Desde que el SII lo denunció por fraude al FUT, en julio del año pasado, Hugo Bravo –hasta ese entonces gerente de Inversiones Penta III– se encerró en el departamento que compró un mes antes en San Damián, un inmueble de 500 m2, por el que pagó $ 1.200 millones al contado. Ha sido el único lugar donde puede pasar el complicado estado en el que se encuentra: cuando se hizo público el caso, los primeros reportes psiquiátricos hablaban de un hombre que en cualquier momento podía quitarse la vida.

Poco antes de que se conociera esa acción judicial, hace justo un año, Bravo (69) le confesó a su mujer, Paulina Restovic (56) -con quien está casado desde hace 28 años-, y a sus dos hijos, Francisca y Benjamín, que era probable que la prensa lo relacionara con esos hechos, provocando un profundo quiebre familiar, que se intensificó cuando al poco tiempo estalló el caso Penta, vinculado a delitos tributarios y financiamiento ilegal de la política. El ambiente se tensionó. Sin embargo, la familia se mantuvo unida, incluso mientras Bravo, en marzo pasado, estuvo una semana en la cárcel.

A sus más cercanos, el ex gerente les ha comentado que se siente con el “síndrome del condenado a muerte” y les ha confesado que “le da miedo el qué dirán, lo que piensan de él los amigos de sus hijos y el temor de que ellos tengan la imagen de un padre estafador”. Por eso, el lujoso departamento de dos pisos, con jardín y piscina, donde cumple con la medida de arresto domiciliario, ha sido tan importante. Sobre todo, para abstraerse de la exposición pública que ha tenido el caso, cuyo principal protagonista ha sido él mismo: contó cómo operaba uno de los más reconocidos  grupos económicos del país –el grupo Penta– y abrió la hebra que terminó con el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, fuera de la cartera, poniendo en jaque el modus operandis, con que se financia la política en el país.

Pero su refugio se ha transformado en su peor pesadilla. Ahora, Hugo Bravo además de enfrentar un proceso judicial por delitos tributarios, cohecho o sobornos, y lavado de activos, afronta una batalla legal puertas adentro, que amenaza incluso con quitarle su departamento.

DEMANDA DE ALIMENTOS

El 14 de marzo se sustituyó la prisión preventiva de Hugo Bravo por arresto domiciliario y arraigo nacional. Cuando regresó a su hogar, se entretenía viendo series de acción, analizando los movimientos de las acciones en el mercado extranjero y revisando las noticias. Incluso antes dibujaba caricaturas. Hasta que los problemas motores le impidieron continuar con ese hobby.

Pero de pronto esa calmada rutina fue quebrantada. Su mujer dejó el departamento el 7 de abril pasado y se instaló en un apart hotel esperando concretar una separación civilizada. Al día siguiente, Hugo Bravo le canceló su tarjeta de crédito y presionó para que su mujer volviera a su lado. Sobre todo, considerando que durante toda su vida, Bravo le brindó un pasar privilegiado, que incluyó viajes para ella y su familia, acceso libre a sus tarjetas de crédito, autos de lujo, además de tres empleadas y un chofer.

Ella regresó el 28 de mayo. Pero una semana después, Restovic volvió a la carga: el 5 de abril presentó una denuncia por maltrato habitual en el Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia. Lo acusa de violencia económica, de agresiones verbales –“que la va a dejar sin nada, que no no va a ver más a sus hijos, que si no fuera por él no sería nadie en la vida”, y de que la agrede con “descalificaciones y humillaciones todos los días, el último año más aún, acrecentándose el último mes, ya que se encuentra en tratamiento psiquiátrico”, reza la denuncia, que pide expresamente que Bravo sea obligado a dejar su hogar.

Ese mismo día, el Centro verificó “la situación de riesgo” y, paralelamente, remitió los antecedentes a la Fiscalía de Las Condes, no sin antes dictar algunas medidas: que Carabineros deberá incautar las armas que posee Hugo Bravo, y tendrá que realizar rondas diarias, a lo menos tres, en su departamento para verificar el estado emocional de la denunciante. Junto con ello, le entregó a Restovic el número de teléfono del Plan Cuadrante para prevenir actos de violencia intrafamiliar. Así, de paso, ese mismo día, Restovic accedió a un certificado de mediación frustrada, que le permite seguir su cruzada judicial sin ningún inconveniente.

De nada de esto se enteró Hugo Bravo, quien fue el soporte económico de la familia desde que se casaron en 1986. Si bien, ella era dueña de casa, Bravo le pagó desde 1998, a través de una de sus sociedades, un sueldo mensual de $ 2.100.000 sólo para sus gastos personales, retiros por los cuales nunca pagó impuestos. Tuvo que retribuirlos en agosto pasado, y fue parte de los mil millones que Bravo pagó por delitos tributarios, aun cuando la declaración de impuestos a la renta de Restovic, de este año, sigue con reparos.

Tampoco supo que su mujer, el 9 de junio, lo demandó por alimentos: exigió una pensión de $ 24.350.00 mensuales, además de la totalidad de los gastos de salud y educación de su hijo Benjamín –de quien tiene un poder– conjuntamente con el derecho de uso sobre el departamento de San Damián.

En una serie de documentos entregados por los abogados de Hugo Bravo a la Fiscalía, se detalla que la demanda por pensión de alimentos de ella y su hijo suma finalmente $ 40 millones mensuales, lo que “claramente muestra el verdadero fin de las acciones judiciales de la querellante”, quien provisoriamente recibe una pensión de $ 2.250.000  mensuales. Un monto que el tribunal considera “que le permite mantenerse adecuadamente en caso que decida hacer abandono del hogar que comparte con el imputado”, detalló la sentencia del magistrado, en la audiencia que se efectuó para revisar cautelares el 8 de junio.

El tribunal, ese día, declinó la opción de retirar a Bravo de su departamento, al considerar que “el imputado es una persona que también podría considerarse tan vulnerable como la víctima, por cuanto él tiene ciertas patologías crónicas y estados depresivos, y que también requiere del amparo por parte de su grupo familiar”. La defensa de Restovic apeló a la medida, pero el día que la Corte de Apelaciones revisó el tema, sus abogados no concurrieron. El proceso aún no tiene un veredicto definitivo.

AMENAZA DE MUERTE

Un informe de la Clínica Las Condes del 25 de junio –que está anexado en la carpeta del caso Penta– puntualiza que Bravo fue diagnosticado de inestabilidad en la marcha, con riesgos de caída, severas dificultades para trasladarse y sostenerse de pie. Otro, del 22 de julio, otorgado por la misma institución, detalla que Bravo es portador de diabetes mellitus, por lo que debe inyectarse insulina dos veces al día. Desde ese mes, además, se le exigió un plan de rehabilitación, que incluye ejercicios de kinesiología en su domicilio. El informe técnico del químico farmacéutico J. Fernando Torres Moscosso, de julio de 2015, da cuenta que Bravo toma alrededor de 15 medicamentos diarios: antidepresivos, calmantes e inductor del sueño, entre otros. Todo ello le ha permitido salir del arresto domiciliario para distintos chequeos médicos, en al menos 10 ocasiones. La última vez fue el martes pasado para realizarse una cirugía en la boca.

En medio de todo esto, Hugo Bravo recién se enteró, el 10 de junio, del frente interno que debía afrontar. Esa noche, su mujer le contó que al día siguiente, a propósito de la investigación del caso Penta, “contaría toda la verdad”, pues sabía que él le había falsificado su firma en un forward del año 2010 –que maneja el fiscal Pablo Norambuena frente a quien Restovic guardó silencio– y en otros documentos había cometido el mismo delito.

Ambos se enfrascaron en una acalorada discusión que terminó a altas horas de la madrugada. Al otro día, la mujer presentó una denuncia en la Fiscalía de Las Condes: en esta, el 11 de junio, da cuenta de las declaraciones que según ella, su marido emitió una noche antes: “Si declaras en mi contra, serás el próximo femicidio”. Luego declaró haberlo escuchado hablando con su abogado con frases tales como: “¿Cómo la paramos? Me voy a tomar un par de pastillas, si no voy a cometer femicidio”. “Yo temo por mi vida”, denunció la mujer esa tarde, pese a que al contestar la Pauta VIF –un cuestionario entregado por la propia Fiscalía para tener más antecedentes sobre su denuncia– respondió que Bravo nunca la había amenazado de muerte.

En todo caso, fue el propio Bravo, el 26 de mayo pasado, quien declaró en el Ministerio Público que “en cuanto al forward donde aparece mi cónyuge, ella no tuvo conocimiento ni beneficio de la operación. Los dineros los recibí yo y fue una decisión mía”.

Ese mismo 11, Bravo dimensionó la magnitud del conflicto: a las 16.45 de la tarde, Carabineros ingresó a su departamento preguntando por el paradero de sus armas. Si bien Bravo reconoció ser el propietario de ellas y un gran aficionado, detalló que desde hace un año las maneja su mujer fuera del domicilio. De hecho, fue Paulina Restovic quien sindicó el lugar donde se encontraban las armas: la bodega. Ese día, Carabineros incautó tres pistolas y un revólver inscritas al nombre de Bravo, y una, registrada bajo el nombre de su hermana, quien murió hace algunos años. Todas se encontraban sin municiones.

LA QUERELLA

“Siempre pensé que estaba casada con un hombre honesto y cuyo éxito profesional y económico se debía a su alta capacidad profesional y arduo trabajo, lo cual finalmente resultó ser una absoluta falsedad. Cuando lo enfrenté por esta situación se justificó indicándome que yo no entendía de negocios, y que todos operaban igual (…) Su agresividad se ha agudizado y la convivencia se ha hecho absolutamente insostenible”.

Este testimonio es parte de la querella de 38 páginas, que, el 2 de julio, presentó Paulina Restovic en contra de su marido, Hugo Bravo, por maltrato habitual y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, que fue declarada admisible el 3 de julio pasado.

En ella, la mujer hace un recorrido de su vida, cuenta cómo el ambiente familiar se ha deteriorado en el último tiempo, detallando cada una de las amenazas que ha recibido por parte de su marido. Incluso afirma que él la amenazó con matar a su perro, con el cual Restovic tiene un gran apego.

Acusa extorsiones y maltrato económico, porque los bienes familiares están sólo en manos de Hugo Bravo, si bien reconoce tener algunos ahorros. En la querella, Restovic repasa los ingresos actuales de Bravo. Primero, afirma que una de sus sociedades, Perkita, dispone de $ 23 mil millones (unos US$ 35 millones) que fueron depositados en un banco (lo más conservador en inversiones es de un 4%); por lo que según el escrito, Bravo ganaría unos $ 76 millones mensuales; una pensión de jubilación de $ 2.500.000, y la renta de arrendamiento de su casa en Camino Real, en La Dehesa, por $ 3.000.000 mensuales (además tiene su departamento de San Damián y una casa de veraneo en Cantagua).

Considerando todo esto, dice Restovic, Bravo recibiría un total de $ 82 millones mensuales. Puntualiza que su marido ganó durante más de 20 años $ 36 millones mensuales, además de los bonos que nunca declaró. Y reconoce que llevaron una vida acomodada y que su marido siempre compró autos costosos.

Ella, entonces, dice que necesita $ 24 millones mensusales, concepto que incluye dineros para vestuario por $ 3 millones; misma cifra para supermercado y verduras; y un monto similar para pagar servicios domésticos, entre algunos ítems.

Las cartas están jugadas. Hugo Bravo se pasa el día intentando caminar en el primer piso de su departamento, mientras su mujer se estableció en el segundo nivel, para evitar enfrentamientos. Bravo sigue recibiendo la visita de un par de amigos, y regularmente la de su sobrino, hijo de su hermana fallecida. El resto del tiempo se encarga de preparar su artillería judicial para enfrentar los tres flancos pendientes, todos contingencias en el área penal, no existiendo ninguna que amenace su patrimonio.

El próximo 10 de agosto, Bravo y su mujer se encontrarán nuevamente en los Tribunales de Familia. El ex ejecutivo de Penta deberá probar su real patrimonio para así definir la pensión alimenticia definitiva. También está a la espera de una eventual nueva audiencia para definir si deberá dejar o no su departamento en San Damián. Que la Fiscalía de Las Condes decida si lo formalizará por violencia intrafamiliar (amenazas y maltrato), para lo cual ya está previsto que declare Restovic en los próximos días; y la sentencia final por el caso Penta que debería estar resuelta este 2015, el año del quiebre familiar.