotada por San Gerónimo desde 2013 en las inmediaciones.
Tres semanas después de esa reunión, Suckel envió al rector Avilés una carta solicitándole que no se prolongara el contrato, y que se realizara una auditoría de todo lo sucedido en las faenas, un sumario administrativo contra Alfonso Carvajal y una denuncia penal ante el Ministerio Público. El 15 de diciembre, Avilés le respondió que la auditoría y el sumario ya estaban en curso, y que debían esperar los resultados de la investigación.
Días después, la académica fue más allá y presentó una demanda ante quienes resulten responsables, por hurto, relajación en el control de la cantidad, origen y calidad de la extracción, y defraudación del patrimonio fiscal por la supuesta utilización fraudulenta de facturas de un proyecto financiado por Corfo para estudiar bioacumulación de cobre en levaduras, según la académica, ocupadas para financiar arreglos en el Centro Experimental de Capacitación Minera de la universidad, un espacio al que, señala Carvajal, se ha destinado buena parte de los recursos del contrato con San Gerónimo.
La académica Ángela Suckel dice: “Existen antecedentes concretos que avalan irregularidades que se cometieron en el arriendo de la mina, como haber sobrepasado la cota límite de 620 metros, que fue establecida para asegurar la seguridad de la Mina Escuela, y eso implica daños estructurales y geomecánicos. Hoy esperamos un estudio serio que pueda establecer qué garantía hay de seguir llevando a los estudiantes a esas galerías. Yo también, a través de documentación interna de la universidad, he sabido de la existencia de caminos alternativos que habrían vulnerado el control de tonelaje, lo que implicaría que se ha seguido sobreexplotando la mina, a pesar de que la minera no dejó de declarar del orden de las cinco mil toneladas”.
Alfonso Carvajal, actualmente suspendido de sus funciones a la espera del sumario, acusa a Suckel de ser la encargada del control de tonelaje —lo cual la profesora incluyó en su convenio de desempeño desde 2010—, pero ésta asegura que no cumple en la práctica esa función desde ese año, a partir de su distanciamiento con el director del departamento. Carvajal, que respondió a revista Qué Pasa a través de un comunicado escrito, asegura: “Desde el principio y hasta finalizado prácticamente el contrato era encargada del control de tonelaje la propia profesora Suckel, la que pudo haber comunicado cualquier irregularidad al decano a través del conducto regular, lo que nunca hizo. En cambio, acusó directamente y públicamente a este director (…) sin presentar pruebas que avalaran su denuncia (…) Todo lo realizado ha sido puesto en cuestión por las acusaciones infundadas de una persona que ha mostrado sentimientos personales, y que no respetó el conducto regular debido, optando por el escándalo y el manejo de estudiantes naturalmente inexpertos y manipulables”.
EL FIN DEL NEGOCIO
El primer fin de contrato, firmado por el rector Nibaldo Avilés el 24 de diciembre y enviado a Patricio Rendic, el dueño de San Gerónimo, y Juan Carlos Sáez, su gerente general, causó molestia en la empresa, tanto por el contenido como por el tono. En el documento, presentado a Sernageomin, el rector señala que la universidad no renovará su vínculo con la empresa, y que deben cesar de inmediato toda extracción de material, a riesgo de denunciarlos por “hurto de materiales”, a causa de “una serie de irregularidades en la operación de la mina en lo concerniente a la explotación indebida de volúmenes de extracción de material no autorizado, como asimismo, reiterados incumplimientos a las normas del Reglamento de Seguridad Minera”.
Tras la dura misiva, en enero se realizaron reuniones entre San Gerónimo, el prorrector de la universidad y la plana mayor del Departamento de Ingeniería de Minas, encabezada por Carvajal, en las cuales se llegó a la elaboración de un nuevo fin de contrato, firmado por el rector Avilés y por Juan Carlos Sáez el 17 de febrero, en el periodo de receso de la casa de estudios, en el cual ya no se hace referencia a las presuntas irregularidades, y se le da a la empresa plazo hasta noviembre para terminar de retirar el material que ya había explotado en la mina, a la mitad del precio que antes pagaba por tonelada. El punto sexto de ese documento finaliza así: “la Compañía Minera San Gerónimo y la Universidad de La Serena se otorgan recíprocamente el más amplio, completo, absoluto, definitivo y total finiquito (…) declarando que nada se adeudan entre sí”.
En el primer documento de fin de contrato, el rector señala que la universidad no renovará su vínculo con la empresa a causa de “una serie de irregularidades en la operación de la mina en lo concerniente a la explotación indebida de volúmenes de extracción de material no autorizado”.
“La universidad consideró por temas absolutamente propios que era mejor que entregáramos la propiedad minera, y nosotros dijimos: ok, no hay ningún problema, terminamos y salimos”, dice Juan Carlos Sáez, gerente general de San Gerónimo. “Nosotros la dejamos con las cuentas claras. Tan claras que tengo un finiquito firmado a febrero de 2015 sin ningún reclamo. Yo no tengo la auditoría, pero entiendo que si hubiera habido algún tema que la universidad quisiera representarnos, lo habría hecho en su oportunidad y jamás lo hizo”.
Suckel y la federación de estudiantes centran sus críticas en ese punto del fin de contrato, firmado cuando el sumario, que ya ha tenido tres fiscales distintos, aún estaba pendiente. Fuentes que han tenido acceso a la auditoría, entregada el 16 de abril y de carácter secreto, dicen que en las conclusiones se afirma que los métodos de control de la operación, tanto de extracción como financieros, eran insuficientes para determinar los volúmenes, y que se habría causado daño a la Mina Escuela. Alfonso Carvajal, sin embargo, asegura que la auditoría no es confiable, y que está siendo cuestionada. “De hecho, posteriormente tuvieron que bajarse esas observaciones. La auditoría se hizo muy rápidamente y con gente, a lo mejor, inexperta”, señala.
El contralor de la universidad, Enrique Acevedo, lo desmiente. “No es efectivo que la auditoria o su informe hayan sido corregidos; o que se haya eliminado alguna afirmación de él. Con posterioridad al cierre de la auditoría y a la emisión del informe final; el referido académico solicitó a la autoridad entregar al profesional a cargo de la auditoría información que no presentó oportunamente en las diferentes instancias del desarrollo de esta. En virtud de los nuevos antecedentes presentados, el profesional a cargo del proceso, decidió levantar, con fecha 26 de agosto de 2015, una de las tantas observaciones consignadas en el informe final; referida a subfacturación y no al incumplimiento contractual como señala el profesor Carvajal”.
Alfonso Carvajal insiste en que no hubo irregularidades, y dice que, según el resultado del sumario, podría retomar sus funciones. La profesora Suckel dice que llevará la demanda hasta sus últimas consecuencias, o hasta comprobar que ella no está implicada. Los alumnos, por su parte, observan cómo avanza el proceso, y no descartan, de ser necesario, nuevas movilizaciones.
