“Aquí la que fija la línea es la Presidenta de la República y ella ha dicho que va en la glosa del presupuesto de este año”. Con esta sentencia la ministra de Educación, Adriana Delpiano, ratificó el martes que el adelanto de la gratuidad universitaria para el 2016 se mantiene a firme, pese a que rectores, estudiantes, ex ministros y parlamentarios han pedido postergar la medida hasta que esté bien diseñada la reforma.

Esa tarde, en el séptimo piso del Mineduc se montó una puesta en escena especial. Por primera vez se instaló un micrófono en un pedestal para que hablara la ministra y así poder tener una imagen limpia y no mostrarla rodeada por una piña de reporteros acosándola con preguntas. La intención era dar una señal de orden en medio de los días más confusos y difíciles que ha enfrentado al mando de la cartera. Con las presiones, críticas, desmentidos y ajustes de último minuto a la promesa estrella del gobierno, la ministra comenzó a perder el buen ánimo con que asumió hace exactos dos meses el cargo. “Estamos en un incendio permanente”, explica uno de sus asesores.

En privado, Adriana Delpiano no es partidaria de forzar el adelanto de la gratuidad a cualquier precio, así se lo ha confidenciado a sus más cercanos. Ella se inclinaba más bien por, primero, hacer los cálculos y definir los criterios de acceso al sistema, y empezar con una medida más acotada o, derechamente, aplazar la implementación y destinar los recursos del 2016 a incrementar el sistema de becas. Pero “esta es una instrucción presidencial”, suele repetir al interior de su equipo. Su antecesor, Nicolás Eyzaguirre, tampoco estaba de acuerdo. Si bien compartió la idea de adelantar la puesta en marcha de la reforma, el economista y actual ministro de la Segpres consideraba que una política pública de esta magnitud no debía hacerse a través de una simple glosa presupuestaria.

El mandato viene directamente de los asesores de la Presidenta. El análisis del Segundo Piso de La Moneda es que este puede ser el camino más próximo para que Michelle Bachelet reconquiste el esquivo apoyo de la ciudadanía. En el entorno de la mandataria creen que las reformas aún no han sido comprendidas por la gente porque todavía no perciben los beneficios directos de ellas. Y aunque el anuncio hecho por primera vez en el discurso del 21 de mayo de comenzar la gratuidad el próximo año para un 60% de los alumnos de algunas universidades, se redujo luego al 50% en el cónclave del 3 de agosto, aún así favorecería a unas 220 mil familias. La apuesta del equipo de confianza de la Presidenta, que integra Ana Lya Uriarte y Pedro Güell,  es que a fines de 2016 comiencen a mejorar las cifras de las encuestas. La propia Bachelet ha dicho a sus ministros que con esta medida quiere dar “un viso de realidad” a la reforma.

Pero la promesa presidencial no sólo ha traído carreras y tropiezos al interior del Mineduc, sino que puede terminar perjudicando a la verdadera reforma a la educación superior: un proyecto de ley que se iba a presentar el primer semestre, que se reagendó a septiembre y que ahora se aplazó a fin de año.

EL DESPRECIADO BORRADOR

“No hay otra versión distinta.  Que no se diga que hay una segunda, tercera o cuarta versión…”, señaló la ministra, intentando desenredar la madeja por el último documento de condiciones a las universidades que se había publicado en la web del ministerio el pasado 20 de agosto.  Aunque ella misma había hecho previamente comentarios sobre el documento, finalmente aclaró que sólo se trataba de un borrador subido por error a la página. Por eso dio la orden que desde ahora, para evitar controversias, todo documento de trabajo no oficial no podía ser publicado y debía llevar un sello con la palabra “borrador”.

Para las universidades la gota ya había rebasado todos los vasos. “Improvisación” fue el concepto que repitieron la mayoría de los rectores públicamente. En un comienzo se dijo que la primera fase de la gratuidad era para las universidades del Consejo de Rectores, CRUCh; luego que se ampliaría a universidades privadas, luego se dijo nuevamente que sería sólo para el CRUCh, luego se dijo que se incluiría a privadas que cumplieran con condiciones como 4 años de acreditación y que no estén vinculadas a sociedades que lucren. Así podían incorporarse establecimientos como la Alberto Hurtado o la Católica Silva Henríquez, que hicieron fuerte lobby para que las sumaran, ya que no podían resistir financieramente quedar fuera de la gratuidad.

El 14 de julio el ministerio envió a los planteles el documento “Bases para la Reforma de Educación Superior” donde se fijaban algunas condiciones generales, como asegurar en los gobiernos universitarios mecanismos de participación estudiantil con derecho a “voz y voto”. El documento fue el hazmerreír de los rectores. Algunos, como el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, dijo que “era el mismo power point que mostraban en las reuniones, pero traspasado a Word”. Otro rector de una universidad tradicional comentó que era un documento “mal escrito, que mezclaba distintos estilos, superficial y contradictorio. Un texto que hubiera tenido una pésima nota de ser evaluado por cualquier universidad”.

“Esta es una instrucción presidencial”, suele repetir en privado la ministra Delpiano sobre el adelanto de la gratuidad. Su antecesor, Nicolás Eyzaguirre, tampoco era partidario de hacer una política pública de esta magnitud a través de una simple glosa presupuestaria.

Los rectores tuvieron plazo hasta el 20 de agosto para enviar sus observaciones por escrito al ministerio. Llegaron 35 documentos con críticas. Fue una verdadera masacre, dicen en un plantel. A varios les preocupa el déficit que puedan quedar en sus presupuestos el 2016, según los aranceles de referencia que fije el gobierno, aún por definir; que se vulnere la autonomía universitaria; y rechazan que se controle el número de matrículas y crecimiento de programas, entre otras.

Ese mismo día —sin siquiera leer las respuestas de los rectores— se subió a la página del ministerio el documento con nuevos criterios, el que luego resultaría ser “un borrador”. Allí se separaba en dos al CRUCh, uniendo a las privadas tradicionales (el G-9) con el resto de las privadas. Y se señalaba que todas las estatales tendrían gratuidad, así como las privadas que tuvieran tres años de acreditación pero fueran certificadas en investigación, y que podían vincularse a sociedades que lucraran siempre y cuando éstas no controlaran más del 10% del directorio. Lo que rápidamente se interpretó como un traje a la medida para no excluir a la Universidad Austral y la Católica de Temuco, las dos del G-9 que no cumplían los requisitos.

El nuevo cambio hizo estallar la bomba. Incluso los dirigentes estudiantiles criticaban los numerosos giros para establecer la gratuidad 2016, sin definir aún lo que será el proyecto de ley para la verdadera gratuidad el 2017. Los mayores impulsores se la reforma  se han estado desmarcando: Fernando Atria cuestiona la falta de  un diseño a largo plazo, Claudia Sanhueza insiste en que los recursos no alcanzan y que es necesario un impuesto a los egresados; Mario Waissbluth, de Educación 2020, ONG —de donde proviene la ministra Delpiano y la subsecretario Valentina Quiroga— acusa “populismo”, que “el sistema de educación superior lleva tres meses sumido en la incertidumbre” y que se debe priorizar los CFT e IP.

“Yo, la verdad, todavía no tengo claro cómo pretenden determinar los aranceles o cómo se va a impedir que el Estado financie carreras sin perspectiva… Legislar todo eso en una glosa es difícil”, señala el senador PS Carlos Montes.

El lunes pasado, al seminario de Fundación Chile para analizar la propuesta de educación superior, no llegó la ministra, “por problemas de agenda”, y el zigzagueo del gobierno era el comentario obligado entre los veinte rectores asistentes. “Acá hay un error de diseño estratégico que nos puede jugar en contra de todo el proceso de reforma. Lo más grave es que no han dado plazos para poder deliberar. Ha quedado de manifiesto que no hay claridad de dónde se quiere llegar”, exponía el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, quien como presidente de los establecimientos estatales Cuech, se suponía más cercano al gobierno.

Pero uno de los más duros fue el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Hace dos semanas se reunió en privado con la ministra y un grupo de universidades del G-9 y le advirtió que de seguir las incertidumbres, su universidad podría retirarse del sistema de gratuidad para el 2016. Una advertencia que ya ha hecho pública y que temen al interior del gobierno porque podría quitar legitimidad a todo el proceso. Según comentan en el plantel, la semana pasada Sánchez volvió a plantearle a la ministra su inquietud por el requerimiento de triestamentalidad, ante lo cual Delpiano le señaló que cambiaron las condiciones y que  ahora los estudiantes debían tener “voz”, pero no necesariamente “voto”.

QUIÉN MANDA EN EL MINEDUC

Intentando calmar las aguas, el lunes en la noche el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, envió un mail a todos los rectores informando que los criterios de gratuidad serán los informados a inicios de agosto y no los del documento posterior. Los rectores observaron que la carta parecía redactada a la rápida con problemas ortográficos de acentuación y puntuación.

La autoridad está bajo la lupa. En el ministerio varios responsabilizan a Martínez de la filtración del borrador, aunque otros funcionarios apuntan al círculo de la ministra. En cualquier caso, el ingeniero y ex vicerrector de la universidad de Chile, si bien se destaca por sus credenciales académicas, es cuestionado por su falta de manejo político para enfrentar la presión de los rectores. En las universidades, en tanto, cuestionan que él no tiene la última palabra ni control sobre la reforma y que suele responder las consultas con un “hasta hoy esto es así”, lo que mantiene la incertidumbre.

El lunes en el ministerio se despedía efusivamente a su brazo derecho, Álvaro Cabrera, quien tenía el cargo de jefe de la Reforma de la Educación Superior. El profesional partió a estudiar a Nueva York. El puesto lo ocupará Fernanda Kri, cercana al rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, muy comprometida con la reforma, pero una técnica sin mayor experiencia política. También señalan como influyente en el área a la asesora Roxana Pey. Mientras Martínez es más pragmático y se abre a debatir asuntos como que el financiamiento sea a través de sistemas de voucher, a ella se le señala como del ala más dura. Delpiano mantuvo a la mayor parte de los asesores de Eyzaguirre, principalmente de Revolución Democrática y ex dirigentes estudiantiles, y apenas llevó un par de personas de su confianza —como Viviana González, de Educación 2020 a Comunicaciones, y el DC Gustavo Paulsen como nexo con el Congreso— por lo que no ha podido empoderarse plenamente. “El Mineduc es un ministerio que no se ordena, todos escriben minutas que comparten con todos, no son rigurosos”, resume un asesor de la cartera.

Y hay otro problema mayor en camino. En el Congreso los parlamentarios de la Nueva Mayoría observan con preocupación cómo se dará el próximo debate presupuestario. En el Senado, el PS Carlos Montes ya advirtió que la glosa que fije la gratuidad para el 2016 debe ser redactada por Hacienda con extremo cuidado para no cometer errores. La tarde del martes tuvo una reunión reservada con la ministra Delpiano, con quien lo une una antigua amistad de los tiempos del MAPU. “Yo, la verdad, todavía no tengo claro cómo pretenden determinar los aranceles o cómo se va a impedir que el Estado financie carreras sin perspectiva… Legislar todo eso en una glosa es difícil, se requiere una legislación mucho más profunda que tiene que ver con la arquitectura del sistema. Probablemente ahora se va a necesitar un artículo transitorio de la Ley de Presupuestos que fije un reglamento asociado. Esto no va a ser fácil”, señala.

El problema, sostienen en el mundo político y académico, es que las glosas se discuten superficialmente y contrarreloj —el presupuesto se presenta a fines de septiembre y debe ser despachado en noviembre—; debe competir contra todas las otras partidas presupuestarias; si se rechaza la glosa, la gratuidad quedará desfinanciada; es muy difícil de modificar posteriormente y va a establecer parámetros que amarren a las universidades que adscriban, pese a que aún no se presenta ni discute el proyecto definitivo de reforma.